Los gobiernos federal y de Jalisco pretenden desplazar a más de 800 personas de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para construir la presa El Zapotillo. No hay consulta pública ni estudios de impacto ambiental aún; pero ya se levanta una cortina de 105 metros de concreto sobre el Río Verde con la que se hundirán los pueblos de los altos de Jalisco
Érika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Temacapulín, Jalisco. Va y viene de un lado a otro. Lleva y trae refrescos y cervezas. Atiende el Mesón “Doña Tachita”, una pequeña fonda en la que cocina Juanita, su esposa. Acude a las asambleas del pueblo. Levanta el puño y grita ¡No al Zapotillo!
Es Alfonso Íñiguez Pérez, un hombre de 74 años, menudo y ágil. Decidió regresar a Temacapulín hace algunos años para estar tranquilo en el pueblo que lo vio nacer; disfrutar de la pesca del río, del maíz de la milpa, de la casa que le heredaron sus padres, de las aguas termales que nacen en el pueblo.
Descansaba del trabajo que realizó en la ciudad de México por más de 50 años como empleado de Ferrocarriles Nacionales de México y, posteriormente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, su “tranquilidad” y la de su familia se trastornó hace tres años cuando le informaron sus vecinos que el pueblo sería inundado, al igual que los de Acasico y Palmarejo.
Su casa quedaría bajo las aguas de la presa El Zapotillo, proyecto impulsado desde 2006 por el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y las administraciones estatales de Jalisco y Guanajuato.
Don Poncho, miembro del Comité Salvemos Temaca –abreviatura que los oriundos hacen del nombre de su poblado–, relata: “Nuestro pueblo estuvo abandonado por muchos años. Teníamos que montar en burro para llegar a la carretera que nos lleva a Guadalajara; recorríamos unas cinco horas de camino.
Luego, en 1955, se inició un camino para la construcción de la presa La Zurda, y “ahí participamos muchos. Trabajamos en ella y nunca nos imaginamos que una obra de esa magnitud nos fuera a quitar nuestras casas años después”.
El Zapotillo
Más de 200 trabajadores, originarios de diversos estados de la República, edifican un muro de concreto que da inicio a la cortina que interrumpirá el paso del Río Verde, en el predio de El Zapotillo.
Azorados, ven a un grupo de personas que se internan hasta donde ellos trabajan. Se oyen gritos, consignas; una voz por el magnetófono que dice ¡No al Zapotillo! Los que se encuentran por encima de la construcción, sujetando o soldando varillas, bajan inmediatamente, se reúnen en grupo; salen con paso apresurado. Dejan la obra.
Los manifestantes se asombran. Es la primera vez que pueden llegar hasta el lugar donde se ha comenzado la presa que inundará su pueblo. Miran, con sorpresa, la maquinaria pesada, el corte, casi perfecto, que se ha hecho en el cerro. Ya está listo el “túnel de desvió” que interrumpirá el cause del río.
Cuatro kilómetros de distancia, trazado en zig zag, habían ocultado a simple vista lo que ahí ocurría. Los pobladores de Temaca pensaban que la obra estaba suspendida, que las autoridades primero harían una consulta pública para saber si ellos querían irse. No ha sido así.
La presa El Zapotillo es un proyecto intergubernamental impulsado por el gobierno federal y los estados de Jalisco y Guanajuato. El dique, que contará con más de 105 metros de altura, inundará las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y desplazará de sus lugares de origen a más de 800 personas.
Esta obra fue concedida a las empresas Acciona Infraestructuras, La Peninsular Compañía Constructora, FCC Construcción y Grupo Hermes, bajo el concurso de licitación pública internacional 16101037-063-08, que implica un monto de más de 8 mil millones de pesos.
El acta que otorga el fallo indica que la obra comprende el “diseño y construcción de la presa de almacenamiento Zapotillo sobre el Río Verde, en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, Jalisco, para el abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato”.
Promesas insuficientes
“El gobierno del estado de Jalisco construye el Centro de Población Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón”, se lee en un cartel a la entrada de un predio. Ahí se edifican 460 casas de ladrillo, con acabados de aluminio, de una sola planta y tres habitaciones principales.
La maquinaria de la empresa española FCC Construcción trabaja en la mezcla de cemento; carga arena y agua.
Tapetes de pasto seco bordean la “casa modelo”. La tierra luce erosionada. Desde la construcción, cubierta con pisos de azulejo, se puede ver el pueblo que será inundado por las aguas del Río Verde. Se hunde entre cuatro cerros. Resalta una bienvenida en piedra que dice “Desde el siglo VI, Temacapulín te saluda”.
“¡Aquí no podemos sembrar ni chile ni frijol ni calabazas!”, dice el sacerdote Gabriel Espinoza Íñiguez mientras se para sobre el concreto de la avenida principal, del proyecto de vivienda en el que se pretende reubicar a los pobladores de Temaca.
Como en homilía, los fieles le escuchan. El padre Chayo, llamado así por sus feligreses y amigos, ha sido amenazado por empleados de la Arquidiócesis de Guadalajara para que deje de apoyar a los pobladores de Temacapulín.
Sin embargo, él no cesa. Originario de este pueblo, el sacerdote adscrito a una parroquia en Guadalajara reclama: “El pueblo no ha sido consultado; no se le ha dado la oportunidad de dar una decisión democrática. Esto es totalmente una imposición; es el signo de un imperialismo del gobierno de Jalisco; es una complicidad entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal”.
Desacato
María Alcides mira, azorada, lo que pretende ofrecerle el gobierno estatal. “¡No lo vamos a aceptar!”, dice. Ella es una mujer de 64 años que sobrevive de la venta de sus bordados y tejidos.
Se alimenta del frijol, maíz, calabazas y chile que siembra en su milpa. Es viuda desde hace varios años y la única herencia que tiene es la casa que construyó su esposo en la década de 1970. Edificada en un terreno amplio con muros de adobe, techos altos, vigas de madera y teja, la casa de María es fresca, cómoda y colorida.
Al borde del letrero, colocado en la entrada del predio, se lee “Autorización condicionada en materia de impacto ambiental 0613/05273/2009”. El permiso de la construcción no está definido, en su lugar se encuentra una serie de letras equis que remplazan la autorización.
Y es que, de acuerdo con el expediente V319/2009 –adscrito a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de los Administrativo, y del cual Contralínea posee copia–, se concedió la suspensión de la obra, en tanto no se lleve a cabo una consulta pública.
Recomendación rechazada
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco emitió, el año pasado, la recomendación 35/2009, en la que indica que el gobierno de Jalisco, “a través sus órganos y agentes, violó los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud, por lo que, atentos a los ejes de la gestión integral sustentable, gobernanza, y reparación del daño, se emiten los siguientes puntos recomendatorios”.
Dirigida al gobernador jalisciense Emilio González Márquez, promueve que se giren instrucciones a las áreas de la administración pública a su cargo para que “se suspenda de inmediato cualquier movimiento de tierra, nivelación, compactación y desmonte en el sitio en el cual se pretende construir la presa El Zapotillo”.
Además sugirió que se empleen recursos estatales suficientes en coordinación con las autoridades federales para practicar estudios que permitan considerar “proyectos alternativos”, en los que sea una prioridad el respeto a las comunidades afectadas y se procure “el menor perjuicio al ejecutar obras de infraestructura orientadas a cumplir con el compromiso asumido con la Conagua y con el gobierno del estado de Guanajuato”.
El tercer punto en orden de importancia indica que el gobierno estatal “se abstenga de realizar cualquier acción que redunde en actos de hostigamiento en contra de pobladores y propietarios de fincas en Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.
No obstante las observaciones hechas por el órgano estatal en defensa de los derechos humanos, la administración de González Márquez rechazó la recomendación 35/2009 bajo el argumento de que la presa es un proyecto del gobierno federal.
Daño sicosocial
Jorge Gastón Gutiérrez Rosete Hernández, sicólogo y profesor, investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, realizó un dictamen en materia de sicología social en el que se determina que la construcción de la presa El Zapotillo ha tenido un impacto sicosocial entre los pobladores de Temacapulín. Resalta el estrés y la ansiedad entre los adultos mayores.
El documento –cuya copia posee Contralínea– señala que, ante la amenaza de un desplazamiento forzado, los habitantes de Temacapulín manifiestan “efectos emocionales y físicos” ante situaciones de estrés sostenido; que ocasiona sufrimiento, depresión, angustia, ansiedad, tristeza, miedo, desmoralización y dificultades para afrontar la situación a la que se enfrenta la comunidad.
“En casos extremos, esta situación permanente de estrés y preocupación se asocia al agravamiento de síntomas de enfermedades crónico degenerativas y algunas muertes en la población. El grupo más afectado y vulnerable está representado por los adultos mayores, que es un grupo importante en la estructura de la población”, dice el dictamen.
El peritaje también señala que el elemento más importante dentro de las variables de impacto social se manifiesta en las cuestiones relativas a la justicia social, uno de los factores que influyen en la vulnerabilidad de la población de Temacapulín.
“Consideran que los responsables del proyecto de la construcción de la presa de El Zapotillo y el gobierno no los han tomado en cuenta, se sienten engañados, hostigados y violentados en sus derechos más básicos, lo que ha ocasionado una desconfianza hacia todas aquellas personas desconocidas que van al pueblo.”
La defensa
Claudia Gómez Godoy, integrante del Colectivo Coa –grupo de abogados que trabaja en la defensa de derechos colectivos y de los territorios de los pueblos–, indica que, a la fecha, se han promovido 150 amparos en beneficio de la misma cantidad de personas: 10 amparos en materia de constitucionalidad, seis juicios de nulidad administrativa ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y tres ante el Tribunal Federal.
Y es que, de acuerdo con Gómez Godoy, las principales irregularidades que hay en el caso son la falta de una consulta entre la población, no hay estudio de impacto ambiental y la construcción de las casas del Centro de Población Temacapulín está suspendida por orden de un juez.
La abogada, quien lleva los casos junto con su colega Guadalupe Espinoza Sauceda, dice a Contralínea que la lucha de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo es para detener la obra, el proyecto y que se busquen otras alternativas.
Recuerda las palabras del exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña –quien decidió cancelar la construcción de la presa de San Nicolás, también proyectada sobre el Río Verde–: nunca harán un proyecto que afecte pueblos y comunidades.
Alega que la construcción de represas no son proyectos viables, toda vez que el tiempo de vida es de 25 o 30 años. Mientras, ya se destruyó el ecosistema, se desplazó a centenas de personas lejos de sus lugares de origen y se afecta a poblaciones enteras que son inundadas cuando las presas han llegado a su límite de vida.
“En materia jurídica hemos tratado de combatir la falta de información, solicitándola a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. En los juicios se ha pedido que la Comisión Nacional del Agua distribuya un plano de inundación, pero éste ha sido negado bajo el argumento de la no existencia.”
Entre los obstáculos que observa la abogada del Colectivo Coa en materia judicial, destaca que toda la propiedad es privada en el pueblo; no hay ejido ni comunidad, “lo que hace cada vez más complejo el proceso porque no puede haber una defensa colectiva”.
Contralínea 204 / 17 de Octubre de 2010
