Como no ocurría en décadas, la “guerra” de Calderón Hinojosa contra las drogas terminó por someter la soberanía nacional a los dictados de Washington. Generales brigadieres reconocen que, con el fortalecimiento de la ASPAN, la Iniciativa Mérida y la adhesión militar al Comando Norte, las Fuerzas Armadas mexicanas se han subordinado completamente a los intereses de Estados Unidos
Nancy Flores / Quinta parte
Con el pretexto de combatir el narcotráfico en México, el gobierno de Barack Obama impone su agenda de seguridad a la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. A cambio, este último ha recibido, en tres años, 1 mil 300 millones de dólares como “ayuda” antinarcóticos.
A pesar de los nulos resultados de la “guerra” contra las drogas –que ha costado la vida a más de 23 mil civiles y sólo ha enjuiciado a 1 mil 306 miembros de la mafia mexicana (Contralínea 184)–, la intervención estadunidense está en marcha.
Y es que, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) –firmada en el sexenio de Vicente Fox Quesada y ratificada por Calderón Hinojosa– se promueve no sólo la adhesión de las Fuerzas Armadas mexicanas al Comando Norte, sino también las “operaciones conjuntas” en territorio nacional, amparadas en la Iniciativa Mérida.
—Calderón está de acuerdo con la intromisión [de Estados Unidos] en los asuntos internos del país, con la participación de la potencia del norte en operativos conjuntos y acciones antidrogas en territorio mexicano. El tráfico de drogas dentro de su país los tiene sin cuidado [a los estadunidenses], únicamente les preocupa que su mercado pueda quedar desabastecido –señala el general brigadier en retiro, Samuel Lara Villa.
Entre las formas de intrusión que ya se aplican en el país, destaca la oficina bilateral de la Iniciativa Mérida, que reunirá a 75 funcionarios: 45 estadunidenses y 30 mexicanos. A decir de la embajada de Estados Unidos, se trata de un “espacio de trabajo compartido que será utilizado únicamente para la implementación de proyectos de capacitación y equipo de la Iniciativa, y de ningún modo tendrá un enfoque de realización de operativos”. No obstante, su sede se localiza físicamente en México, no en el país vecino.
Intrusión abierta y velada
El general brigadier y doctor en administración pública, Francisco Gallardo, opina que “hay una política de entrega de la soberanía que se radicaliza más con la llegada de la derecha en 2000”.
—México no es un Estado fallido. Ése es un pretexto para justificar la intromisión de las fuerzas de seguridad [estadunidenses]. Dijeron que, como México no podía con el asunto de la lucha contra las drogas y como es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, ellos se pueden meter aquí. Así lo han dicho abiertamente. Tenemos un gobierno fallido, no un Estado fallido. El gobierno es lo que está fallando: están colapsados los sistemas de justicia, seguridad, salud. Lo que no está colapsado es el pueblo, aunque lo quieren someter a través del miedo.
A mediados de marzo pasado ocurrió la primera intervención de Estados Unidos en México, sin la participación de las fuerzas del orden nacionales. Entonces, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se trasladaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, para investigar los asesinatos de Lesley Enriquez –funcionaria del Consulado de Estados Unidos en esa entidad–, su esposo y el marido de otra empleada de esa misma delegación, ocurridos en un par ataques simultáneos y atribuidos al narcotráfico.
Otras operaciones, sin embargo, son veladas. Tal sería el caso de la Operation Black Flag, a cargo de la Drug Enforcement Administration (DEA), que tiene por objetivo debilitar a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que estaría proveyendo de información a la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Arturo Chávez Chávez.
“El principal objetivo del programa es realizar un seguimiento e informar, con recursos de inteligencia, la capacidad y la probabilidad de que esos cárteles de la droga mexicana ejecuten actos violentos en Estados Unidos”, señala la DEA en su presupuesto para 2010.
Agrega que los trabajos de inteligencia se hacen en Estados Unidos y en México y que incluyen el uso de fuentes confidenciales, el seguimiento a trabajos periodísticos y la “intercepción de telecomunicaciones”.
“La operación Bandera Negra cubrirá los cambios en las estructuras de comando y transporte de los cárteles en ambos lados de la frontera con México. Al rastrear los cambios en sus estructuras de liderazgo, la DEA desarrollará un conocimiento único dentro de las actividades y motivaciones detrás de los cárteles del Golfo y Sinaloa en su lucha por el control de la frontera”, indica el presupuesto.
Sometimiento total
El 23 de marzo de 2005, los entonces presidentes Vicente Fox, George W Bush y Paul Martin –primer ministro de Canadá– signaron la ASPAN, en Waco, Texas. De acuerdo con la información oficial difundida por el gobierno mexicano, la Alianza es un proceso trilateral permanente hacia una mayor integración de América del Norte.
El general Lara Villa opina que se trata de“otro de los engendros de Fox, con la paternidad de Bush y el consentimiento actual de Calderón. Éste –critica– fue concebido en lo oscurito para que escapara del alcance del Congreso de la Unión. Evitaron muy cuidadosamente tratar asuntos del país subdesarrollado, como la migración, pero dejaron claro los del poderoso: el terrorismo, la mercantilización, la expansión del imperialismo asegurando su dominio continental, el involucramiento de las Fuerzas Armadas mexicanas en las tareas que interesan al país del norte, así como la privatización de los energéticos”.
Entre los objetivos principales de la ASPAN, está la integración de las Fuerzas Armadas de México y de Canadá –de este último país ya abiertamente anexadas– con el Comando Norte.
—La política intervencionista de Estados Unidos en México, pero también en Latinoamérica y en todo el mundo, se debe a que existe, atrás de esta supuesta lucha contra la droga o contra el terrorismo, una lucha en la búsqueda por la hegemonía a nivel internacional entre bloques: el bloque asiático, europeo y americano –señala el general Gallardo.
El también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México refiere que, en esa lucha, Estados Unidos necesita recursos energéticos para mantener su industria bélica.
Por eso, dice, “existe una militarización a nivel internacional que, en el caso concreto de América Latina y México, aterriza primero con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y luego con la ASPAN, que se hizo a espaldas de la sociedad y sin la intervención del Congreso”.
Para Gallardo, el tema de seguridad que plantea la Alianza aterriza con la Iniciativa Mérida. En ésta, asegura, “viene perfectamente articulada la militarización de los aparatos de seguridad pública y de justicia del Estado”.
Agrega que lo que busca el Pentágono es que exista un solo ejército a nivel hemisférico: el de Estados Unidos. Así, todos los ejércitos de América Latina se convierten en policías o en fuerzas militares de ocupación que coadyuvarán en la extracción de recursos o en el sometimiento de los movimientos sociales, “como lo que estamos viendo actualmente en México, donde hay una detención de líderes sociales para desarticular esos movimientos”.
Militarización, el fin
El sometimiento de México a Estados Unidos no sólo abarca al aparato de seguridad pública. También toca al sistema judicial. De diciembre de 2006 a mayo de 2010, el gobierno del panista Calderón Hinojosa ha concedido 320 extradiciones, principalmente de presuntos narcotraficantes.
Las más recientes: Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el 19 de febrero; Óscar Arriola, el 4 de marzo; Juan José Quintero Payán, el 27 de abril; y Mario Villanueva Madrid, el 9 de mayo.
—Atrás de todo esto, paralelamente a los proyectos de carácter económico se militarizan las estructuras de seguridad y de justicia, precisamente para que a través del miedo se someta a la sociedad –señala el general Gallardo.
Critica que, a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas se habían mostrado nacionalistas y rechazaban la intervención de Estados Unidos y cualquier intervención en el orden interno, pero que, a partir de la aplicación de las políticas neoliberales, en 1982 con Miguel de la Madrid, comienza una insistente intervención de Estados Unidos.
Actualmente, indica, el vínculo se ha logrado a través del Comando Sur, que establece escuelas de capacitación “para someter a los ejércitos latinoamericanos a los mandos del Pentágono”. Como consecuencia, afirma, hay una alta presencia en México de militares estadunideneses y de agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la DEA, el FBI.
—Qué está haciendo el Ejército Mexicano. Para qué queremos el Ejército, si históricamente se había dedicado a defender la soberanía nacional. Este momento que se vive en México es muy delicado porque atrás de todo esto está la entrega de la soberanía nacional. Tan es así, que vemos el anuncio de Obama de que van a explotar el (petróleo del) Golfo de México. A través de la doctrina del shock, se quiere someter a la sociedad para que no haya protestas. Y que entonces el coloso del norte pueda entrar a México y disponer de los recursos naturales, del territorio, de la cultura, de la fuerza del trabajo.
Para la elaboración de este trabajo y de la serie de reportajes sobre los resultados de la “guerra” contra el narcotráfico, Contralínea solicitó conocer la postura de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la PGR. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Ejército pierde visión nacionalista
El general Samuel Lara Villa –presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC– explica que la desarticulación del sector castrense inició en el sexenio de Miguel Alemán. Desde entonces, asegura, se escogen a los militares “más dóciles y sin convicciones revolucionarias”.
Sexenio tras sexenio, señala, los generales secretarios se preocupaban por cumplir de manera lacayuna los mínimos caprichos de quien los había puesto en el poder, sin importarles que violaran la Constitución de 1917. “Para eso inventaron la ‘lealtad a las instituciones’; seguramente, ignoraban que las instituciones las estableció la Carta Magna”.
Agrega que el último general revolucionario que encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue Francisco J Múgica, quien evitó la reelección de Miguel Alemán. La Ley Orgánica del Ejército y la Armada en ese entonces todavía conservaba la misión de “mantener el imperio de la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Para el general en retiro, Vicente Fox “se aseguró de nombrar a un católico en el alto mando del Ejército y se cuidó de gratificarlo convenientemente en unión de los mandos supremos. Metió la religión católica a los cuarteles, pero todavía se topó con rasgos de dignidad por parte de militares que no le permitieron hacer uso de las Fuerzas Armadas indiscriminadamente”.
Al término de su gestión, asegura Lara Villa, el general Clemente Vega García seleccionó a su relevo.
“Preparado el fraude, había que asegurar la instalación del espurio. El general Clemente Vega García se hace a un lado y asume el alto mando de la Sedena el escogido: general Guillermo Galván Galván, quien se encargaría de asegurar la toma de posesión de Felipe Calderón”.
Para ello, señala, inventó la ceremonia en el Campo Marte de Paseo de la Reforma, con la participación del alto mando de la Armada. Entonces, recuerda, “Fox depositó la banda presidencial en manos de un cadete del Colegio Militar que la mantuvo en custodia y la llevó al Palacio Legislativo el 1 de diciembre de 2006, con el fin de que Fox le entregara, en medio de un fuerte dispositivo, la banda a Calderón, y éste saliera inmediatamente del recinto camaral”.
