Grandes empresas y trasnacionales invierten millonarios recursos en más de 250 personeros que pululan en los pasillos, restaurantes y hasta en los sótanos de las cámaras legislativas para convencer a diputados y senadores de promover iniciativas, reformar artículos constitucionales o detener aquellas modificaciones a la ley que no estén a su favor. Trabajan sin estar apegados a un código de ética; tampoco están obligados a la rendición de cuentas. Su principal herramienta es la manipulación. Mientras, hasta 26 iniciativas de ley para regular el lobbying se encuentran en la congeladora del Poder Legislativo federal
Influir, la palabra preferida de los cabilderos de trasnacionales, asociaciones, cámaras y personas físicas que deambulan en los pasillos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Los legisladores charlan con ellos, escuchan sus propuestas, sus ofrecimientos; son “convencidos”. Pero de todo lo que se habla entre ellos, nada se sabe.
Se trata de 252 cabilderos registrados ante la Mesa Directiva de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados. Entre ellos, firmas que encabezan listas de Forbes, como la tabacalera Philip Morris, los auditores de PricewaterhouseCoopers, Bayer, Monsanto, Cargill –representadas a través de la Asociación Mexicana de Semilleros–, Grupo Modelo, Jugos del Valle.
El registro contiene 32 asociaciones, 25 cámaras, ocho consejos, seis fundaciones, cinco consultorías, cuatro confederaciones, tres institutos, dos federaciones, dos centrales y 165 despachos, empresas y personas físicas, entre otras.
“Probablemente el cabildeo político sea un inevitable acompañante del arte de gobernar. El cabildeo, conocido en los países anglosajones como lobbying, tiene su origen en la negociación que, a través de personas especializadas, realizan determinados acuerdos con grupos sociales con intereses específicos, para poder influir en la aprobación, rechazo o reforma de alguna ley”, expone José de Jesús Gómez Valle, maestro en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Gómez Valle, también profesor e investigador adscrito al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, explica que etimológica y originalmente lobby significa pasillo o antesala, en referencia al parlamento británico donde los representantes de intereses privados iban al encuentro de los parlamentarios para exponerles sus inquietudes y demandas.
La senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Iris Vianey Mendoza Mendoza dice que la del cabildeo es una de las prácticas cotidianas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores que “produce mucha sospecha y desconfianza porque no hay nada que lo regule. Convivimos con ellos, los escuchamos, pero no hay transparencia”.
Agrega: “Necesitamos una ley que regule el cabildeo para evitar el tráfico de influencias, amiguismo político, manejo patrimonialista de información privilegiada. Además, institucionalizar el ejercicio del cabildeo como un instrumento al servicio de la sociedad civil, que enriquezca la democracia, y no como un agente de chismorreo”, arguye la perredista.
Las iniciativas
Los antecedentes para los cabilderos datan de 2002 a 2008, periodo en el que se presentaron 22 iniciativas y proyectos legislativos en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado de la República, relacionados con este tema, que no prosperaron.
También hubo propuestas para establecer un código de ética y mecanismos de rendición de cuentas. Finalmente, el 24 de diciembre de 2010 se modificó el artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados: “Todo individuo que pretenda realizar cabildeo por más de una vez en la Cámara, deberá inscribirse al inicio de cada legislatura en un registro público que elaborará la Mesa Directiva, el cual se difundirá semestralmente en la Gaceta y en la página electrónica con los datos proporcionados por quienes se registren”.
Una nueva modificación ocurrió el pasado 20 de junio, cuando la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó por unanimidad reformas a los artículos 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En particular, la reforma al artículo 265 limita a los diputados y al personal de apoyo del recinto legislativo a aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de un cabildero, “con el propósito de influir ilícitamente en las decisiones de dicho órgano legislativo”.
La modificación al artículo 264 también prohíbe a los servidores públicos de la Cámara de Diputados, así como a sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, realizar actividades de cabildeo.
Al adicionar los numerales 3 y 4 al artículo 264, los legisladores establecen que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo será de 20 por cada comisión, y dos por cada persona moral inscrita. “En caso de que exista un número mayor de solicitudes por parte de alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente”.
El dictamen de la Comisión, que preside el diputado panista Marcos Aguilar Vega, refiere que es necesario avanzar en la regulación del cabildeo, “pues si bien en esta Cámara existe una norma más especifica que en el Senado de la República, es una realidad que en la aplicación pueden presentarse nuevos supuestos dignos de atender por la vía jurídica”.
La diputada Merilyn Gómez Pozos, integrante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y encargada de llevar el registro de los cabilderos en esta Legislatura, dice a Contralínea que actualmente “no hay un código de ética al que se les obligue a responder; se deja a la tarea de quien se encuentra en turno en el registro. Sale un acuerdo de Mesa Directiva pero queda todo muy por encima y es muy necesario que exista”.
—¿El cabildeo también responde a la gestión de causas legítimas relacionadas con causas sociales?
—Desgraciadamente la actividad del cabildeo no está para el bien común o la sociedad; no los podemos excluir porque la mayoría de los despachos buscan el interés de los que representan.
“No es requisito ni exigencia de presentar un informe de las pláticas o acuerdos a los que llegan con los legisladores, aunque sea necesario en un marco democrático”, dice la diputada por el Movimiento Ciudadano.
Opacidad en las Cámaras
“Los cabilderos están presentes todo el día en las Cámaras, hacen trabajos de apoyo e incluso iniciativas entregadas a los grupos parlamentarios que son con las que trabajan, ya sean del PRI [Partido Revolucionario Institucional], del PAN [Partido Acción Nacional] o hasta del PRD. Los principales interesados son las farmacéuticas, la industria automotriz, las tabacaleras y de la alimentación”, dice en entrevista Jaime Cárdenas Gracia, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para el exlegislador, esta situación es preocupante, pues las empresas tienen “privilegio” en la exposición de argumentos a su favor. Mientras, el resto de la sociedad no tiene ese acceso. “Un ciudadano común y corriente no tiene a su cabildero; además de que se podrían representar actos de corrupción, pues a veces buscan condicionar el punto de vista del legislador mediante un regalo, obsequio o viaje para que el legislador esté plenamente convencido de fijar alguna postura”.
En su libro Cabildeo de los grupos de presión, José de Jesús Gómez Valle –investigador en la Universidad de Guadalajara– indica que “la relevancia progresiva del Congreso mexicano en la discusión y aprobación de leyes ha sido el origen de que, tanto en los diversos sectores económicos y sociales, como en el Poder Ejecutivo, se hayan establecido instancias de diálogo y acercamiento con el Congreso y se acrecienten las actividades del cabildeo”.
Ante el actual escenario que se vive en el Congreso, con los más de 250 cabilderos, el investigador Cárdenas Gracia señala que urge una legislación que regule el cabildeo, no solamente respecto del Poder Legislativo sino también de los Poderes Judicial y Ejecutivo, donde también se da el lobbying.
El paradigma de Estados Unidos
“La actividad de los cabilderos se presta para crear un clima de corrupción y conflicto de intereses”, indica Jesús Gómez Valle, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, en su libro Cabildeo de los grupos de presión.
En Estados Unidos, el cabildeo está protegido por la ley, con base en lo establecido por la Primera Enmienda Constitucional. Ésta prohíbe al Congreso dictar leyes que limiten la libertad de expresión o de prensa o el derecho de petición del pueblo para la atención de sus quejas.
Las empresas, los sindicatos, los grupos de población o gobiernos de otros países contratan a los cabilderos para defender sus intereses particulares, lo que no siempre resulta favorable a la sociedad ni cae dentro de la legalidad.
De esta manera, Estados Unidos “es el ejemplo paradigmático en lo que a la institucionalización y regulación del cabildeo se refiere”, comenta el investigador.
Expone que, al igual que en México, los grupos de interés que realizan lobbying pertenecen a diversos sectores: industrial, laboral, agrícola, de los consumidores, empresas y gobiernos extranjeros.
Los mecanismos específicos que utilizan para persuadir o presionar a los legisladores estadunidenses, expone, son variados: “a través del envío de cartas solicitando al legislador la adopción de cierta postura; mediante relaciones públicas que sirven para mantenerse cerca de los legisladores a fin de solicitarles su apoyo en el momento adecuado; otros implican el desarrollo de complejos y sofisticados análisis técnicos, y la interpretación de datos económicos; y otros están relacionados con amenazas de pérdidas de votos en próximas elecciones, o de disminución de contribuciones para los gastos de campaña.
“Conforme ha crecido la complejidad del gobierno, los cabilderos se han especializado también: se ocupan de tareas de investigación política y de otro tipo para los integrantes del Congreso en la que otorgan el trasfondo del asunto a tratar, los datos en cifras y, en ocasiones, suministran hasta borradores de documentos legislativos para su presentación y posterior aprobación.”
Lo mismo pasa en México, a decir del diputado Ricardo Monreal Ávila. Éste es un país en el que el cabildeo está en el libre juego del mercado, donde “seguramente hay corrupción, compra de votos, ofrecimiento de viajes, dinero. Todo eso se maneja en la opacidad, nadie sabe con quién se reúnen, qué ofrecen o qué otorgan. Son muy eficaces, sobre todo cuando se trata de comida chatarra, bebidas y telefonía. De la noche a la mañana cambian el discurso de muchos legisladores”.
El coordinador parlamentario por el partido Movimiento Ciudadano comenta que se está preparando una iniciativa para ser presentada en el periodo ordinario de sesiones, que se llevará a cabo en septiembre próximo. “Ya se inició con el censo; luego, hay que someterlas a un proceso, una regulación de lo que se debe o no hacer. Es necesaria la transparencia, a través de comisiones legislativas, y no en lo oscurito como lo hacen actualmente”.
De acuerdo con información del portal de internet de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo (Procab), esta actividad se define como “informar para influir, con los distintos agentes con poder de decisión, de manera lícita y transparente a favor de los intereses representados por el cabildero.
“El cabildeo, al mismo tiempo que ayuda a dinamizar los procesos de toma de decisión política, hace posible que un número mayor de organizaciones y grupos representativos de la sociedad participen en dichos procesos; en ese sentido, el cabildeo promueve la democratización de las decisiones públicas”.
Para este trabajo se solicitó entrevista con Raúl Requelme Cacho, actual director de Procab, sin que hasta el cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.
Infografía:
TEXTOS RELACIONADOS:
Fuente:
Contralínea 341 / 1 al 7 de julio 2013
