La conflictividad que ha provocado la posible instalación de una mina en la comunidad indígena de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, ha llevado a legisladoras del Congreso de la Unión a emitir un punto de acuerdo para respetar los derechos de los habitantes de ese lugar, que corren el riesgo de perder su principal abastecimiento de agua, entre otros impactos ambientales.
En el documento firmado por la diputada Loretta Ortiz Ahlf, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se demanda que se respete la voluntad de la comunidad indígena que ha decidido negarse a la apertura del proyecto minero.
Solicita al presidente municipal de Comala, Braulio Arreguín, y al gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, den informes con respecto de la represión que se ejerció contra los pobladores en la manifestación del pasado 13 de marzo, donde “servidores públicos incurrieron en un uso excesivo de la fuerza en contra de las mujeres, niños y ancianos indígenas” que se pronunciaban en contra del proyecto.
Asimismo, la diputada petista solicita al procurador Agrario, sea removida de su cargo la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, “quien con sus acciones ha incrementado el nivel de tensión y violencia en el conflicto municipal”.
En el Senado de la República, la legisladora Layda Sansores exhortó al presidente de la República para que, a través de los mecanismos institucionales, sea removida de su cargo Díaz Rivera, que “ha puesto en riesgo la integridad de las personas ambientalistas así como a integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan.
De este caso ya tiene conocimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego de que opositores a la instalación de la minera interpusieran una queja por recibir una serie de amenazas contra indígenas de la región y ambientalistas.
Los indígenas de la comunidad de Zacualpan solicitaron asesoría a la organización ambientalista Bios Iguana, pues en su territorio pretenden instalar una mina a cielo abierto de oro, plata, cobre y manganeso (sobre un territorio de 100 hectáreas), a un kilómetro de su comunidad.
Entre los impactos del establecimiento de la minería se encuentra la contaminación de un manantial que dota de agua a las 3 mil personas que habitan el municipio y que beneficia a otras 300 mil de los municipios de Villa de Álvarez y Colima.
