A un año del siniestro, que destruyó instalaciones e inundó las minas El Pato, El Salado y La Esperanza, de Minera Rofomex, S.A, subsidiaria de Fertinal ubicadas en San Juan de la Costa, Baja California Sur, están en riesgo dos mil 500 empleos directos y más de seis mil indirectos, así como 35 por ciento de la producción nacional de fertilizantes, el insumo agrícola más importante en términos de costos para el agricultor mexicano, que paga ahora las importaciones a precios exorbitantes.
El asunto se ha cabildeado en la Secretaría de Gobernación, en donde Santiago Creel ha intervenido para mediar entre las partes sin lograr avanzar hasta el momento, pues ING Comercial América persiste en su actitud de no cubrir la póliza del seguro, bajo el argumento de que aún no concluye la evaluación de los daños. En cambio, sí cobró un reaseguro por el mismo siniestro, lo que motivó una demanda penal en su contra.
“Es un problema de seguridad nacional que de no atenderse, provocará más importación de granos y el quebranto y daños y perjuicios en contra de Fertinal podría llegar a 700 millones de dólares por el cierre definitivo de la empresa”, asegura Fabio Quiñónez, director general de Fertinal.
Advierte que la situación es más grave que los 84 millones de dólares. “Aquí lo que debemos de ponderar es que es la empresa número uno de América Latina en la producción de fertilizantes fostatados y nitrogenados, con dos millones de toneladas anuales, y exportaba a más de 40 países del mundo, compitiendo en toda la geografía del orbe.
“Lo que está en entredicho es la supervivencia de la empresa con activos por 700 millones de dólares y pasivos importantes en el sector financiero. “A los bancos les debemos casi 140 millones de dólares y hemos caído en un incumplimiento generalizado de nuestras obligaciones”, se queja.
Agrega que otro de los daños que la aseguradora ha ocasionado a Fertinal, ha sido el no pagar los sueldos de los trabajadores, tanto del sindicato minero como del sindicato petroquímico, previsto en el apartado de la póliza de gastos consecuenciales a que está obligado ING Comercial América.
El caso Fertinal demuestra que una compañía, en términos de controversia, no puede cobrar un seguro con la oportunidad requerida, que tiene que agotar una instancia por un término de seis meses a un año en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que al final del camino lo único que genera es una reserva, de la cual no se puede obligar al pago, asienta.
Fertinal está constituida como un fideicomiso donde todos los accionistas tienen en conjunto 53% de las acciones y el restante 47% pertenece al gobierno federal, tenencia accionaria representada por el IPAB.
Quiñónez recuerda que el gobierno tiene un conflicto de intereses respecto de las prioridades de un asunto de esta magnitud. “Por un lado, hablamos de una empresa e inversión extranjera, del otro lado el que una empresa mexicana que tiene una tenencia del gobierno, se encuentre con un siniestro de esta magnitud y enfrente un incumplimiento total de una aseguradora extranjera, la cual no ha terminado el proceso de ajuste después de un año, y que no paga porque hay una póliza de endosatarios preferentes.
“Contratamos una póliza que protegiera básicamente la maquinaria, el equipo, los daños consecuenciales y gastos extraordinarios, mas no contratamos un seguro de crédito. Entonces, con la indiferencia que cobre la empresa o cobren los bancos el dinero, tendrá que ser depositado nuevamente a la empresa para resarcir el daño y de no ser así, los bancos cometerían un grave error y este asunto se tendría que dirimir en el terreno penal.
Fabio confía en que por lo pronto hay la buena actitud de todas las partes, tanto de la Secretaría de gobernación como de ING, como de Fertinal para analizar todas las variables y se pueda llegar a un acuerdo.
A título personal y del sector empresarial, considera que no sólo debería dirimirse la controversia de Grupo Fertinal con ING, sino que éste sea el parteaguas de que ante el sector financiero extranjero como es el asegurador, las leyes mexicanas se actualicen y que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas actualice su normatividad para asegurar que este caso no se repita.
La falta de respuesta derivó en una primera reclamación ante la Condusef por 47 millones de dólares, la cual decretó una primera reserva a la compañía de seguros por 30 millones de dólares para garantizar las obligaciones pendientes de cumplir, derivadas de esta primera reclamación.
Fertinal se inconformó por esa reserva que se había ordenado constituir y promovió un recurso administrativo y, posteriormente, un juicio de amparo a efecto de que un juez federal revisara la reserva decretada y eventualmente si fue suficiente o no en cuanto a su monto para garantizar los daños. Después se presentó una segunda reclamación por 37 millones de dólares por daños no cuantificados hasta la fecha en que se presentó la primera reclamación por daños consecuenciales de las entidades y subsidiarias de Fertinal.
Paralelamente, dice, en noviembre de 2001, ING Comercial América, presentó documentación apócrifa de la que públicamente desconocía su autoría, concretamente dos endosos emitidos a favor de instituciones de crédito extranjeras, que se encontraban impresos y elaborados en documentación oficial de ING. Fertinal presentó una denuncia de hechos a efecto de que se investigara la autoría y el uso y el beneficio que con estos documentos se pudo haber obtenido.
Ampudia Melo señala que la investigación ministerial derivó en órdenes de aprehensión de un juez contra de nueve funcionarios de ING, incluyendo a su director jurídico, Gerardo Trigueros, el director de Administración, Antonio García, y el subdirector de Siniestros, Salvador Medina a quienes el juez decretó el auto de formal prisión. Hoy están libres bajo caución y sujetos a proceso por los delitos de fraude y asociación delictuosa.
Por los mismos cargos, la justicia indaga el paradero de Rubén de la Torre Izquierdo, director de Mercados; Octavio Careaga Gutiérrez, director de División de Corredores; Pablo Fernández Tijerina, subdirector operativo de Corredores; José Antonio Casillas Gómez, director de Mercadotecnia y Fernando Puente Díaz Marino, director de Planeación, Finanzas y Pensiones advierte que Fertinal está por presentar otra demanda contra de ING por la vía mercantil y contra la póliza contratada, para obtener de parte de un juez una sentencia que les condene al pago y la indemnización de los daños causados tanto en el aspecto material como en el aspecto consecuencial.
Precisa que el gobierno federal, en su carácter de accionista, ha solicitado al Consejo de Administración que lleve a cabo las acciones legales a efecto de obtener la indemnización total, tanto de los daños causados por el huracán Julliete, como por daños y perjuicios. Sin embargo, no puede hacer una intervención mayor en su carácter de socio, hay una distinción que ellos tienen obligación de mantener.
El gobierno del estado resultó ser la autoridad competente para conocer de los hechos denunciados y desde ese punto de vista tiene una intervención como autoridad responsable para determinar y dilucidar la verdad jurídica, ya que hay una afectación económica porque Minera Rofomex representa importantes fuentes de empleo para esa zona.
Si bien la Segob ha mediado, no hay ninguna propuesta hasta el momento y Fertinal está preocupado porque la indemnización de los daños debe ser cubierta al 100 por ciento, de otra manera no sería posible rehabilitar todas las instalaciones para reiniciar las operaciones.
El director jurídico de Fertinal considera que la Secretaría de Gobernación está interviniendo como un amigable componedor en este conflicto. “Nuestra prioridad es lograr la rehabilitación de los daños y por eso hemos de promover esta demanda de daños y perjuicios ante la Comunidad Económica Europea que prevé fórmulas de solución entre las entidades financieras que actúan en el gobierno mexicano, aplicables para los nacionales.”
Dice desconocer si el asunto lo sabe el presidente Vicente Fox, pero advierte que debería conocerlo, pues se trata de un caso de gran trascendencia para la economía nacional, toda vez que empresas norteamericanas resultaron beneficiadas como las proveedoras de los fertilizantes a costos mayores para los agricultores nacionales.
Explica que acudir ante la CEE obedece a que México se adhirió a un acuerdo internacional de comercio que prevé fórmulas de solución muy concretas y que independientemente de la voluntad por la parte en este caso ING Comercial América tiene que sujetarse a ellas por ser miembro de la, CEE.
San Juan de la Costa, BCS.- Los setecientos mineros de esta región del Golfo de Cortés, tuvieron que emigrar y dedicarse a otra cosa. 300 empleados más, entre técnicos y administrativos, corren la misma suerte. Los estragos de Julliete el devastador huracán que destruyó las minas de roca fosfórica hace un año, los dejó sin trabajo. Ahora la fuente de empleos más importante de Baja California Sur está en ruinas y sus minas llenas de agua marina.
“Fue como una pesadilla aquel 27 de septiembre de 2001, cuando Julliete arrasó las instalaciones de la empresa”, recuerda con tristeza Carlos Meza García, gerente general de Rofomex. La lluvia y viento que acompañan al huracán, barren con todo a su paso a pesar de que se toman las precauciones necesarias, rememora.
Meza García narra ese episodio de su vida en la mina como si hubiese ocurrido ayer: “las minas subterráneas inundadas, la planta industrial dañada, una planta de beneficio de minerales inservible, el área de oficinas vuela por los aires y el muelle queda destruido. Un barco queda atrapado en el muelle, no puede desatracar y recién había terminado su carga el día 26, destruye prácticamente la totalidad de los nueve cuerpos que integran el muelle. Sólo subsiste un solo duque de amarre.
“Los caminos de acceso son interrumpidos, la Comisión Federal de Electricidad suspende la energía eléctrica en la localidad, el servicio telefónico queda inservible. Se destruye el sistema de abasto de agua potable. Todo es un caos. El campamento de 100 casas de los trabajadores, está abandonado.
“Tres días después, el 30 de septiembre, pudimos regresar a las instalaciones, distantes a 60 kilómetros al norte de La Paz, ya que todos los accesos y salidas de la ciudad están interrumpidas e incomunicadas.
“Ese día vemos los destrozos que provocó Julliete: el rompimiento de un depósito de mineral, una especie de presa, un depósito de captación, un proyecto de ampliación que estaba llevando a cabo la empresa; equipos inundados igual que toda una sección de equipo eléctrico y una instalación nueva que estaba en proceso de duplicar la capacidad de producción en las minas, los caminos de acceso, los internos en la empresa están cortados también”.
Relata que las primeras labores que se ejecutaron fueron la rehabilitación del equipo eléctrico, una vez que la CFE pudo restablecer el servicio; la reconstrucción de la tubería, el acueducto y la carretera, pero de poco sirve, pues las minas están llenas de agua.
Pasa el tiempo, la aseguradora no paga y el 1 de febrero se entra en paro técnico, normado por el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo y se entrega a todos los trabajadores un mes de indemnización, el máximo que establece la ley. La empresa convoca a 30 trabajadores especializados para que continúen los trabajos de desagüe y de fortificación y apuntalamiento de los túneles y finalmente se ve obligada a suspender también estos trabajos el 30 de abril. Hoy las instalaciones son resguardadas por personal de vigilancia y sólo quedan cuatro personas en el área administrativa.
Meza dice que durante los meses posteriores al desastre, el gobierno local, que encabeza Leonel Cota Montaño, da bandazos en torno al apoyo que se requiere para rahabilitar las minas. Primero, plantea enviar abogados que asesoren en cobro del seguro y a los trabajadores. Después, interviene en la Secretaría de Gobernación, donde al final no queda claro si podrán obligar a ING Seguros Comercial América a resarcir el daño.
Mientras recorre palmo a palmo las minas, explica que Minera Rofomex tiene tres bocaminas El Pato, El Salado y La Esperanza, de donde se extrae roca fosforita en aproximadamente 7 mil 500 toneladas diarias. El complejo industrial se asienta en parte de unas 28 mil hectáreas, de las cuales se explotaba hasta el día del siniestro unas cinco mil 400, y tiene una vida útil de 50 años. La producción se enviaba a la procesadora de fertilizantes de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Agroindustrias del Balsas.
En México no hay fertilizantes fosfatados. Hay tres tipos de fertilizantes: nitrogenados, fosfatados y potásicos. En el país sólo se producen fosfatados y nitrogenados y Fertinal, por medio de su subsidiaria Industrias del Balsas, produce prácticamente el cien por ciento de fertilizantaes fosfatados en el país. Al estar parada la fuente de la materia prima que es Minera Rofomex, hay desabasto de fertilizantes a nivel nacional.
También producía fertilizantes nitrogenados basados en amoniaco y estando paralizada la producción en las minas, ha impactado a Pemex en su nivel de producción de amoniaco.
Carlos Meza considera que no se ha ubicado en su real contexto el problema de que el país carezca de un abasto propio de fertilizantes, el cual que no puede sujetarse al juego de libre mercado, ya que el país sólo podrá alcanzar una autosuficiencia alimentaria teniendo control también de los insumos importantes para el campo, como la producción de fertilizantes.
Los grandes productores, los que abastecen y tienen excedentes y controlan el mercado son dos y están operando mediante de la asociación estadunidense Fosquen, la cual comercializa buena parte de los fertilizantes fosfatados en el mundo.
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