Casi 4 millones de litros de petróleo crudo se fugaron de un oleoducto de Pemex en San Martín Texmelucan, Puebla, la madrugada del 19 de diciembre de 2010. Cuando el río de combustible encontró una flama, se desató un descomunal incendio que cobró la vida de 30 personas. La entonces PGR se comprometió a encontrar a los responsables y entregó un pedazo del ducto al IMP para un minucioso análisis de falla. No se supo más. Tanto sobrevivientes como familiares de las víctimas se resisten a enterrar el pasado y rendirse a otro caso de impunidad

San Martín Texmelucan, Puebla. ¿Un trueno? Ubaldo Cabello no logró identificar el origen del estruendo que lo despertó y se asomó a la puerta. Nada. Caminó 15 metros de regreso a su habitación cuando escuchó otra explosión, esta vez más cerca. Volvió a asomarse y, con horror, vio fuego en la calle, fuego que rápidamente ingresaba a su hogar. Todo pasó muy rápido a partir de ese momento.

Su primera reacción fue alertar a Rosenda Ramírez, su esposa, y a sus dos hijas, Andrea y Rocío. Luego pensó en refugiarse con ellas en el baño, empaparse  para sobrevivir, pero descartó la idea al recordar que tenía instalado cerca un tanque estacionario que tarde o temprano estallaría. Entonces subió con su familia a la azotea y allí vieron la dimensión del incendio: una pared de fuego se alzaba frente a ellos, tan alta que les impedía ver del otro lado de la calle. Escapar por atrás era su única oportunidad de salir vivos.

Con desesperación, Ubaldo forzó la malla de protección que tenían instalada y consiguió abrir un hueco. Levantó a Rosenda como pudo y la aventó del otro lado, después pasó a sus hijas. Para entonces, el ruido del fuego destruyéndolo todo y los gritos de los vecinos pidiendo auxilio eran tan ensordecedores que no alcanzó a escuchar lo que su esposa le decía desde abajo. En ese momento perdió el conocimiento. No recuerda haber saltado, pero despertó abajo, junto a su familia. Según le contaron, una explosión lo hizo salir volando.

Al ver que su esposa e hijas ya estaban a salvo, pensó en ayudar a su suegro y otros familiares que vivían al otro lado de la calle. Pero era imposible, las llamas se alzaban con una altura mayor a 10 metros y el incendio seguía avanzando. Con ayuda de algunos vecinos lograron alejarse del lugar.

Rosenda se había lastimado un tobillo al caer de la azotea y no podía caminar. Un amigo se ofreció a trasladarlos en busca de atención médica y así llegaron al Hospital General de Tlaxcala, a unos 30 minutos de San Martín Texmelucan. Allí, Ubaldo también fue diagnosticado con quemaduras de segundo y tercer grado en la espalda.

Él cree que el instinto de supervivencia le impidió sentir dolor mientras ponía a salvo a su familia. Un analgésico fugaz, sin duda, porque una vez que recuperó la sensibilidad pasó mucho tiempo sin poder recargarse. Tuvo que dormir boca abajo por meses y, aún 10 años después, asegura que la exposición al sol le causa ardor.

En la piel carga con las marcas, tejidos deformes, surcos pronunciados que inician en su cuello y desaparecen bajo el pantalón. Pero el dolor más agudo, el que lo atormenta, vive en su mente desde aquel 19 de diciembre de 2010: el inicio de sucesivas pérdidas en su vida. Después de tanto tiempo, ni siquiera sabe con certeza qué pasó o quiénes son los responsables.

La tragedia

La madrugada de aquel trágico domingo, la calle San Damián, al oriente de San Martín Texmelucan, se inundó. Pero no era agua, como con frecuencia ocurre en aquella zona durante la temporada de lluvias; era petróleo crudo, unos 3.8 millones de litros que se fugaron a toda velocidad del oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que va de Nuevo Teapa a Venta de Carpio. Un verdadero río de combustible que descendió más de un kilómetro mientras todos dormían. En algún momento encontró una flama y el infierno se desató.

Ese mismo día, y a partir de una denuncia presentada por Pemex, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –hoy Fiscalía (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero– anunció que iniciaría una averiguación previa por el delito de robo de hidrocarburo, daño en propiedad ajena y contra el ambiente. Informó que integraría el expediente AP/PGR/PUE/PUE-III/1116/2010 para dar con los responsables, pero nunca hubo noticias de avances o resultados.

Aunque la hipótesis inicial para la causa del derrame se centró en un intento no concretado de toma clandestina, era necesario realizar otro tipo de estudios para determinar las causas exactas por las que se rompió el ducto. El mismo doctor Jorge Luis González Velázquez, perito que elaboró el único análisis que se hizo público, enfatizó que su Reporte Parcial era un estudio incompleto “basado única y exclusivamente en las evidencias físicas que encontramos al momento de hacer la visita al sitio del siniestro”.

En una conferencia de prensa realizada el 20 de diciembre de 2010, Juan José Suárez Coppel, entonces director general de Pemex, señaló: “el peritaje final puede tomar semanas, sino es que meses: es un análisis metalúrgico de microscopio. Se está cortando el ducto, ese tramo del ducto se lo lleva la PGR. Bajo resguardo de la PGR trabajan los expertos, los peritos que de mutuo acuerdo ponemos tanto Pemex como PGR y cuando se tienen los elementos finales es cuando tendremos la comprobación sin lugar a dudas”.

Pasaron los meses, pasaron los años, y lo único que hoy se sabe es que el ducto estuvo en manos del Instituto Mexicano del Petróleo, mismo que nunca hizo público ningún informe sobre los resultados que arrojaron sus estudios de laboratorio. La PGR, a cargo de la investigación general, tampoco reveló nada. El silencio, sinónimo de impunidad, priva del acceso a la justicia a las víctimas sobrevivientes.

Las víctimas

A consecuencia de aquel incendio murieron 30 personas y más de 50 fueron hospitalizadas. Ubaldo Cabello perdió ese mismo día a cinco familiares que vivían en la misma calle: su suegro Rosendo Ramírez, su sobrina Leticia Barranco y los tres hijos de ésta: Abigail, Joshua y Naomi Jiménez Barranco.

Su esposa Rosenda nunca se repuso de la lesión del tobillo y la muerte de sus seres queridos la dejó devastada. Murió tres años después en una clínica privada en Puebla, a consecuencia de una complicación en el bazo. Los médicos le dijeron a Ubaldo que ese tipo de problemas se dan por caídas o golpes muy fuertes. Él recuerda aquella vez, cuando se vio obligado a aventarla desde la azotea para salvarla del fuego.

Las historias trágicas se replican. Al terminar el bachillerato, Josué Jiménez decidió “juntarse” con Leticia Barranco Ramírez y pronto llegaron los hijos. Su primogénita, Abigail, nació en 2001 y fue nombrada en memoria de la hermana menor que Josué acababa de perder. Eran tiempos de mucho dolor, pero la recién nacida fue el consuelo y la esperanza de su familia. Cuatro años después nació Joshua y Naomi en 2009.

Para sostener a su familia, Josué entró a trabajar como policía municipal en San Salvador el Verde, donde vivió con su familia por casi 10 años. En octubre de 2010 decidieron cambiar de aires y rentaron una vivienda en San Martín Texmelucan. La distancia entre ambos pueblos era de apenas 20 minutos en coche, por lo que Josué continuó laborando en el mismo lugar y con el horario habitual, 24 horas de trabajo por 24 de descanso.

La mañana del 19 de diciembre aún no culminaba su turno cuando en la comandancia empezaron a recibir reportes de una gran cantidad de personas que estaban huyendo de San Martín Texmelucan. Desde su posición, Josué alcanzaba a ver una gran humareda en esa dirección y marcó el teléfono de su esposa para saber si estaba bien. Nunca entró la llamada, como si el celular de Leticia estuviera apagado.

Al poco rato recibió una llamada de un cuñado que le dijo que la calle en la que vivían estaba en llamas, que algún combustible se había derramado y, al prenderse, había ocasionado un gran incendio.

Alarmado por esta noticia, pidió permiso al comandante para ir a buscar a su familia, pero no se lo permitió. Sin pensar en las consecuencias, tomó una moto del servicio y junto a otro compañero se dirigió rumbo San Martín Texmelucan. Como la carretera estaba bloqueada, Josué tuvo que buscar rutas alternas para acercarse lo más posible a su casa.

Eran más de las 8 de la mañana y elementos del Ejército Mexicano ya habían rodeado el perímetro impidiendo el paso a cualquier persona. “De allí de donde estaba parado se veía el edificio donde yo rentaba. Estaba totalmente quemado, se veía negro y el humo estaba tremendo. El asfalto estaba levantado, hecho como plastilina. Las coladeras estaban humeando”, recuerda Josué.

Con frialdad le comunicaron que ya no había nadie en las casas, que la mayoría de personas había fallecido y que los sobrevivientes habían sido llevados a distintos centros de salud. Hizo llamadas a los hospitales cercanos y en uno de ellos le dijeron que tenían una familia con los apellidos que buscaba. Al llegar, encontró a sus suegros y otros familiares, pero ellos tampoco sabían nada de su esposa e hijos.

Sin perder la esperanza, siguió buscando de hospital en hospital hasta que le sugirieron ir a la Unidad Deportiva San Damián. Pensó que se trataba de un refugio, un albergue para los que habían perdido su casa, pero en la entrada un militar le aclaró que dentro solo había restos de personas.

Ha pasado una década, pero Josué mantiene vívido el recuerdo del olor putrefacto y el calor que sintió una vez que ingresó al deportivo. Sobre una cancha de básquetbol, puestos en fila, estaban los cadáveres aún humeantes. Empezó a caminar entre ellos y vio que la mayoría estaban irreconocibles, identificados apenas con un cartón en el que se había escrito el número de la casa en que fueron encontrados.

Un soldado interrumpió su búsqueda para llevarlo a otro espacio donde yacían “los únicos [cuerpos] que habían podido rescatar completos”. Allí encontró a sus tres hijos. “Como los había dejado la mañana que salí a trabajar, así dormidos porque no los quise despertar, así los volví a ver”, recuerda Josué y ya no contiene las lágrimas.

El mismo soldado le explicó que fue él quien los había encontrado dentro de un baño, envueltos en una cobija. También le dijo que encontró restos de una mujer cerca de la escalera: “una cosa te puedo decir: tu esposa murió como héroe. Tus niños estaban en el baño, los mojó y los metió. Ella trató de buscar una salida o algo, [pero] le alcanzó el humo, las detonaciones de los tanques y empezó a quemarse la parte de abajo de la casa. Le alcanzó el fuego”, recuerda que le dijo.

En los restos que le entregaron de Leticia, Josué apenas alcanzó a identificar su rostro. “Pude ver su cara de angustia, algunas veces la vi con esa cara y supe que era ella. Pero no tenía nada más [con lo] que la pudiera reconocer”, narra a Contralínea.

El mismo día, el director general de Pemex aseguró en conferencia de prensa que alrededor de las 05:50 horas había sido detectada una caída de presión importante y también “había habido fluctuación de presión alrededor de la una de la mañana”. En días posteriores precisó que la detección de la fuga se dio a las 05:43 horas y que el primer incendio fue reportado a las 06:05 horas.

Estos datos entran en contradicción con las actas de defunción, que registran la hora de fallecimiento antes de la fuga que anunció Pemex. En los documentos que le entregaron a Josué Jiménez, por ejemplo, la muerte de Leticia Barranco y sus tres hijos ocurrieron a las 05:30 de la mañana. En los casos de otras víctimas, las actas precisan que los decesos fueron a las 05:00 horas. A la fecha persiste la polémica.

Josué decidió reprimir sus emociones y “bloquearse” para ayudar a sus padres, quienes también resultaron muy afectados por la muerte de quienes fueron su nuera y sus nietos. Sin embargo, tras enterrar a su familia, no pudo evitar que a él también lo invadiera una profunda depresión, misma que intentó mitigar con alcohol. “Me tiré totalmente a tomar: fue un mes que tomé y tomé. No salía de mi casa, no salía del cuarto, estaba allí encerrado”, recuerda.

Sus padres le empezaron a pagar sesiones de terapia psicológica y aunque “le costó un año levantarse”, poco a poco encontró nuevamente sentido a su vida. Continuó trabajando y encontró apoyo en una congregación evangélica. Aun así reconoce que una década después sigue sufriendo con los recuerdos: “si perder un familiar es doloroso, cuánto más a toda tu familia y quedarte totalmente solo”.

El perito, la hipótesis y el silencio

—Está usted bajo protesta de decir verdad, díganos si sabe quién hizo la toma clandestina.

—No, señora. Además, fue un in-ten-to de toma, no se llegó a completar.

El doctor Jorge González Vázquez recuerda el interrogatorio que le hizo una agente del Ministerio Público y prefiere ahorrarse los adjetivos para opinar sobre el desempeño de la PGR, entonces a cargo de Arturo Chávez Chávez.

“Me hicieron comparecer e intervinieron mis cuentas de banco porque querían saber si había sido yo quien les dijo cómo romper el ducto. ¡Hazme el favor!”, comenta en entrevista.

Él, reconocido en el mundo como uno de los mayores expertos en mecánica de fractura, nunca imaginó vivir aquel cuestionamiento que se prolongó por 6 horas. Le decían que permaneciera tranquilo, pero no lograba serenarse: “me sentaron junto a un tipo y había evidencia que había asesinado a 20 personas. ¿Cómo quieres que no me ponga nervioso?”, recuerda.

Esta experiencia, aunque desafortunada, le permite al doctor González Vázquez afirmar que, en efecto, la PGR no sólo anunció sino que empezó un proceso de investigación para encontrar a las personas implicadas en los delitos de “robo de combustible”, dando por hecho un acto que nunca se concretó. El curso de las pesquisas que siguió la Procuraduría se pierde a partir de entonces.

Jorge Luis González era una de las primeras personas en enterarse cuando ocurría algún incidente de ductos y, naturalmente, fue uno de los primeros en llegar a San Martín Texmelucan. No por algún vínculo criminal, como llegó a sospechar la PGR, sino porque era y sigue siendo director del Grupo de Análisis de Integridad de Ductos (GAID), un prestigioso equipo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional que, desde 1992, mantiene convenios de investigación y desarrollo tecnológico con Pemex.

Aquel 19 de diciembre de 2010, el doctor González Vázquez y sus colaboradores acudieron al lugar de los hechos para realizar una inspección visual. “Llegamos con equipos de medición de espesores y detección de defectos. Estos son equipos que emplean ultrasonido para determinar si hay discontinuidades como grietas o poros en el metal. También llevamos cámara termográfica, que permite detectar diferenciales de temperatura, y llevamos analizadores de gases para determinar la explosividad de la atmósfera. Más equipo de medición: calibradores, flexómetro y obviamente cámara fotográfica”, detalla a Contralínea.

Antes de poder acercarse, sin embargo, fue necesario que tanto el incendio como el derrame fueran controlados por “unos carrostanque especiales que avientan espuma para evitar que se formen vapores y se vuelva a encender el petróleo”, recuerda. Según se especificó en el Reporte Parcial, la tarea requirió aproximadamente 5 horas a partir del arribo del primer cuerpo de bomberos a las 06:10 horas.

Fue hasta el mediodía cuando los peritos tuvieron acceso al punto de origen y el primer hallazgo importante fue “evidencia física” de una excavación hecha antes de que el ducto se rompiera. “Una zanja rectangular de más o menos 2 metros de ancho por 3 metros de largo, con un perfil cuadrado y paredes verticales”, detalla González Vázquez.

Explica que si el ducto se hubiera roto bajo tierra, la forma del cráter sería elíptica con un talud inclinado en unos 45 grados. Para entender mejor, propone colocar un globo inflado en una maceta y cubrirlo de tierra. Si se revienta el globo, se formaría un cráter circular y la tierra sería lanzada por todo el borde de este.

La zanja rectangular y el amontonamiento de tierra a un solo lado, eran los primeros indicios de intervención humana. Tras una revisión minuciosa, el equipo del GAID también encontró marcas de golpes de herramientas sobre el revestimiento de esmalte de alquitrán de hulla. “Es un recubrimiento muy grueso que puede tener hasta 10 milímetros de grosor y es muy duro. Para quitarlo se tiene que golpear con una herramienta que se llama rasqueta, una especie de martillo con dientes que deja unas marcas muy fácilmente identificables. También vimos marcas de golpes con marro”, comenta el director.

Encontraron algunas herramientas fuera de la zanja y otras en un coche próximo que tenía placas de taxi del entonces Distrito Federal y que, según se supo después, tenía reporte de robo. “El carro estaba totalmente incendiado pero las placas no se borraron. En la cajuela había también herramientas de este tipo: marros, rasquetas… Pero como mi trabajo fue hacer solamente la investigación de las causas de la rotura, nosotros no pusimos esto en nuestro reporte. Todo esto se quedó la PGR”, cuenta.

En entrevista, el doctor González Vázquez también da una breve explicación sobre la mecánica de las tomas clandestinas. “Hay diferentes modus operandi: desde muy rudimentarias, en donde se excava, se golpea el ducto con un punzón, se inserta una válvula con un niple cónico, se conecta una manguera y se extrae el petróleo. Hasta las muy sofisticadas que incluyen boquillas soldadas, válvulas de paso rápido, etcétera”.

“En 2010 los grupos de crimen organizado ya habían tomado el control del robo de combustible, o sea no lo hacían delincuentes particulares, sino que ya lo hacían los cárteles. Nosotros sabíamos que, en la región de Puebla, el cártel que ahora llaman ‘Triángulo Rojo’ amenazaba a los campesinos, los obligaba a hacer las zanjas para efectuar una toma clandestina bajo amenaza de muerte a ellos, a sus familias, y a cambio de un pago. Una vez que la persona que había hecho la zanja les informaba que ya estaba el ducto destapado y sin el recubrimiento, entonces llegaban personas con más experiencia y con herramientas más especializadas, para hacer la perforación del ducto”, explica.

El director del GAID detalla que aquel ducto de 30 pulgadas que iba de Nuevo Teapa a Venta de Carpio, era muy resistente y se hubiera necesitado una herramienta muy especial para lograr perforarlo. También le llama la atención que se tratara de un oleoducto, ya que “la gente que roba combustible generalmente roba gasolina. Lo que se piensa es que se equivocaron de ducto y golpearon el oleoducto en lugar de hacer la perforación en el poliducto, el que sí lleva gasolina y que pasa por el mismo derecho de vía”, comenta.

Esto último, sin embargo, es meramente especulativo. “Lo único que sabemos a ciencia cierta es: [había] una zanja realizada a propósito antes de que el ducto se rompiera; había, diseminada en el campo y en el carro, herramienta típica para quitar el recubrimiento del ducto. Pero la toma clandestina no se llegó a completar. Por eso el ducto no tenía un agujero, ni había mangueras, ni había una pipa o algo allí para llevarse el combustible robado”, sostiene González Vázquez.

Las observaciones sobre la rotura realizadas por el equipo del GAID fueron detalladas en el Reporte Parcial, un estudio inicial que posteriormente fue expuesto por su director ante la Cámara de Diputados el 13 de enero de 2011. A pesar de especificar que se trató de un “intento de toma clandestina”, la precisión no fue cuidada por los funcionarios públicos, quienes dieron por hecho que la toma había sido efectuada.

“Fue un mal manejo de la información. (…) Las autoridades, incluyendo el propio presidente de la república [Felipe Calderón Hinojosa] y el director general de Pemex [Juan José Suárez Coppel], se quedaron con la palabra ‘toma clandestina’ y en los comunicados de prensa ellos lo ponían así”, lamenta el doctor González Vázquez.

Otro término que resulta impreciso para describir el origen del siniestro ocurrido en San Martín Texmelucan es “explosión del ducto”. El director del GAID explica que es importante tener claridad en la secuencia de eventos: “Técnicamente, se trató de una rotura en el oleoducto, seguido de un derrame del petróleo y posteriormente un incendio”. Los estallidos escuchados por los sobrevivientes corresponderían en todo caso a otros objetos que fueron alcanzados por las llamas.

Si no se llegó a concretar la toma clandestina, ¿qué otros factores influyeron en la rotura del ducto? Para sostener alguna conclusión de forma fehaciente es necesario realizar minuciosos estudios metalúrgicos y mecánicos en un laboratorio especializado. Pero, por causas no especificadas, esta tarea ya no fue asignada al GAID sino que fue el Instituto Mexicano del Petróleo quien se llevó el tubo para un análisis del que jamás hizo público sus resultados.

González Vázquez se aventura a explicar su “hipótesis de causa de falla”, aunque advierte que para comprobarla necesitaría tener un pedazo del tubo en su laboratorio: “Ese ducto fue construido con acero de alta resistencia. La especificación de construcción de los ductos solamente establece la resistencia mínima de la tubería pero no la resistencia máxima. Entonces este tubo debería tener una resistencia de 70 mil libras por pulgada cuadrada, pero el tubo donde ocurrió la rotura tenía casi 100 mil. Cuando tú un metal lo haces más duro, se vuelve más frágil, más quebradizo”.

El director del GAID explica que un problema a nivel mundial entre constructores y proveedores es que no se precisa el valor de resistencia máxima requerida para un ducto. “Muchos ingenieros, como no son metalúrgicos sino mecánicos o civiles, no tienen un conocimiento muy profundo de las propiedades de los materiales. Yo llevo más de 30 años investigando la resistencia a la fractura de los aceros y hay muchísima evidencia, tanto mía como en todo el mundo, de que un acero más duro es un acero más quebradizo”.

Comenta que otra variable a considerar es que el ducto estaba trabajando a máxima capacidad de bombeo, 70 kilos por centímetro cuadrado de presión, lo que a su vez genera “un esfuerzo muy alto en la pared de la tubería”. El doctor experto en fractura hace uso de un ejemplo didáctico para especificar lo que pasó: “Es cómo pinchar un balón: si el balón está poco inflado y lo pinchas, no se revienta; si el balón está muy inflado, con tantito que lo pinches se va a reventar. Eso fue lo que pasó físicamente”.

“Entonces la hipótesis que nosotros le presentamos a Pemex y a la PGR, como coadyuvantes de la investigación, fue que alguien golpeó el tubo. El tubo era muy duro y se fisuró. Pero nosotros jamás dijimos que había una toma clandestina. Lo que dijimos fue que hubo un intento de toma clandestina, pero el ducto se rompe antes de que se complete la ejecución de la toma”, reitera.

Un ducto inclinado, un derrame incontrolable

El entonces director de Pemex, Suárez Coppel, aseguró el 22 de diciembre de 2010 que el bombeo se interrumpió de forma automática a las 05:46, apenas 3 minutos después de que fuera detectada la baja en la presión. Sin embargo, por varios minutos más el crudo siguió inundando la calle de San Damián. Pemex aproximó el derrame en 23 mil barriles, poco menos de 4 millones de litros.

El doctor González Vázquez explica que para minimizar una fuga de combustible se procedió a cerrar las válvulas de seccionamiento ubicadas antes y después del punto de derrame. Éstas se localizan, por norma, cada 20 kilómetros.

Comenta que este tipo de cierres no se acciona de forma tan simple como una llave de agua casera. “En un ducto, hay todo un procedimiento de paro de las estaciones de bombeo y de cierre de válvulas. Sobre todo, porque los líquidos no son compresibles. Entonces si tu cierras una válvula y la de atrás está abierta, el producto sigue llegando y el ducto se te presuriza. No hay material en el mundo que soporte esas presiones”.

Aclara que, si bien Pemex ha tenido incidentes en los que un ducto llega a reventarse “por una mala operación de cerrado”, no fue esto lo que pasó en San Martín Texmelucan. Allí, el factor que determinó las proporciones que alcanzó el derrame estuvo relacionado con la inclinación del ducto.

“La zona donde ocurrió el derrame, allí en San Martín, estaba muy cerca de la estación de bombeo, me parece que a 5 kilómetros. Luego viene un tramo en subida y la siguiente válvula de seccionamiento estaba 15 kilómetros arriba. Si el ducto se hubiera roto en la parte alta, el derrame hubiera sido muy pequeñito porque es poco volumen el que alcanza a salir. Pero el ducto se rompió en una parte baja, entonces todo el petróleo que estaba hacia arriba se vino de regreso por gravedad y eso fue lo que hizo que el derrame fuera tan grande”, explica.

Para entender lo que pasó, también es necesario reparar que el ducto pasa por un campo agrícola que se encuentra en un nivel más alto y unos metros al Norte de la zona habitada. Por ese motivo, una vez que el petróleo crudo salió del ducto, descendió rumbo al Sur por la inclinada calle San Damián.

“Si buscas fotografías aéreas de cómo ocurrió el derrame, te darás cuenta que hacia el lado norte, la mancha del petróleo se extiende cinco metros. Y hacia el lado sur, que es hacia el centro de San Martín Texmelucan y hacia el río Atoyac, son 2 kilómetros o algo así”, comenta.

El doctor González Vázquez explica que el derecho de vía se construyó en la década de 1970 y para entonces la zona habitada estaba más alejada del ducto. En su opinión, fue una “coincidencia desafortunada” la combinación de todos los factores que derivaron en la tragedia de Texmelucan.

“Yo me refiero únicamente a los hechos físicos, pero sí te puedo decir que hay una Norma Oficial Mexicana para construcción de ductos y en esa norma están contemplados los avisos y la información a la comunidad”, comenta el director del GAID.

Omisión criminal

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales cuestionan que, existiendo todas estas características que generaron un derrame incontrolable, nunca les avisaron del riesgo ni fueron capacitados en materia de protección civil para trazar alguna ruta de escape o reaccionar rápidamente en caso de un derrame como el que causó el siniestro.

Ubaldo Cabello, por ejemplo, vivió por 15 años en la calle San Damián y sólo recuerda ocasiones en que los bomberos iban a ayudarlos con las inundaciones que ocasionaban las lluvias en esa zona. “Nos visitaban por si algo pasaba, algún incidente, pero como tal una plática… No hubo nada, ni de Pemex, ni de Protección Civil”.

Al respecto también se generan preguntas sobre la coordinación entre Pemex y autoridades locales para dar respuesta oportuna al derrame. ¿Hubo tiempo suficiente para evacuar a los pobladores? Hoy se sabe que la fuga fue detectada a las 05:43 horas, pero los bomberos tardaron en llegar 27 minutos después (a las 06:10) y a partir del primer incendio reportado a las 06:05 horas.

En respuesta a Contralínea, la actual administración del gobierno municipal de San Martín Texmelucan explica que “dentro de las competencias del ayuntamiento municipal no se encuentra implementar medidas de protección civil por lo que respecta a cuestiones de carácter meramente federal, como lo es en este caso, la ruptura de oleoductos de Pemex”.

“Sin embargo, no omito mencionar que, dentro de las funciones y atribuciones de Protección Civil Municipal, es auxiliar en todo momento al Servicio de Protección Federal en las acciones destinadas primordialmente a rescatar y salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente ante cualquier desastre o siniestro”, señala en una carta el municipio, hoy a cargo de la morenista Norma Layón.

Municipio pidió cambio de ducto y rutas de evacuación

De 2008 a 2011, el presidente municipal de San Martín Texmelucan fue Noé Peñaloza Hernández. El primer año de su administración, 2 años antes de que ocurriera el siniestro, había solicitado “que se definan y construyan las rutas de evacuación bajo un proyecto bien definido, con las especificaciones necesarias conforme a los lineamientos de protección civil, para lo cual se establece el compromiso de que a partir de esta fecha Protección Civil Estatal, conjuntamente con Pemex y Protección Civil Municipal entregará el proyecto”.

Así quedó registrado en una minuta fechada el 21 de julio de 2008, donde Noé Peñaloza también solicitó que Pemex “sustituya la totalidad del oleoducto” que pasaba por la jurisdicción del municipio, ya que “éste se encuentra en muy mal estado”.

Aquel documento, que evidencia las preocupaciones externadas por la autoridad local respecto al riesgo que representaba el ducto de Pemex, fue firmado por el biólogo José Luis Mendoza Zamora, en representación de Pemex Refinación; Javier Muñoz Ruiz, de Pemex Gas y Petroquímica Básica; y Agustín Rodríguez Sánchez, delegado de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla.

Una vez ocurrida la tragedia de 2010, el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, aseguró ante la Cámara de Diputados: “hay por ahí una minuta que se levantó en San Martín Texmelucan en 2008. Tenemos una carpeta donde se ve que esa minuta se atendió en su totalidad. Y quiero asegurarles otra vez que ésos no fueron elementos que causaron esta tragedia”.

Juan Vilchis Correa, entonces Coordinador de Enlace Gubernamental para Proyectos Especiales en el ayuntamiento, comenta que estuvo presente durante la reunión que dio origen a la minuta y afirma que nunca se hizo caso de aquellas peticiones. Hoy, como representante de algunos familiares de víctimas del siniestro, realiza acciones de defensa legal para exigir justicia y que se investigue la responsabilidad de Petróleos Mexicanos.

Vilchis Correa –quien también se jubiló de Pemex en 1998 como operario de mecánica de piso tras 19 años de servicio en el Complejo Petroquímico Independencia– sostiene que, al menos desde el año 2007, Pemex Refinación sabía que existían “riesgos de accidentes graves a la población que vivía en zonas aledañas al oleoducto”. Esto con base en el oficio PXR-SPCE-048/2007 que la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación envió el 20 de febrero a la Subdirección de Programación y Presupuestación Financiera con el asunto: “afectaciones por la falta de oportunidad y suficiencia en el presupuesto de operación e inversión 2007”.

En este documento se puede leer que “la falta de rehabilitación de ductos y poliductos” tendría “implicaciones importantes” como: “riesgo de accidentes en el sistema, como sería el caso del inminente cierre y/o derrame del tramo del oleoducto de 30″ de San Martín Texmelucan a Venta de Carpio, al que se le han detectado 168 fallas lo que afectaría el suministro de crudo de las refinerías de Tula y Salamanca”.

En otro oficio (GADG/UA/CAIP/SM-319/07), con fecha del 16 de abril de 2007, Pemex Refinación informó al gobierno de Puebla que había concluido los trabajos de mantenimiento al oleoducto “mediante la colocación de 25 envolventes metálicas”. Sin embargo, advierte que “en el corto plazo se tendrá necesidad de reingresar a los mismos predios para hacer sustitución de tramos de ducto donde actualmente se colocaron envolventes de refuerzo”.

El director del GAID, Jorge Luis González Velázquez, confirma que efectivamente había un programa de mantenimiento pero que “el tramo que tuvo la falla [el 19 de diciembre de 2010] no estaba dentro de los fallos programados para reparación”.

Explica que “la sustitución de ducto es carísima, más o menos un millón de pesos el metro y se tiene que hacer de manera programada. […] Se empieza normalmente por el tramo más afectado y se va avanzando en un programa calendarizado. Ese programa, hasta donde a mí me dejaron verlo, pero yo no tuve copia en mi poder, eran como nueve tramos los que iban a reparar y llevaban seis”.

Por su parte, Vilchis Correa sostiene que el no concretar una completa sustitución del ducto ni atender los riesgos preexistentes fueron un acto de negligencia por parte de Pemex y “los tres niveles de gobierno en materia de protección civil”. Por este motivo, el 11 de enero de 2020 presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una solicitud para que a sus representados –39 personas, entre sobrevivientes y familiares de 15 personas que fallecieron a consecuencia del siniestro– se les reconozca como víctimas en estos términos.

En una carta dirigida a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, y recibida por la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, solicita que las personas que representa obtengan “reparación integral de daños”. Detalla que “se requiere atención y seguimiento médico, al igual que, atención psicológica para la mayoría de mis representados y, para algunos, atención psiquiátrica, lo anterior por consecuencia de todo lo que padecieron durante el incendio, principalmente, por salvar sus vidas, las de algunos familiares y vecinos a los que lograron salvar del fuego”.

 Elizabeth, sueños de una maestra

Cuando su cuerpo inerte llegó a la localidad de San Francisco Tepeyecac, sus estudiantes, unos 20 pequeños niños de primaria, fueron a esperarla con flores y acompañaron la procesión fúnebre hasta su casa. La tragedia de San Martín Texmelucan dejó a esta comunidad sin las enseñanzas de una joven maestra y, para honrar su memoria, la escuela pública República de Argentina nombró a su biblioteca: Elizabeth Dávila Romero.

De las cuatro hijas de Elena Romero y Juan Dávila, Elizabeth era la menor. Su familia la recuerda como la más consentida pero también como la que más ahínco dedicó a los estudios: fue reconocida con primeros lugares, participaba en concursos de poesía e integraba la escolta.

De niña jugaba a ser maestra y no fue una sorpresa cuando decidió estudiar la licenciatura en educación. Su hermana Maricela recuerda que los sueños de Elizabeth maduraron con el tiempo e iban más allá de una simple afinidad: ella quería hacer algo por el lugar en el que había crecido, aspiraba incluso a cursar una maestría para realizar una investigación más a fondo sobre los problemas de San Francisco Tepeyecac.

Fue la única de sus hermanas que culminó una carrera, pero contó con el apoyo de toda su familia para lograrlo. Además, consciente de que los recursos eran escasos, tuvo que trabajar mientras estudiaba. Entró a cubrir temporalmente una plaza como profesora en la primaria República de Argentina donde de inmediato se ganó el aprecio de los profesores, directivos y de los mismos estudiantes.

“Se desvivió por su trabajo, le encantaba. Traía tantas cartitas de que ‘te quiero maestra’, ‘eres la más linda’… Porque así son los niños, abiertos a manifestarse. Esas cartas aún las conservamos porque a ella le encantaba guardar todos esos recaditos”, recuerda su hermana Maricela.

El último año de su vida estuvo lleno de cambios radicales: se graduó, decidió casarse y se fue a vivir con Fernando Ángel, su esposo, a San Martín Texmelucan, a unos 20 minutos. Fue también en 2010, el 29 de abril, cuando nació su hija Dulce.

Con la llegada de diciembre empezaron los planes para el festejo navideño. Y aunque solía pasar los fines de semana en casa de sus padres, Elizabeth decidió que aquel sábado 18 de diciembre haría una excepción para empezar un proyecto que había estado posponiendo: colocar y adornar su árbol de navidad.

La madrugada del domingo, su familia en San Francisco Tepeyacac despertó con la noticia de que San Martín se estaba incendiando. Las patrullas en esta localidad pasaron alertando a los vecinos para que salieran de sus casas y se alejaran de los ductos de Pemex que también pasan por allí.

Como Elizabeth no contestaba las llamadas, sus papás decidieron ir a buscarla e Iveth, hija de Maricela, también los acompañó. Ella tenía 15 años entonces y recuerda que, al llegar, el ejército aún no había cercado la zona incendiada pero no pudieron pasar porque “el cemento todavía estaba muy caliente y se escuchaban todavía explosiones de los tanques de gas”.

Con la esperanza de que hubiera logrado escapar, fueron a buscarla de albergue en albergue gritando el nombre de Elizabeth, pero nadie respondía. Fue hasta el mediodía cuando recibieron una llamada de la familia de Fernando, el esposo, para avisarles que habían encontrado los cuerpos calcinados en la Unidad Deportiva San Damián y tenían que pasar a reconocerlos.

“No lo podía creer, sentía que estaba soñando”, cuenta, inconsolable, Iveth, para quién Elizabeth había sido, más que una tía, una amiga que admiró desde pequeña.

La pérdida de un ser querido destrozó a la familia con estragos tanto físicos como psicológicos. Iveth empezó a temer a la oscuridad y a los espacios cerrados. Elena, la mamá, bajó dramáticamente de peso en una crisis depresiva, le diagnosticaron diabetes y afirma que desde entonces casi siempre está enferma de algo.

Durante el entierro de su hermana, Maricela, que estaba embarazada, se desmayó y su vientre golpeó el suelo. Cuando el 3 de enero de 2011 nació su hija, esta tenía la cadera dislocada y tuvo que pasar un año en terapias para poder caminar.

Cuando la entrevista llega a su fin, en el cuarto se apagan las voces y sólo se escucha un llanto generalizado. La desgracia ocurrida hace 10 años sigue siendo una herida abierta para esta familia. Maricela se disculpa por los sollozos, dice que nunca recibieron ayuda psicológica como les prometieron: “Nunca nadie se había acercado con nosotros para pedir algún reporte, alguna explicación, alguna anécdota. Es la primera vez que alguien nos entrevista, la primera vez que alguien nos hace compartir nuestra triste experiencia”.

Una vez ocurrida la tragedia de San Martín Texmelucan, las imágenes del incendio y sus estragos capturaron la atención de los medios nacionales e internacionales. El mismo presidente Felipe Calderón Hinojosa viajó al lugar para expresar su solidaridad a los familiares de las víctimas mortales. Muchas promesas de apoyo se enunciaron con la misma facilidad con la que se olvidaron, mientras que otras, las que tenían que ver con supuestas reparaciones, se efectuaron con peculiar rapidez y sin tanto trámite.

En cuanto a bienes materiales, Pemex se apuró a pagar las indemnizaciones por 140 inmuebles afectados, 48 de ellos con daño total, así como el pago de muebles y vehículos. Además, rápidamente se empezaron a realizar pagos de indemnización por cada una de las 30 personas fallecidas. No fueron pocas las irregularidades en aquel proceso, recuerdan las familias.

Abusos en la “indemnización”

Los días posteriores al entierro, desorientados por la pérdida de sus seres queridos, los familiares de Elizabeth fueron víctimas de un chantaje inmisericorde. Elena, la mamá, recuerda que personas que se identificaron como personal de Pemex y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se acercaron con ella para entregarle un cheque de aproximadamente 470 mil pesos a manera de indemnización. Para concretar el trámite, sin embargo, les pidieron dinero por adelantado.

“Le dije: ‘¿Cuánto quiere?’ Y me dice: ‘Para que reciba usted su dinero me va a dar 15 mil pesos’. Y así como me entregaron el sobre para funerales [otro apoyo económico], así se lo entregué yo, completito, al de Sedesol. Ahora recuerdo y digo: qué rateros, nos vieron con el dolor y todavía nos engañaron”, cuenta a Contralínea Elena.

Los familiares de Elizabeth no fueron las únicas víctimas de este abuso oportunista. Los padres de Rocío Olvera, otra víctima mortal del siniestro, recuerdan en entrevista que también “se aprovecharon” de ellos al momento de entregarles el dinero de la “indemnización”. Gabriel, el padre, afirma que quienes “querían asegurar su parte por adelantado para hacer el trámite” eran varias personas que se identificaron como trabajadores “tanto del gobierno del Estado [de Puebla] como de Pemex”.

En esos días, con la mente nublada por el dolor, no llegaron a denunciarlos. “A conciencia no sabemos nombres, pero si yo llego a ver de nuevo a esas personas, las reconozco. […] Ellos aprovecharon esos momentos y esas debilidades que podríamos mostrar como seres humanos porque el sentimiento siempre va a ganar”, cuenta Gabriel.

A la mayoría les pidieron una firma de recibido, pero, además del cheque, no les dejaron “ni un papel” que explicara los términos en que se dio el pago. La familia de Martín Ovando Huerta, otra víctima mortal, es una de las pocas que conserva copia de las dos páginas de un “Acuerdo de Indemnización”, mismo que permite conocer algunos detalles de la forma en que Pemex llevó a cabo este proceso.

El cheque por 475 mil 726 pesos –que, aunque fue emitido por el Banco Nacional de México a nombre de la esposa, María de Jesús, debía ser compartido con los tres hijos de este matrimonio– fue “por concepto de la totalidad de la indemnización que, en términos de ley, les corresponde por el fallecimiento de su cónyuge y padre, respectivamente, Martín Ovando Huerta”.

El acuerdo, a manera de blindaje, deja escrito que la familia estaba de acuerdo con el pago “no reservándose acción legal alguna o derecho y renunciando a las mismas en contra de ‘el organismo’ [Pemex Refinación] […] y desistiéndose en su caso de las ya iniciadas o intentadas, obligándose a otorgar el perdón cuando así proceda, incluyendo cualquier acción por daño moral, daños y perjuicios, responsabilidad civil objetiva y/o cualquier otra, otorgándole en este acto a ‘el organismo’, el más amplio finiquito que en derecho proceda, dándose por satisfechos de la reparación del daño”.

Además, el documento comprometió a la familia para continuar colaborando con Pemex Refinación y “proporcionar la información o documentación que se requiera a fin de que éste pueda reclamar el siniestro ante la compañía aseguradora, al amparo de la póliza de seguros vigente”.

El acuerdo está fechado el 6 de enero de 2011 y fue firmado por el apoderado legal de Pemex Refinación, Ricardo Bego-Ghina Martínez, y ante la presencia del testigo Ricardo Cristián Sánchez Bravo, quien, como se señala en el documento, “es ajustador de la empresa Cunningham Lindsey México, SA de CV, la cual fue designada por Seguros lnbursa, SA –de Grupo Financiero lnbursa– para actuar como ajustador en la reclamación presentada por el organismo [Pemex Refinación] y quien en este acto funge como testigo”.

Sobre el proceso de “indemnización”, Juan Vilchis Correa considera que el acuerdo fue obtenido “de manera abusiva, dolosa, en contra de los derechos de mis hoy representados, ya que nunca fueron informados por Pemex o Inbursa de los derechos reales adquiridos por las diversas afectaciones del siniestro”.

Añade que “Pemex sólo pagó por el cuerpo del fallecido sin especificar con fundamento en qué ley o cómo se determinó la cantidad económica que estaban entregando. Los familiares solo fueron citados para recibir el pago”.

A 3 días del siniestro, el 22 de diciembre de 2010, el director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, comentó en una conferencia de prensa: “Somos responsables: independientemente de cuál sea la causa de esta tragedia, Pemex va a compensar a las víctimas en lo que sea necesario”. Al respecto anunció que iban a asegurarse de que “aun cuando obviamente no hay una compensación adecuada para la muerte de un familiar, pero que sea algo que sea razonable y que pueda servirle sus familiares”.

Vilchis Correa observa que la cantidad “razonable” establecida (aproximadamente 470 mil pesos) fue la misma por cada uno de los familiares fallecidos sin tener en cuenta la edad de la persona o el empleo que tenía.

En la carta enviada a la CNDH, Juan Vilchis comentó: “es claro que fue un acuerdo unilateral que al día de hoy solo fue en beneficio económico de Pemex e Inbursa y en perjuicio de mis representados. La Póliza de Responsabilidad Civil que Pemex tenía contratada […] es la número 25200-30002915 expedida por Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa a favor de Pemex”.

Desde su perspectiva, al apurarse a concretar acuerdos de indemnización con las familias, Pemex “reconoce su responsabilidad por las diversas consecuencias, en general, inmediatas y futuras por la fuga e incendio del petróleo. Petróleos Mexicano no accionó el Plan de Respuesta a Emergencias a partir que detectó la gran fuga de petróleo en el ducto. Pemex por ningún medio alertó a los vecinos de la fuga y el peligro que tenían por permanecer en sus domicilios antes del incendio”.

El 16 de mayo de 2019, Juan Vilchis expuso sus demandas ante el gerente Jurídico Contencioso de Derecho Privado de Pemex, Rodrigo Loustaunau. Asegura que, en aquella plática, él se comprometió a “desempolvar” la denuncia que hizo Petróleos Mexicanos ante la PGR y dar seguimiento al caso.

El 25 de julio de ese mismo año, el licenciado Loustaunau le respondió en una carta breve en la que aseguraba haber revisado los antecedentes legales pero que “no es factible acceder a su solicitud relativa a obtener algún pago de naturaleza indemnizatoria ya que no se actualizan los presupuestos para ello”. Sin embargo, le recomendó asesorarse legalmente “a efecto de que usted y las personas que dice representar tengan certeza sobre su situación legal y en su caso, las posibilidades que el marco jurídico pone a su disposición”.

Mediante la intermediación del área de Comunicación Social de Pemex, a cargo de Jimena Alvarado, Contralínea también ha solicitado desde el 11 de mayo entrevista con el gerente Jurídico de Pemex, para que explique el fundamento legal para determinar el monto de la indemnización, así como otras inquietudes que los sobrevivientes y familiares manifestaron en entrevista. A la fecha no se ha concretado la petición.

Martín, el valor de un padre

Martín Ovando Huerta era taxista y junto a su esposa María de Jesús, quien trabajaba como comerciante local, sacaron adelante a sus tres hijos: Orlando, Verónica y Luz del Carmen. Él nunca pudo estudiar una licenciatura pero quería que sus hijos sí tuvieran esa oportunidad.

“Siempre quiso que nosotros fuéramos profesionistas. Él decía que la vida era muy cabrona y quería que nosotros tuviésemos armas para afrontarla. Que lo que él no tuvo, lo que no pudo tener, quería que nosotros lo tuviéramos”, cuenta Verónica.

Ella, la hija del medio, agradece el apoyo que le dio su padre para cuidar de sus hijos una vez que se divorció. Gracias a eso, pudo continuar estudiando la maestría. “Me dijo que a mis hijos no les iba a faltar un padre porque él iba a estar siempre con ellos”, recuerda, y lamenta con amargura que fuera una promesa que la tragedia truncó.

La familia recuerda que uno de los anhelos más grandes que Martín tuvo en vida fue tener una casa propia como la que en algún momento se vieron obligados a vender. Con este objetivo en mente, y no importando qué tan cansado estuviera, diariamente sacaba el taxi por las noches. La última vez no regresó.

A Orlando, el hijo mayor, le entregaron las placas del coche y un ataúd con lo que se suponía eran los restos de su padre. No alcanzó a reconocer nada, pero los terminó aceptando porque le advirtieron que una prueba de ADN iba a tardar 3 meses. “Se me hizo demasiado y no pensé fríamente. Se nos cerró el mundo y no pudimos ver a fondo lo que teníamos que haber hecho”, comenta.

Embriagados de dolor y sin apoyo psicológico, Orlando recuerda que eran “como unos bebés y nada más nos dejábamos llevar por lo que nos dijeran, no estábamos en nuestros cinco sentidos”. En estas condiciones, el 6 de enero de 2011 fueron llamados a presentarse al ayuntamiento.

María de Jesús, la esposa, recuerda que “el señor [identificado como personal de Pemex] nos dijo que lamentaba mucho lo que había pasado, que no era de ninguna religión, pero nos iba a hacer una oración y [pidió] que repitiéramos con él. Al acabar la oración nos hizo firmar”.

Años después, Orlando, el hermano mayor, cree que aquella ceremonia casi teatral fue una estrategia para doblegarlos y lograr que firmaran sin cuestionar. “Legalmente no nos explicó nada. Nos agarró en el momento”, dice.

Verónica advierte que “ahorita que la vemos [la copia del acuerdo] no está membretada ni nada. Es cualquier hoja blanca donde dice que Pemex, al entregarnos ese dinero, se deslindaba de daño moral y todos los daños que pudieran haber ocasionado”.

En aquellos momentos, lamenta, eran otras reflexiones que la afligían: “Fue un mundo de sentimientos para mí. ¿La vida de mi padre se resumía en ese cheque? Allí estaba lo que valía él para ellos”.

Con el dinero de la supuesta indemnización la familia adquirió un departamento, tal como hubiera deseado Martín. Lamentablemente él ya no estaba allí para orientarlos en la compra y “resolverles la vida” como solía hacerlo. Tiempo después se dieron cuenta de que pagaron “más del doble” de lo que el departamento valía y repararon en la extraña coincidencia de que el anterior dueño fijó el precio en el mismo monto que habían recibido como indemnización.

Una década pasó, pero parece ayer que la vieron

“¿Qué haría sin ella?”, se preguntó Leticia al despedirse de su hija Rocío Ventura Olvera el viernes 17 de diciembre de 2010. No sabía, ¿cómo saberlo?, que aquella sería la última vez que la vería.

Rocío tenía dos hijos pequeños, Natziali y Brian, y había decidido llevarlos a vacunar aquella mañana. Leticia aceptó ayudar a su hija y terminaron pasando juntas el resto del día. Como dos amigas, hicieron de comer, platicaron y se les pasó la tarde entre risas.

Leticia anunció varias veces que ya se iba, pero su hija la retenía “otro ratito más” y luego otro y otro. Cuando recuerda aquel día, piensa que quizá Rocío ya presentía su propia muerte y no deseaba alejarse de su madre. Al final, quedaron en volverse a ver el domingo, una cita que nunca se concretó.

Gabriel, padre de Rocío, tampoco olvida el último contacto que tuvo con su hija. Él trabajaba transportando camiones de carga y aunque no era muy común tenerlo en casa, mantenía con ella una comunicación constante vía telefónica.

El jueves 16 de diciembre, Rocío le hizo prometer que regresaría a San Martín Texmelucan antes de Navidad. Habían empezado las posadas y convivir juntos en familia era un anhelo creciente para ambos. Su voz diciendo “cuídate papiringo, te queremos mucho”, es lo último que escuchó de ella.

El cumpleaños de Damaris, tía de Rocío, cae el mismo 25 de diciembre. Por ese motivo, dos semanas antes su sobrina fue a visitarla para planear el festejo. ¿Una fiesta? ¿Una carnita asada? Todo quedó en planes. “No hubo peor fecha en que hubiera podido pasar esa desgracia porque, aquí en mi familia, una Navidad o un cumpleaños mío, nunca ha vuelto ni volverá a ser igual. Siempre faltarán ellos”, lamenta Damaris.

Parece ayer, pero, desde que murió Rocío junto a sus hijos, han pasado 10 años y la familia no volvió a ser la misma. “Todos agarraron caminos diferentes, todos. Esta familia se desunió”, comenta Leticia, su madre, quien cree que su hija era el lazo que mantenía junta a su familia.

Marcial Yangali/enviado