En lo que va del gobierno de Calderón, al menos 63 defensores y luchadores sociales han sido asesinados. Seis de ellos, entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad. Ante la violencia, el sistema interamericano ha dictado 158 medidas cautelares para más de 200 defensores, 107 de ellos radicados en Guerrero. En México, “hay autoridades de nivel superior que niegan que estos temas sean importantes”, ha señalado el representante del Alto Comisionado de la ONU
Sesenta y tres defensores de derechos humanos y luchadores sociales han sido asesinados en México en el contexto de la supuesta “guerra” contra las drogas. Seis de estos homicidios ocurrieron entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011; de estos últimos, dos fueron repudiados hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El más reciente ha involucrado a un activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –que encabeza el poeta Javier Sicilia–: Nepomuceno Moreno Núñez, de 56 años de edad, quien exigía justicia por la desaparición forzada de su hijo, ocurrida el 1 de junio de 2010 a manos de policías estatales de Sonora.
Lejos de acceder a la justicia, Nepomuceno fue asesinado a tiros el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora. Mes y medio antes –el 14 de octubre–, el presidente Felipe Calderón se había comprometido públicamente a atender el caso del activista, ante las recientes amenazas que había recibido.
Sin embargo, su nombre se inscribe ahora en la lista de defensores y luchadores ultimados por su labor. En esa misma lista se encuentra Marisela Escobedo Ortiz, quien buscaba justicia para su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo (asesinada en agosto de 2008, cuando tenía 16 años de edad). Marisela recibió un disparo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010, cuando se encontraba apostada en las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua.
La comunidad que lucha contra los feminicidios fue enlutada nuevamente el 11 de enero de 2011. Ese día fue ejecutada la activista y poetiza Susana Chávez. Antes de morir, fue violada sexualmente a unas cuadras de su domicilio, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El tercer defensor victimado en ese periodo fue Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. El 18 de abril de 2011 fue asesinado por hombres armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de Petatlán, Guerrero, “presuntamente en relación con sus actividades de defensa del derecho al medio ambiente sano en la sierra de Petatlán”, apuntó la CIDH en su comunicado que condenó el crimen.
Además recordó que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. No obstante, el clima de impunidad ha potenciado la comisión de estos crímenes. Así ha sucedido con Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, dedicada a la defensa de los derechos de las minorías sexuales en Guerrero. Leija Herrera fue brutalmente asesinado en el centro de la ciudad de Chilpancingo, la madrugada del 4 de mayo de 2011. La CIDH también repudió este crimen.
El quinto activista caído en fechas recientes fue el estudiante Carlos Sinohe Cuevas. El 26 de octubre fue asesinado con 16 balazos a las afueras de su casa, ubicada en Topilejo, Distrito Federal. El joven había participado enla huelga estudiantil de 1999, en la organización del Foro por la Desmilitarización Inmediata del país y en el movimiento de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas.
En este clima de violencia, los asesinatos no son la única expresión en contra de los defensores de derechos humanos. También, las amenazas de muerte y las intimidaciones. El 8 de noviembre, los integrantes del Comité Cerezo denunciaron haber recibido una amenaza de muerte, por vía electrónica, en contra de sus integrantes.
Otro caso de repetida violencia es el de Blanca Mesina Nevarez y Silvia Vázquez Camacho, coadyuvantes con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la documentación y seguimiento de las denuncias por tortura –atribuida a integrantes del Ejército– interpuestas por civiles y policías municipales de Tijuana, Baja California, en 2009.
Las defensoras comenzaron a recibir amenazas por su labor. “Me apuntaron con un arma en la cabeza. Si no me mataron en ese momento fue por el proceso electoral y porque nuestro caso estaba en el ámbito internacional”, recuerda Blanca. Era el 18 de mayo de 2010, pasadas las 18:00 horas.
El 5 de noviembre de 2009, Mesina Nevarez –hija de uno de los policías torturados– dio su testimonio ante la CIDH. Ese mismo día, su madre fue intimidada vía telefónica. En todo momento, la defensora sostiene que su padre, al igual que el resto de los policías, es inocente. En marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor. A inicios de 2011, Blanca regresó a Tijuana, pero con la protección de escoltas. Sin embargo, Silvia continúa exiliada por la falta de garantías.
El caso era atendido por la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular en aquel entonces era Francisco Blake Mora. Por medio del oficio DG/DH/018/2010, el secretario de Gobernación fallecido el 11 de noviembre aseguraba a las organizaciones civiles que una de las prioridades del gobierno estatal es la salvaguarda y protección de la vida de los bajacalifornianos.
Defensores asesinados
Ni el compromiso del gobierno estatal ni las medidas cautelares dictadas por el sistema interamericano evitaron que Silvia y Blanca tuvieran que exiliarse para proteger sus vidas y las de sus parientes. Además de estas dos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado otras 156 medidas de protección a más de 200 defensores mexicanos y algunos de sus familiares, entre enero de 2007 y noviembre de 2010.
El 67.7 por ciento de éstas se concentra en Guerrero, entidad ubicada en el Sur. Se trata de 107 medidas provisionales que la Corte solicitó al Estado mexicano, el 21 de abril de 2009, para igual número de defensores de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
“El ambiente de inseguridad, de violencia, se ha volcado en contra del trabajo de los defensores y defensoras. Esto se ve claramente en Ayutla de los Libres (Guerrero). Ahí, precisamente, están las organizaciones que tenemos medidas provisionales, es decir, ya no solamente son las cautelares que otorga la Comisión Interamericana, son las de la Corte para situaciones de alto riesgo, de riesgos graves e inminentes, pues se teme por nuestras vidas”, explica Abel Barrera, director de Tlachinollan.
Señala que “en lugar de arribar a un estadio más civilizado de respeto a las leyes y a los derechos humanos, a mayor documentación, a mayor rigor del trabajo que hacemos para demostrar las grandes violaciones, corremos mayores riesgos. Las y los defensores aparecemos como los actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia y de combate a las drogas: (las autoridades) casi siempre tratan de ligarnos con una agenda oculta, nos deslegitiman, nos descalifican, criminalizan nuestro trabajo”.
El Informe anual 2010 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, indica que “la represión de comunidades indígenas se dio notablemente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se registran los más altos índices de pobreza y se concentra una gran parte de la población indígena del país. Los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas fueron uno de los grupos más afectados por la represión violenta”.
Eso lo demuestran los nombres de los defensores comunitarios Lucas Lucía y Ponce Rosas, que no se inscriben en la lista de quienes cuentan con medidas cautelares o provisionales, sino en la que concentra los datos de quienes han sido asesinados en lo que va del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
“La desaparición forzada y el asesinato de Raúl Lucas Lucía, presidente de la OFPM, y Manuel Ponce Rosas, secretario de la misma organización, marcó el principio de 2009, exponiendo la violencia a la cual se enfrentan los defensores de los derechos indígenas en México”, señala el Observatorio.
En esta administración, el lúgubre registro de defensores y luchadores sociales asesinados asciende al menos a 63, 21 de los cuales son reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACDHONU). Los otros 40 son reivindicados por sus organizaciones o sus causas. A ellos se suman los defensores víctimas de desaparición forzada.
Comandos armados, grupos paramilitares y elementos estatales (particularmente policías y miembros de las Fuerzas Armadas) han sido identificados en los reportes de prensa, en las denuncias y en los informes internacionales como ejecutores de la violencia en contra de los defensores.
En México, los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia, la equidad, los derechos sociales, territoriales, ambientales, comunitarios e indígenas no necesariamente provienen del crimen organizado, reconoce la representación de la Organización de las Naciones Unidas.
“La piedra en el zapato es la sombra de la autoría de estas acciones”, explicó Javier Hernández Valencia, representante en México de la OACDHONU, el 24 de noviembre de 2010. Señaló que servidores públicos “se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos” y que en la actual administración no se ha tenido ningún progreso respecto de los más de 180 casos de agresiones que ha documentado esa representación internacional.
De acuerdo con la Actualización 2010: informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, que elaboró la Oficina del Alto Comisionado, en el 51 por ciento de los casos no se puede identificar a los agresores; el 22 por ciento se trata de actores no estatales; el 14 por ciento, de operadores de justicia; el 8 por ciento, de autoridades municipales; el 5 por ciento, de autoridades militares.
“Independientemente de quién sea el perpetrador de la agresión, estos casos no son investigados. Además, persiste la criminalización de la protesta social y de las y los defensores”, dice Agnieszka Raczynska, secretaria general de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos.
Responsabilidad del Estado
Para Hernández Valencia, es fundamental entender que “lo que viven los defensores y los casos que presentamos de agresiones no pueden meterse en el mismo paquete y en la bolsa oscura de una lucha contra el crimen organizado. No es el crimen organizado el que arresta a Raúl (Hernández Abundio). No es el crimen organizado el que viola a Valentina (Rosendo Cantú) y a Inés (Fernández Ortega)”.
Los tres casos referidos por el representante de la Oficina del Alto Comisionado implican como autor al Estado mexicano. En el primer caso, al sistema de justicia, y en el segundo, al Ejército.
En entrevista con Contralínea al término de la presentación de la Actualización, Hernández Valencia dijo que “nadie viene con una varita mágica, pero las cosas que se han puesto sobre la mesa son muy claras. Hay autoridades de nivel superior que niegan que estos temas sean importantes. Inclusive no tienen una comprensión de los propios hechos como verdaderos”.
Agregó que “esa brecha de duda y de poca importancia, de no merecer atención, hay que sacarla rápido. Porque parece que por ser los periodistas quienes usan los medios y porque sí tienen una capacidad de tener el tema en primera plana y con más o menos cierta continuidad, entonces se crean defensores de primera y segunda categoría”.
Hernández Abundio, acoso gubernamental
“El gobierno mata, desaparece y mete a la cárcel a los defensores de los derechos humanos. Eso es injusto”, dijo Raúl Hernández Abundio en su idioma natal me’phaa, durante la presentación de la Actualización. “Hay amenazas, y aunque se denuncien, como en el caso de Obtilia (Eugenio Manuel, indígena me’phaa, defensora y dirigente de la OPIM), no hay respuesta”.
De acuerdo con Tlachinollan, el de Hernández Abundio –integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa– es “un caso paradigmático de la inconsistencia de la mayoría de estos procesos judiciales” abiertos para criminalizar la protesta social. El defensor permaneció recluido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, del 11 de abril de 2008 al 27 de agosto de 2010, acusado de homicidio, delito que no cometió.
“Tras dos años de prisión preventiva y gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e internacional, salió libre con sentencia absolutoria del juez”, indica el Centro de Derechos Humanos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia desde el 11 de noviembre de 2008.
“Fui encarcelado por defender a mi pueblo. El gobierno fabricó el delito. La prisión, sin embargo, me dio más fuerza. Yo tengo el derecho de defender a mi comunidad y lo voy a hacer.”
Para Hernández Abundio, la OPIM “nació por la necesidad de la comunidad de salir adelante. Nosotros necesitamos buena educación, escuela, salud, medicamentos. La Organización busca apoyar a la comunidad en eso, y va con el presidente municipal para que apoye con proyectos productivos y con fertilizantes. Ése es el trabajo de la Organización y es lo que al gobierno no le conviene. Por eso no quiere a la Organización, no quiere a los defensores ni a los que buscan el bien de la comunidad”.
Condenar al Estado mexicano
En su Informe anual 2010, el Observatorio descubre que, en México, los defensores de los derechos indígenas, comunitarios y medioambientales están en riesgo inminente.
El 24 de noviembre de 2010, dos sujetos interceptaron a Margarita Martínez Martínez, defensora de los derechos humanos en Chiapas. La amenazaron de muerte y le exigieron “transmitir” el mismo “mensaje” al equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). También le entregaron una nota hecha con recortes de periódico dirigida a “Diego” (Diego Cadenas, director del Centro): “…en tus manos está la vida de esta familia; enfrentarás cargos; defensores de la verga”.
Jorge Luis Hernández Castro, al frente del Área de Incidencias de ese Centro, explica que, “días antes de la agresión, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas ejerció la acción penal en contra de funcionarios que habían participado en el allanamiento de la casa de Margarita”.
En ese proceso, detalla, están involucrados policías estatales y municipales, y el Frayba lleva la parte jurídica. “Una de las posibles causas de este ataque a Margarita y el mensaje que envían al Frayba puede ser atribuido desde ahí, donde los involucrados son servidores públicos”.
Pero, agrega, “no descartamos que sea por el trabajo que tenemos con varias comunidades: uno de estos perpetradores le dice claramente a Margarita que sabe que el Frayba está acompañando a Mitzitón, una comunidad que defiende su derecho al territorio para que una autopista no pase por sus tierras ejidales y comunitarias. O por casos como el que tenemos en la zona de Agua Azul, que también son por la defensa al territorio”.
Jorge Luis refiere que la situación de agresiones en contra del trabajo de defensoría es preocupante, pues el mismo Estado se deslinda de su responsabilidad al declarar que los ataques provienen de la delincuencia organizada.
Indica que en el país no se tienen mecanismos eficaces ni eficientes para proteger a las y los defensores. “Esto se demostró ahora con el ataque a Margarita, porque ella tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, y en este caso el Estado mexicano tiene una responsabilidad en cuanto a su seguridad”.
Respecto de las implicaciones que traerán las amenazas al equipo del Frayba, afirma: “Nuestro compromiso es muy claro en cuanto a la defensa y promoción de los derechos humanos y de acompañar a las comunidades. Nuestro trabajo sigue siendo firme. Sin embargo, hemos solicitado medidas provisionales a la Corte Interamericana, ya que las medidas cautelares son ineficientes. Hemos alertado a la Corte de este riesgo inminente y la misma Oficina del Alto Comisionado se pronunció de manera inmediata”.
No obstante, las evidencias recabadas por la OACDHONU, respecto de las implicaciones que tiene el Estado mexicano como autor de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y como principal responsable de la impunidad que se padece en el país, son insuficientes para que la Organización de las Naciones Unidas intervenga. Esto sólo lo podrá hacer cuando sus Estados miembros se pronuncien, aseguran funcionarios de esa institución.
“La única manera para que la ONU condene al Estado mexicano por la situación que viven sus defensores de derechos humanos y sus periodistas sería que alguno de los miembros lo acuse por su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.”
Víctimas recientes (diciembre de 2010-noviembre de 2011)
· Marisela Escobedo Ortiz buscaba justicia para su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo (asesinada en agosto de 2008, cuando tenía 16 años de edad). Recibió un disparo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010, durante su plantón en protesta por la liberación del asesino confeso de su hija
· Susana Chávez, defensora de los derechos de la mujer. Violada sexualmente y ejecutada el 11 de enero de 2011, en Ciudad Juárez, Chihuahua
· Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. El 18 de abril de 2011 fue asesinado por hombres armados en Petatlán, Guerrero
· Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, dedicada a la defensa de los derechos de las minorías sexuales en Guerrero. Asesinado en Chilpancingo el 4 de mayo de 2011
· Carlos Sinohe Cuevas, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y activista, asesinado a tiros el 26 de octubre de 2011, en Topilejo, Distrito Federal
· Nepomuceno Moreno Núñez, exigía justicia por la desaparición forzada de su hijo, fue asesinado a tiros el pasado 28 de noviembre en Hermosillo, Sonora
