A diario, el SNI atiende de tres a cuatro casos en los que se presume mala fe

Ninguno de los 498 nombres que figuran en la lista de las solicitudes aprobadas durante el proceso de reconsideración 2012 del Sistema Nacional de Investigadores corresponde al de Víctor Palacio Muñoz.

A finales del año pasado, el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo impugnó, ante el Consejo de Aprobación, el fallo del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), respecto de la negativa de reingreso a esta instancia. Tres meses después, el 22 de enero de 2013, el director José Luis Fernández Zayas le comunicó que el Consejo de Aprobación ordenó ratificar la no aprobación de su ingreso al SNI.

Agotadas estas instancias, Palacio Muñoz prepara una batalla externa. Al seguir los pasos del académico, profesor e investigador de El Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada, el investigador acudirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para denunciar su caso.

Víctor Palacio argumenta que la no ratificación de su nombramiento como investigador nacional, a cargo de la Comisión Dictaminadora Área: V Ciencias Sociales, responde a un conflicto de intereses y no a criterios académicos, situación que implica un asunto de discriminación y de violación de sus derechos fundamentales.

Fernández Zayas, director del Sistema Nacional de Investigadores, lamenta que este tipo de conflictos ocurran en una institución de prestigio. “Está muy mal que investigadores y profesores vean en el SNI una amenaza. Yo no comparto mucho esos miedos, pero estoy consciente de que se deben atender”.

Con base en su experiencia como director del SNI, cargo que asumió el 1 de enero de 2012, el ingeniero mecánico electricista advierte que cuando se trata se evaluar entre pares, los conflictos entre “pandillas antagónicas” son comunes.

“Es muy común que el investigador que no queda bien calificado diga que se actuó de mala fe. Yo atiendo entre cuatro y cinco casos de estos diariamente”, asegura el funcionario.

—¿Si esta situación es tan recurrente como usted señala, qué debe modificarse en el Sistema Nacional de Investigadores para evitarla?

—Toda organización humana es proclive a la discriminación. Yo creo que no se requiere un cambio formal, pero sí una serie de estudios y análisis profesionales; además [de] que todos pongan de su parte para mejorar el SNI, que no es un sistema perfecto, pero sí bastante bueno.

El Sistema Nacional de Investigadores, creado en 1984 por acuerdo presidencial, concentra a la elite de la investigación en el país. La distinción otorgada por esta instancia consiste en el nombramiento de investigador nacional, símbolo de calidad y prestigio, acompañada de estímulos económicos que oscilan entre los tres y los 14 salarios mínimos, de acuerdo con el nivel asignado: candidato a investigador nacional, investigador nacional niveles I, II y III, e investigador nacional emérito.

Por eso, año con año, cientos de profesionistas dedicados a la producción de conocimiento científico y tecnológico buscan acceder o renovar su adscripción a esta agrupación. No todos lo consiguen. En 2010, por ejemplo, sólo cuatro de cada 10 investigadores formaron parte del SNI.

A pesar de que, en teoría, este Sistema establece criterios “confiables y válidos” para la evaluación de las actividades de investigación realizadas por académicos y tecnólogos, hay quien ha puesto en duda el fallo de las comisiones dictaminadoras encargadas de decidir sobre las solicitudes de ingreso, reingreso y prórroga.

Uno de los casos más renombrados es el del Sergio Aguayo, quien en dos ocasiones se ha inconformado con este Sistema. “Encontré evidencias sobre violaciones al reglamento originadas por posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. De confirmarse, sería una prueba concreta de que en el SNI hay resquicios para inflar u obstaculizar carreras, lo cual afecta la credibilidad de una institución importante para las ciencias y la generación de conocimiento en México”, advierte el politólogo en su página electrónica.

La primera de sus inconformidades data de 1996, cuando fue relegado de nivel como consecuencia de que “una colega se irritara con el contenido de una columna publicada en [el diario] Reforma”, según su propia narración. En aquella ocasión, Aguayo logró que lo regresaran a la categoría arrebatada y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendara al SNI –que entonces carecía de un mecanismo de apelación– establecer instancias para atender inconformidades (Recomendación 65/1998).

En 2011 la historia se repitió: Aguayo Quezada fue desplazado del nivel III al nivel II, producto de un “conflicto de intereses”. Finalmente, luego de un largo proceso de “apelación y evidencia”, el también columnista logró, por segunda ocasión, la devolución de su categoría.

Fuente: Contralínea 325 / marzo 2013