Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal

La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.

En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.

Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.

La ocupación policiaca de las instalaciones administrativas y operativas impidió que los auditores concluyeran su trabajo: sus equipos de cómputo, papelería, así como la documentación que revisaban a LFC quedaron incautados. Aunque para esos momentos los fiscalizadores ya habían logrado concluir algunas auditorías en las oficinas centrales del llamado Edificio Verónica (en la avenida Melchor Ocampo), las cuales la ASF incluyó dentro de su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 recientemente publicado.

El resultado de tales auditorías evidencia la responsabilidad de la administración de Jorge Gutiérrez Vera en millonarios quebrantos a LFC. Revela lo costoso de la mala planeación en los proyectos medulares, un desmedido sobreejercicio presupuestal, pagos en demasía a terceros, desvío de recursos y peculado, un uso y abuso de millonarios recursos de la paraestatal que, sin duda, contribuyeron a la “quiebra” aludida por Felipe Calderón.

Ante tales hallazgos, el órgano máximo de fiscalización del país solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrir las investigaciones en contra de los funcionarios responsables, en su mayoría, directivos “de confianza” encabezados por Gutiérrez Vera.

Las auditorías

La ASF auditó los recursos en efectivo y las inversiones temporales que manejó la Subdirección de Finanzas de LFC, a cargo de José María Rivera. En 2008, manejó 3 mil 703 millones de pesos en cuatro cuentas: una de inversión por 3 mil 666 millones, otra de fondos fijos por 2 millones 554 mil pesos, una de fondo remesas extraordinarias por 13 millones 369 mil pesos, y una “caja confidencial” por 20 millones 704 mil pesos.

A juicio de la ASF, el subdirector manejó los recursos con deficiencias en el control interno e irregularidades administrativas. Por ejemplo, descubrió que la Subdirección de Finanzas utilizó cuentas contables que no fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda: para “Préstamo de Garantía Antigüedad Sindicalizada, “Anticipos gastos funeral”, “Otros anticipos”, “Salarios no cobrados”, “Anticipos por vacaciones”.

En esta área, la Coordinación de Remuneraciones y Presentaciones al Personal de Confianza manejaba una “caja confidencial” –que a diciembre de 2008, tenía un saldo de 20 mil 704 millones de pesos–. De ésta se hacían transferencias bancarias a personal activo y jubilados, préstamos a cuenta de antigüedad, pensiones alimenticias, finiquitos, liquidaciones y laudos, principalmente. En tales operaciones, la ASF acreditó transferencias irregulares que contravienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), por ello, solicitó al Órgano Interno de Control abrir las indagatorias respectivas.

La auditoría evidencia un verdadero caos fiscal en el manejo financiero de LFC. Por ejemplo, ninguno de sus registros contables ni estados financieros recibió el visto bueno de la SHCP. Apenas intervenida LFC, Felipe Calderón dispuso clasificar como confidencial toda la información y documentación de la compañía.

La misma Subdirección manejó una cuenta de “Bancos Fondos de Inversión”, en la cual el dinero de LFC se invirtió sin que hubiese una estrategia financiera. Para el 31 de diciembre de 2008, presentaba un saldo de 3 mil 666 millones de pesos en 10 cuentas en HSBC, Santander, Banorte, Ixe, Bancomext, y en las instituciones financieras Monex Inversiones, ING Inversiones, Accival y GB.

Descubrió que no había documento ni análisis que justificara la estrategia financiera de los directivos de LFC para tales inversiones. Tampoco información sobre tasas de liquidez, interés, solvencia, incertidumbre, inflación, condiciones de mercado y vialidad de las inversiones en las instituciones financieras.

Tampoco había indicadores que permitieran verificar en qué medida la estrategia financiera, adoptada por la Subdirección de Finanzas, fue adecuada, considerando la naturaleza de la operación, factores externos objetivos cualitativos y cuantitativos, y cumplimiento de metas. Por ello, la ASF determinó que el subdirector violó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En algunos fondos se hizo uso de recursos bajo el argumento de que se trataba de “gastos menores, urgentes e inaplazables”, sin que existiera el soporte documental que lo acreditara. Respecto del uso de chequeras, se encontró que no había una actualización de autorizaciones para de fondos, destinadas a pagos menores de proveedores.

De la “caja chica”, utilizada para cubrir sueldos no reclamados, gastos de trabajo, anticipos de salario, pensión alimenticia, entre otros, se encontraron erogaciones sin la comprobación debida.

Por ejemplo, sin tener la autorización correspondiente, el 29 de octubre de 2008 los directivos dispusieron de 1 millón de pesos para un “operativo emergente llevado a cabo con motivo de la posible suspensión de labores masivas de los operativos de clase A”. En el manejo de estos recursos, no hubo evidencia operativa ni control de los gastos; en algunas facturas que se presentaron a cuenta de este gasto, se encontraron artículos no justificados; por ello, la ASF pidió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), en su carácter de liquidador de LFC, revisar este caso.

Sobreejercicio presupuestal

Dentro de los proyectos de inversión de LFC, la SHCP le autorizó 467 millones de pesos para “desarrollar y construir sistemas de distribución en el Distrito Federal”. El proyecto consistía en instalar transformadores, construir alimentadores para la red de distribución y sustituir equipo obsoleto. Los directivos gastaron 580 millones de pesos, por lo que la ASF determinó un sobreejercicio de 113 millones de pesos “como resultado de una mala planeación del ejercicio del gasto”.

Pidió a la SFP fincar responsabilidades a los funcionarios que violaron la Ley de Obras Públicas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque además, a cuenta de este mismo proyecto, se pagaron 14 contratos de adquisiciones sin la autorización presupuestal correspondiente.

En el proyecto de desarrollo y construcción de los sistemas de distribución en el Estado de México, se descubrieron irregularidades en el manejo presupuestal, en los procesos de licitación, en la adjudicación de los contratos y un daño patrimonial de 127 millones de pesos.

El proyecto costaría 267 millones de pesos, según explicaron los directivos de LFC ante la SHCP, la cual les autorizó dicho monto. LFC comprobó un gasto de 189 millones, pero no pudo acreditar el destino de los otros 78 millones 406 mil 868 pesos. La ASF dictaminó daño patrimonial por esa cantidad.

El proyecto para “Desarrollar y construir sistemas de distribución en el Estado de México” consistió en instalar transformadores y construir alimentadores para la red de distribución, además de sustituir el equipo obsoleto. Durante su desarrollo, hubo mala planeación, subejercicio, sobreprecios, entre otras irregularidades. En 26 contratos con terceros para adquisiciones y obra relacionadas con este proyecto, no se incluyó la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso de pagos.

Ya en la ejecución hubo gastos “inflados”. Por ejemplo, el “cambio de voltaje” costaría 3 millones 110 mil pesos, pero los directivos de LFC dijeron que gastaron 8 millones 401 mil pesos. La mano de obra costaría 110 millones de pesos, pero se gastaron 180 millones 706 mil pesos; de éstos no hubo comprobación documental por 48 millones 808 mil 262 pesos; por ello, la ASF determinó un daño patrimonial por esta última cantidad y pidió a la SFP fincar las responsabilidades administrativas sancionatorias.

El proyecto de sustitución y blindaje de la red -que tenía por objeto disminuir las pérdidas de energía por medio de la sustitución de transformadores aéreos de gran capacidad por transformadores de bajas capacidades asociados con la reducción de la longitud de las redes de baja tensión-, costaría 97 millones de pesos, que autorizó la SHCP. Los directivos de LFC gastaron 119 millones 705 mil pesos.

La ASF dictaminó que hubo un sobreejercicio de 21 millones 798 mil pesos, “derivado de una mala planeación del ejercicio del gasto sin la autorización correspondiente y sin la acreditación de haberlo informado en su oportunidad a la Secretaría de Hacienda”.

Además, al auditar el pagó por mano de obra, la ASF no pudo comprobar tales pagos, así que se determinó que hubo un daño patrimonial por los 59 millones 383 mil 164 pesos. En este caso se acreditaron violaciones a la Ley de Obra Pública y a la LFPRH.

En las adquisiciones que LFC hizo en 2008, se detectaron siete contratos que se habían pactado un año atrás, cuyo monto ascendió a 4 millones 129 mil pesos, con fecha de compromiso de entrega para ese mismo año. LFC no pudo justificar el atraso, que en algunos casos debieron rescindirse. En otros, no impuso las penalizaciones correspondientes. Por ejemplo, por los atrasos en sus entregas, a Prolec GE Internacional, se le penalizó por sólo siete días, en lugar de 21.

Compras sospechosas

De los gastos que a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de la liquidación de LFC se hicieron a cuenta de los “Fondos fijos”, se descubrieron numerosas compras realizadas por adjudicación directa, aunque el monto obligaba a los funcionarios a licitarlas, pero además, en muchas de ellas se pagó dos y hasta tres veces más de lo autorizado.

Por ejemplo, en papelería y artículos de oficina se gastaron 8 millones 393 mil 100 pesos, contra 2 millones 300 mil pesos autorizados, es decir, gastaron 300 por ciento más de lo aprobado por Hacienda. En artículos de cómputo, 776 mil 300 pesos, contra lo autorizado de 330 mil. Compra de garrafones de agua por 4 millones 377 mil pesos, cuando era de 2 millones 300 mil.

En utensilios de limpieza, 3 millones 402 mil 800 pesos, contra 2 millones 300 mil autorizados. Compra de refacciones por 2 millones 819 mil 400 pesos, 500 mil pesos más. En lubricantes y aditivos de vehículos, 773 mil pesos, contra 330 mil.

Más pérdidas

El 14 de noviembre de 2005, Luz y Fuerza compró a General Electric International Operations Company 14 plantas generadoras de energía eléctrica. La adquisición incluía el mantenimiento “en garantía” (preventivo y correctivo), por el que se pagaron 770 millones de pesos. Hasta el momento de auditar el contrato (agosto de 2009), el mantenimiento no se había proporcionado.

Dos de las 14 plantas (Coapa y Aragón), no entraron en operación comercial, ello por deficiencias acreditadas a General Electric, ya que los estudios de suelo “no fueron los adecuados”, para ambos casos, porque al instalarse, la planta no funcionó.

Al analizar los egresos del rubro “Servicios generales”, que durante el último año de operación de LFC manejó 1 mil 391 millones de pesos, se detectaron “debilidades y deficiencias” en el control interno.

A cuenta de éste, se compraron licencias de software a Microsoft, pero los auditores de la ASF no pudieron identificar en qué equipos de instalaron. De la misma partida se pagaron los seguros de bienes muebles e inmuebles contratados con Inbursa; Grupo Financiero Inbursa, y Axxa. Se descubrió que, irregularmente, se adquirieron tomando como base un avalúo de los bienes muebles e inmuebles en 2005 y no al 2008, que era el que correspondía, lo cual repercutirá, a juicio de la ASF, “en una recuperación menor de los bienes asegurados”.

Vigilancia, fuga de recursos

De la partida presupuestal de “Servicios generales” se pagó también el servicio de vigilancia contratado a corporaciones policiacas. En nueve contratos vigentes desde 2007, se aplicaron montos adicionales “sin la debida justificación”, hasta por el 45 por ciento más del pactado en el contrato inicial.

En abril de 2006, Contralínea (número 53) documentó diversas irregularidades en los servicios de vigilancia que LFC contrataba a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal para todas sus instalaciones. En los años posteriores, las deficiencias continuaron, según lo documentó la ASF en sus auditorías.

Los manuales mediante los que se contrataba el servicio carecían de validez oficial y no contaban con el visto bueno de la “Sugerencia de normatividad” de la Subdirección de Abastecimiento y Transporte ni con la autorización respectiva de la Comisión de Mejora Regulatoria Interna. El programa de supervisión, con el cual operaban las corporaciones policiacas para LFC, tampoco estaba autorizado.

Respecto de los pagos por servicios se revisaron sólo algunos, cuyo monto ascendía a 146 millones de pesos. Se encontró que dicho pago no había sido validado por la Gerencia de Contabilidad de LFC. Los servicios en las instalaciones de LFC en Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal no habían sido aprobados ni validados para su pago. Además, al revisar algunas pólizas se detectaron pagos en demasía. Por ejemplo, en la subestación Nonoalco, la SSP cobraba por 21 elementos, y sólo laboraban 10. Ante ello, la ASF dictaminó un daño patrimonial que deberá ser investigado por la SFP.

En los últimos años, LFC también contrató a terceros la custodia de valores. La última fue con Banco Santander Mexicano, mediante el contrato SS-013/2008, vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2008. Se encontró que se le pagó el mismo servicio para los meses de enero a marzo, es decir, cuando el servicio aún no se licitaba.

Al revisar el contrato, los auditores detectaron que carecía de cláusulas relativas a la prohibición de hacer transferencias a cuentas de terceros y la obligación del custodio de enviar mensualmente el detalle de todos los valores gubernamentales a su cargo, es decir, se operó sin que el custodio (Banco Santander) tuviera ninguna responsabilidad sobre los valores que custodiaba. Ante la gravedad, la ASF pidió a la SFP abrir la investigación y fincar las responsabilidades correspondientes.

Irregularidades en inmuebles

Al momento de su extinción, LFC era propietaria de 489 inmuebles. La ASF alcanzó a revisar los expedientes relativos a 75 de ellos, es decir, apenas el 15 por ciento de las propiedades. Algunas de las irregularidades encontradas fueron: la mitad tenía incompleta la escrituración; sólo 47 estaban a nombre de LFC; 31 a nombre de LM Guibara Sucesores Sociedad en Comandita; tres a nombre de la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, uno a nombre de la compañía Hidroeléctrica del Río Alameda.

Todas ellas son las empresas propietarias de los inmuebles antes de que se nacionalizara la industria eléctrica, lo que significa que, pese a que hubo contratos de compra venta, nunca se formalizó la propiedad de todos los inmuebles a nombre de Luz y Fuerza del Centro, incluso tres de ellos estaban a nombre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las escrituras de 34 bienes inmuebles de LFC no contaban con el sello del Registro Público de la Propiedad, y 69 no fueron inscritas al Registro, por lo que los directivos de LFC violaron la Ley General de Bienes Nacionales, el Código Civil Federal y el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, dictaminó la ASF.

El mismo desorden era extensivo a todo el registro e inventarios de inmuebles, muebles y plantas de LFC. Al auditar el Programa para la Elaboración de Inventarios, el cual tenía como objetivo acreditar la propiedad, actualizar registros y resguardo de bienes y el inventario de plantas, instalaciones y equipos en operación valuados en 80 mil 806 millones de pesos, la ASF detectó “debilidades” y “deficiencias” en el control interno, ya que la Gerencia de Contabilidad no tenía los inventarios físicos de bienes inmuebles, líneas de distribución y transmisión, equipo de cómputo y telecomunicaciones, y plantas de generación.

Al respecto, en julio de 2008 la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza había señalado la necesidad de que el titular de la dependencia tuviera al día los inventarios en cumplimiento al programa; sin embargo, éstos no se efectuaron, por lo que “se determinó que no se cumplió con las actividades”.

Decreto de opacidad

El carácter de confidencialidad que Calderón Hinojosa le dio a las operaciones administrativas y financieras de LFC tras su extinción contribuyó a la opacidad en torno al manejo que Jorge Gutiérrez Vera dio a los millonarios recursos públicos de la paraestatal y el destino del dinero que no pudo acreditarse. Quedó en el aire información tan relevante como el destino de 2 mil 960 millones de pesos que LFC manejó en el Programa de Distribución de Energía Eléctrica en el ejercicio fiscal 2008.

La ocupación de la PFP impidió también que la ASF auditara las operaciones, registros y movimientos de los 16 mil 35 millones de pesos que ingresaron a la compañía LFC por el pago del suministro de energía eléctrica. La ASF había planteado que constataría si la recaudación se había efectuado oportunamente y si los particulares pagaron el monto correspondiente, cotejándolo con la documentación que LFC poseía en las instalaciones de Melchor Ocampo.

Sobre este tema, en noviembre pasado, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, denunció la existencia de 6 mil 500 “cuentas especiales” de empresas, compañías, embajadas, y diversas áreas de gobierno federal, incluida la residencial oficial de Los Pinos, secretarías de Estado, además de dependencias de gobiernos estatales y municipales que desde hacía años no pagaban energía eléctrica, y reveló los nombres de algunos de los beneficiados.

Éste sería precisamente uno de los rubros que auditaría la ASF, de acuerdo con un oficio que el 2 de septiembre la Auditoría le envió a Gutiérrez Vera. La revisión incluiría identificar a unas 500 empresas a las cuales, según información que poseía la ASF, extraoficialmente se les permitía conectarse a las redes de LFC sin pagar el suministro.

La auditoría comenzó a finales de septiembre. Dos semanas después sería interrumpida por la ocupación policiaca. Dada la relevancia del tema, la directora general jurídica de la ASF solicitó al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que se les permitiera a los auditores concluir su revisión, de acuerdo con documentos remitidos por la ASF el 18 de noviembre. Se les permitió rescatar sus equipos de cómputo, pero no continuar la fiscalización.

La ASF destaca que “no se dieron las condiciones” para auditar las aportaciones de particulares. El decreto de Calderón y la reticencia a la transparencia por parte del equipo, designado por su gobierno para el “Proceso de desincorporación del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, impidieron tener claridad sobre el manejo que Gutiérrez Vera dio a los 16 mil 35 millones que en 2008 ingresaron a las arcas de LFC vía pagos del suministro de energía eléctrica.

Pero no fue el único rubro sin auditar. Durante la ocupación policiaca, el personal de la ASF fiscalizaba los 2 mil 52 millones de pesos que ingresaron por producción y servicios de fábricas y talleres de LFC. La víspera de la publicación del decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación se detuvo la auditoría. Aunque el jurídico de la ASF pugnó también porque el Sae le permitiera auditar tales recursos, éste se negó. De tal manera que “no se contó con los elementos para cumplir con el objetivo de la auditoría”, resolvió el órgano de vigilancia.

Otra revisión no realizada fue la de los 334 millones 760 mil pesos que se gastaron en la renovación del parque vehicular y el equipo pesado.

Extrañamente Calderón no permitió a la ASF concluir las auditorías y dictámenes para identificar a los responsables de la quiebra que, según dijo, motivó la decisión de liquidarla. Por el contrario, a Gutiérrez Vera y otros directivos de la compañía, como José Antonio Prado Carranza, titular jurídico (excompañero de César Nava Vázquez en la Universidad Panamericana y su exsubordinado en Petróleos Mexicanos), responsables de las observaciones dictaminadas por la ASF, se les otorgaron jugosas liquidaciones.

FUENTE: CONTRALÍNEA 177 / 11 DE ABRIL DE 2010