En este sexenio, 87 desapariciones forzadas en Michoacán

El futuro propio se borra para una madre con un hijo desaparecido, más aún si se adhiere a la pena la pérdida de otro miembro de la familia. La vida se vuelca en una búsqueda insaciable; en la añoranza por los seres que fueron arrancados…

Bertha Corona perdió de un solo golpe a uno de sus ocho hijos y a su hermano. En mayo pasado, con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, viajó a la Ciudad de México para difundir su situación, que, según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, afecta a unas 87 familias de esa entidad.

En respuesta a la solicitud de información pública ST/030/2012, Guadalupe Ramos Cervantes –visitador auxiliar adscrito a la Dirección de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento– revela que ingresaron al organismo autónomo 76 quejas por desaparición forzada de personas , del 1 de diciembre de 2006 a los primeros días de junio de 2012. Las víctimas: 82 hombres y cinco mujeres.

La tarde del 23 de septiembre de 2009, en el preámbulo del arribo de la mariposa monarca a Michoacán, Patricio Barrera Corona, Simón Corona Balderas, Rigoberto Mejía Mendoza y otra persona fueron desaparecidos en un retén de la policía municipal ubicado en el municipio de Turicato, ubicado entre las localidades de Cahulote de Santa Ana y La Salada. A la fecha, no se sabe nada de ellos.

Ese mismo día por la mañana, los cuatro hombres salieron de La Salada hacia el palacio municipal de Turicato a bordo de una camioneta. Entregaron a las autoridades un escrito mediante el cual les solicitaban material para una iglesia; luego fueron a Tacámbaro a “hacer otro mandado”. Alrededor de las 17:00 horas Simón Corona, padre de cinco hijos, llamó a su familia para decirles que ya estaban muy cerca de su casa, comprando pan en una tienda de Cahulote de Santa Ana. Ésta fue su última comunicación.

Bertha Corona tiene la certeza de que sus familiares y los dos hombres que los acompañaban fueron retenidos y luego desaparecidos por elementos de policía municipal que se encontraban apostados a unos 12 kilómetros de la tienda de pan. Y es que unos minutos después de la llamada de Simón a sus familiares, otro de sus hermanos cruzó ocasionalmente por el retén policiaco. A la fuerza y sin motivo alguno, los uniformados lo bajaron de su vehículo y lo despojaron de su celular. Finalmente, luego de realizar un par de llamadas y de observar con insistencia que viajaba acompañado de un niño, lo dejaron libre.

Estos desaparecidos no son luchadores sociales ni periodistas; tampoco defensores de derechos humanos. Son campesinos, carpinteros, ciudadanos que apenas concluyeron los estudios básicos. Con el Operativo Conjunto Michoacán, a finales de 2006, las desapariciones forzadas en la entidad se multiplicaron y expandieron a sectores de la población que tradicionalmente no eran su blanco, acota Janahuy Paredes Lachino, hija de Francisco Paredes Ruiz, activista detenido-desaparecido en septiembre de 2007.

De acuerdo con el conteo del Comité de Familiares de Desaparecidos Detenidos Hasta Encontrarlos, del que esta joven forma parte, en lo que va del sexenio las desapariciones forzadas consumadas en territorio michoacano son al menos 57. Las cifras de la organización no gubernamental contemplan también las desapariciones de personas perpetradas en otras entidades del país (Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Colima); así, la suma alcanza los 128 casos.

A partir de los testimonios de decenas de familiares que se han acercado al Comité Hasta Encontrarlos, Paredes Lachino comenta que los responsables de estos crímenes, dirigidos primordialmente contra hombres de entre 15 y 35 años, son grupos paramilitares, policías municipales, estatales y federales, así como elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales local.

Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, los presuntos perpetradores son, en su mayoría, servidores públicos federales. Destacan la Policía Federal y el Ejército Mexicano, según sus informaciones. Por eso, 72 de las 76 quejas recibidas fueron archivadas y turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Respecto de la edad de las víctimas, esta instancia refiere que en el momento de su desaparición, 32 de ellas tenían entre 18 y 25 años; 29, entre 25 y 35 años; 14, entre 36 y 45; y 12, 46 o más. También aporta información sobre los municipios con mayor incidencia: Zitácuaro, Tacámbaro, Morelia, Tuxpan, Hidalgo, Zamora, Jacona y Jungapeo.

Cuestionado al respecto, José Jesús Reyna García, secretario de Gobierno de Michoacán, asegura que a pesar de que ha dialogado con familiares de personas desaparecidas, incluidos los integrantes del Comité Hasta Encontrarlos, no tiene conocimiento del “involucramiento de la autoridad en la desaparición de alguna de estas personas”.

—Ellos han estado conmigo y no me han hecho una denuncia donde me digan: en tal caso se involucra o señala como posible responsable a tal autoridad o a tal agente de la autoridad.

Sin embargo, ante la insistencia de este medio de comunicación respecto de las denuncias reportadas por organizaciones de la sociedad civil, el funcionario recuerda que “en algún caso” le platicaron que cerca del lugar donde “secuestraron a una persona o se habían llevado a una persona”, a unos 100 o 200 metros de distancia, había una camioneta de la policía.

De estar involucrado algún servidor público en estas desapariciones debe ser castigado conforme a la ley, sentencia Reyna García. Asevera que el gobierno local no tiene la intención ni la instrucción de proteger a “ningún agente que actúe al margen de la ley”.

El secretario de Gobierno de Michoacán manifiesta, asimismo, que es erróneo señalar que se trata de desapariciones forzadas, “pues todas las desapariciones que se dan son contra la voluntad, o sea, que son forzadas”.

De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas, la desaparición forzada refiere un tipo específico de desaparición: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”.

Según las cifras proporcionadas por José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las desapariciones que involucran a servidores públicos son las menos en Michoacán. Así, sólo 39 de las 318 quejas por desaparición que recibió la Comisión en lo que va de los últimos dos años, refieren desapariciones forzadas.

El patrón, acota el ombudmsan local, son los casos de personas que salieron a trabajar, a la tienda o simplemente a hacer sus actividades cotidianas y que ya no regresaron. También hay relatos sobre personas originarias de Michoacán que se fueron de viaje y desaparecieron en otras entidades, principalmente en Tamaulipas, Veracruz, Colima y Tijuana.

En todo caso, concluye Cázares Solórzano, lo importante no es el número de desapariciones ni sus características, sino que se trata de personas, de seres humanos “que merecen todo nuestro respeto”.

Luego de la desaparición forzada de sus familiares, Bertha Corona siguió escuchando la voz de su hijo a través de esta grabación: “Hola, soy el Caminante. No te puedo contestar pero yo me comunico contigo”. Por dos años, la consultora de productos de belleza se aferró a marcar el número de celular del ser que procreó. Finalmente, la contestadora del aparato telefónico enmudeció.

A este lacerante silencio sobrevino el de las instituciones de procuración de justicia de Michoacán. Interpuso una denuncia de hechos en el Ministerio Público de Tacámbaro; inició una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos; acudió a la Procuraduría de Justica… Y nada. “Esperábamos que nos dieran alguna información o algo. ¡Pues no!”.

Bertha Corona refiere, incluso, que un funcionario del municipio de Turicato intentó acallar el reclamo familiar. Cuando se acercaron a pedir informes sobre el paradero de Patricio, Simón y Rigoberto, les advirtió: “no le muevan al avispero”.

A decir de Janahuy Paredes, la impunidad en que se encuentra esta desaparición es común; también la indiferencia gubernamental y el hostigamiento para que se desistan en la búsqueda. El Comité Hasta Encontrarlos ha documentado casos en los que las personas que denuncian la desaparición de sus familiares son amenazadas después por hombres armados que ya los esperan en las proximidades de sus hogares.

A la fecha, ninguna de las quejas por desaparición forzada que han ingresado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán ha terminado en recomendación: ni las 72 que fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por incompetencia, ni las cuatro que fueron tramitadas por el organismo local.

Cázares Solórzano, titular de la Comisión Estatal, explica que esto se debe a que los familiares han desistido de la denuncia, a que no existen los elementos suficientes o a que se encuentran en curso. No obstante, hace un llamado a que “la autoridad haga todo lo pertinente para que estas personas aparezcan, porque todas y cada una de ellas tiene familia, un proyecto de vida”.

Reyna García manifiesta que esta problemática compete directamente a la Procuraduría General de Justicia del estado, por lo que la Secretaría de Gobierno, a su cargo, desconoce con puntualidad los detalles de las investigaciones. Refiere que, recientemente, Plácido Torres, el procurador estatal, se reunió con familiares de víctimas de desaparecidos para tratar el asunto.

Bertha Corona, quien ha sido madre soltera durante los últimos 24 años, recuerda la última vez que convivió con su hijo, Patricio Barrera Corona, a quien describe como un joven sensible, cariñoso y trabajador; además, padre de tres hijos. La mirada ausente se empapa de llanto. Fue el 8 de septiembre de 2009 en el cumpleaños de su mamá.

Fuente: Contralínea 298