A San Pedro Tlanixco se le considera “presunto poblado terrorista”, según una averiguación previa de la PGR. La comunidad indígena, sin embargo, sólo intenta defenderse: una trasnacional le quitó el agua; otra le despoja las tierras; ha perdido su elemento de cohesión: la lengua náhuatl; dos integrantes de su antigua dirigencia ejidal están prófugos; seis más, presos –tres de ellos, condenados a 50 años de cárcel por homicidio–. A la menor movilización, cientos de policías saturan sus calles. Gobernadores y tribunales siempre han estado en su contra
Rogelio Velázquez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, Estado de México. Esta comunidad nahua se enfrenta a su desaparición. Su principal río fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del municipio floricultor más importante del país, Villa Guerrero; mientras su tierra es despojada para la ampliación de una autopista que construye Grupo Carso, el consorcio del hombre más rico del mundo, Carlos Slim. También han perdido su lengua, erradicada ya de las nuevas generaciones.
Localizado en la verdosa cordillera del nevado de Toluca, San Pedro Tlanixco cuenta con alrededor de 4 mil 500 habitantes. La mayoría de ellos son campesinos; otros, albañiles. Las escasas oportunidades también lo convierten en un pueblo expulsor de migrantes: cada año, más nahuas emprenden el éxodo de la pobreza a Estados Unidos. La comunidad se está vaciando, comentan sus pobladores.
Los descendientes de los matlazincas, aunque hablantes del náhuatl, explican que su lucha comenzó hace más de 25 años, cuando inició el asedio contra sus montes y aguas. La primera movilización ocurrió en la década de 1980; entonces, se opusieron a la construcción de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, que terminó por partir en dos la comunidad.
“Somos vistos como violentos, porque no nos dejamos. Tlanixco es ejemplo de todas las comunidades”, señala, en tono firme, un hombre que viste playera ligera a pesar del viento frío que caracteriza esta zona. Como él, todos los habitantes solicitan que sus nombres no sean revelados por temor a represalias.
Sus recelos no son infundandos. El Ministerio Público ha dado trámite a una averiguación previa donde Tlanixco es considerado “poblado terrorista”, revelan las copias del expediente PGR/TOL/V/017/2002.
Represión y despojo
A la entrada de la comunidad se observa una veintena de policías, algunos con armas largas y radios de intercomunicación; la mayoría, con lentes oscuros. Sus rasgos físicos, similares a los de los habitantes de Tlanixco. “Son policías estatales que están cuidando las obras de la autopista. Hace dos meses clausuramos las obras y nos mandaron 1 mil 500 policías; algunos se quedaron”, relatan los indígenas.
En un video –tomado hace dos meses y entregado a Contralínea– se evidencia la presencia policial: cientos de efectivos en camiones, camionetas, patrullas y motocicletas.
San Pedro Tlanixco se encuentra entre un monte abigarrado. En el centro del poblado se escucha el correr de los arroyos que circundan y atraviesan la comunidad. Los niños saltan y ríen sobre un avión dibujado con gis blanco en una de las banquetas.
Un primer despojo contra los nahuas ocurrió en 1934, cuando fueron desconocidos por las autoridades como legítimos dueños de los bienes comunales. Fueron obligados a cambiar el régimen de propiedad de la tierra. Desde entonces adoptaron el ejido. “Ahora se vive el despojo de aproximadamente 60 hectáreas de terrenos ejidales, sin el consentimiento de la asamblea”, denuncian.
Se trata de la ampliación de carriles de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, construida bajo custodia policial por el Grupo Carso. Los nahuas comentan que las obras obedecen a un proyecto más amplio. Será parte de la autopista Toluca-Tres Marías-Cuernavaca.
Tlanixco sólo será un ramal más. “Les va a dejar millones a los concesionarios”, señalan, indignados, mientras comen huevo con chile y tortillas de maíz azul que toman del comal.
El abogado defensor de los afectados, Carlos González, explica que la empresa Alter Consultores –cuyo presidente es Julio Antonio Virgen, exdelegado de la Procuraduría Agraria del Estado de México– fue contratada por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México para liberar la tierra que requiere el gobierno estatal.
“Esta liberalización de tierra es anticonstitucional porque el artículo 27 de la Constitución establece que, para ocupar una propiedad ejidal, el gobierno sólo puede hacerlo mediante expropiación, y haciendo el pago de la indemnización correspondiente”, argumenta. El abogado agrega que “para tomar acuerdos con relación a tierras de uso común, la única que puede acordar es la asamblea del ejido. En este caso, no existe ningún acuerdo. Por eso es un despojo”.
Además, explica que la empresa consultora trata de “romper la resistencia colectiva”: negocia pequeños pedazos aislados de tierra; compra uno por uno: desde 500 metros hasta 40 hectáreas.
Con el objetivo de suspender las obras que afectan al poblado de Tlanixco, los indígenas interpusieron el amparo 590/2011 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en Toluca. Sin embargo, el juez Agustín Archundía Ortiz lo negó bajo el argumento de que los quejosos no demostraban ser los titulares de las tierras.
“No sólo se demostró la propiedad, plasmada en una resolución presidencial del 23 de abril de 1934, sino que además se presentaron las copias certificadas de sus credenciales que les expidió el Registro Agrario Nacional, las cuales los reconoce como integrantes del comisariado ejidal, único requisito que exige la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) para que proceda el amparo”, explica el abogado Carlos González.
Con indignación, los nahuas relatan que las autoridades se burlaban de ellos cuando acudían a entregar su pliego petitorio. Como además de exigir la cancelación de las obras de la autopista también demandaban la construcción de una escuela preparatoria y la ampliación de aulas en las escuelas de nivel básico, les respondían: “¿Creen que llegó Santa Claus para darles tantos regalos o qué?”.
Las ráfagas de aire frío se cuelan a las casas y chozas. Los indígenas apuran la comida. Atacan la salsa contenida en el molcajete de piedra. Aseguran que por el capricho de los poderosos, ellos están siendo despojados no sólo de su tierra, sino también de su vida.
Coinciden con su abogado, en que se enfrentan a personas “muy poderosas”: Grupo Carso y el gobernador Enrique Peña Nieto, “que pretende llegar a la Presidencia”. “Por eso, el actual gobernador va con todo, y los afectados somos nosotros, los mismos de siempre”.
La comunidad de Tlanixco recientemente interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En ésta, exponen que las obras destruyen el suelo, la zona arbustiva y el bosque. Hasta la fecha, la Procuraduría no se ha pronunciado al respecto.
Además, acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para presentar una queja debido a las violaciones de sus derechos. Aseguran que los policías, que de manera permanente se encuentran en el pueblo, impiden su derecho a reunión.
Los indígenas esperan que un recurso de revisión del amparo les sea favorable y obligue a las autoridades a frenar las obras. Lo que les interesa es la suspensión inmediata de la ampliación de la carretera. “El juicio puede tardar años; si lo ganamos, de nada servirá si las obras ya concluyeron y ya los despojaron”, explica el abogado.
Contralínea buscó entrevista con el secretario de Comunicaciones del gobier
La pérdida del agua
Con la tierra no debe pasar lo mismo que ya les ocurrió con el agua, despojada para favorecer intereses privados.
Al sur de Tlanixco, se distingue una pequeña ciudad. El verde de los montes es cubierto por carpas blancas de invernaderos. La forma de vida se descubre distinta. Es el municipio de Villa Guerrero, con el cual la comunidad de Tlanixco mantiene una disputa desde 2002. La razón: el río Texcaltengo, que nace en Tlanixco. Éste fue concesionado a floricultores de Villa Guerrero. Desde entonces, los nahuas no tienen acceso a su propia agua.
La concesión que tenían los ejidatarios para el uso del río fue cancelada el 14 de mayo de 2001. En el oficio BOO.E.12.1.0.2.-00971 de la Comisión Nacional del Agua se asienta la nulidad del título otorgado. Varios meses después de consumado el hecho, los habitantes de Tlanixco se enteraron. Sus aguas fueron entregadas al municipio de Villa Guerrero, sede de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi).
En entrevista con Contralínea, Felipe Fuentes y Sabino Arizmendi, presidente y socio de la Asflorvi, explican que la asociación de floricultores forma parte de 30 asociaciones más, las cuales comprenden alrededor de 4 mil 300 socios y dan empleo directo a 40 mil personas aproximadamente.
Felipe Fuentes señala que “a pesar de que el río Texcaltengo nace en Tlanixco, sus habitantes no tienen derechos legales sobre él”. Además, los floricultores refieren que siendo Tlanixco paso obligado rumbo a Toluca, son agredidos por los indígenas cuando circulan con sus camionetas: “Nos avientan piedras desde los puentes y ponen en riesgo la vida de mucha gente”.
Vestido con playera blanca tipo polo, zapatos negros recién lustrados, el presidente de la asociación comenta, con voz serena, que la gente de Tlanixco todo lo quiere arreglar con sangre: “Quieren espantarnos; nosotros somos 50, 60 mil gentes y ellos son más poquitos. Así como hay gente valiente allá, hay gente valiente aquí´”.
Agrega: “Nosotros hemos ido a otros países, a otras escuelas, hemos tenido un poquito más de estudio, somos pacíficos, somos gente ordenada; no nos interesa hacer disturbios. Una persona agredida dijo que si el gobierno no hacía nada, él iba a agarrar una escopeta e iba a ir a cazar a uno de esos” pobladores de Tlanixco.
Felipe Fuentes exige “más seguridad” en la zona. Considera que debido a la ampliación de la autopista (Tenango-Ixtapan de la Sal), las agresiones de los ejidatarios han aumentado. “No tengo noticias que contra nosotros, pero se pudo haber sabido que contra otra gente”.
En abril de 2003 murió en Tlanixco Alejandro Isaac Basso, presidente del Sistema de Agua de Riego del Río Texcaltengo, empresario de los floricultores de Villa Guerrero. Los medios locales reportaron un linchamiento perpetrado por los nahuas.
La versión de los ejidatarios de Tlanixco es que, a pesar de existir un amparo que no permitía el uso del río para ambas partes, una docena de floricultores subió a una ladera para hacer un recorrido, posteriormente fueron increpados por la gente de Tlanixco, “empiezan a hacer una especie de acuerdos (ambas partes); el señor (Alejandro Isaac) se molesta, resbala y cae al barranco”, aseguran.
Felipe Fuentes contradice esta versión. “Un grupo (de floricultores) va a hacer un recorrido para ver por qué ya no llegaba tanta agua del río; son sorprendidos por un grupo de gente de Tlanixco, los secuestran y se los llevan a todos e intentan ahorcarlos. Alguien dice que no lo hagan, y por eso sólo se llevan al ingeniero Isaac rumbo a una peña, de ahí, no sé si ya muerto, lo arrojan”.
El lugar del suceso está rodeado de cerros y barrancas con alturas difícilmente calculables desde la cumbre. El pasto se combina con las hojas caídas de los árboles, el viento arrecia y el frío se intensifica. Un voladero aparece inesperadamente entre los senderos cubiertos de maleza. La sensación de vértigo llega repentina. Los ejidatarios ordenan no acercarse a la orilla.
“Un Atenco chiquito”
Los gritos se oyeron en las casas vecinas. Las armas largas resaltaban entre la poca luz. Los golpes en las puertas despertaron a los niños. El gas lacrimógeno penetró en sus pequeños pulmones. Con golpes, sacaban a la gente semidesnuda de su hogar.
Acciones como ésta fueron repetidas en San Pedro Tlanixco en busca de “los responsables” de la muerte del empresario Alejandro Issac. Los habitantes acusan a la policía judicial y estatal de ejecutar una auténtica cacería de brujas en contra de gente inocente. “En una ocasión llegaron a media noche más de 1 mil judiciales; cerraron la iglesia; fue muy feo; fue como un Atenco pero en chiquito”, relata, apretando los dientes, un habitante.
A la fecha, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles cumplen en el penal de Santiaguito una condena de 50 años en prisión; mientras que Lorenzo Sánchez Berriozábal, hermano de Pedro; Marco Antonio Pérez González, hermano de Teófilo, y la señora Dominga González Martínez, se encuentran procesados en el mismo penal.
Los entrevistados explican que a raíz del encarcelamiento de los hermanos Sánchez Berriozábal, su padre falleció por las preocupaciones y las tensiones del proceso judicial. En el caso de los hermanos Pérez González y la señora Dominga González, la persona muerta fue la madre.
Expuestos como “poblado terrorista” por la Procuraduría General de la República, según consta en el expediente PGR/TOL/V/017/2002, los nahuas de Tlanixco se mantienen a la expectativa de dos órdenes de aprensión giradas contra Rey Pérez Martínez, excomisariado ejidal y Santos Alejandro Álvarez Zetina, “prófugos a pesar de ser inocentes”, comentan los pobladores. También exigen la libertad de seis de sus compañeros presos en el penal de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México.
La desigualdad
Acusados por los ejidatarios de tener nexos con el “Grupo Atlacomulco”, los floricultores explican que a pesar de que aproximadamente 1 mil personas de Tlanixco trabajan como jornaleros en Villa Guerrero, los salarios no bajan de 150 pesos al día. “Estamos de acuerdo que no tienen seguro social, pero ganan más del (salario) mínimo”, justifican los empresarios.
Cuestionados sobre el impacto ambiental que tienen los productos químicos que utilizan en todo el proceso floricultor, los empresarios explican que algunos productos que podrían ser menos perjudiciales para el medio ambiente no son utilizados porque el gobierno no los ha licitado; “compramos lo que nos venden, lo que el gobierno ha licitado. ¿Quién tiene la culpa del impacto ambiental?”.
“Tenemos casos de gente intoxicada por productos de los floricultores, hay vecinos que después de los 40 años ya no pueden trabajar por el daño que tiene en su organismo, hay también bebés que han nacido mal”, denuncian los indígenas de Tlanixco en relación a la gente de su pueblo que trabaja en Villa Guerrero.
Los floricultores se muestran orgullosos de la “proyección internacional” con la que cuenta su asociación. Empresas holandesas, alemanas, francesas, israelíes tienen convenios con ellos, aseguran.
Por otro lado, la comunidad de San Pedro Tlanixco, sólo puede utilizar en calidad de préstamo nueve de los 300 litros que arroja el río por segundo, exponen los ejidatarios, y agregan, “a cambio de no tocar el agua del río construyeron un pozo artesanal, pero, ¿para qué queremos un pozo artesanal si tenemos un río y manantiales? Es algo incongruente”.
La identidad cultural perdida
En San Pedro Tlanixco se observa, como en la mayoría de la geografía nacional, un territorio rico con un pueblo pobre. El despojo de sus recursos es acompañado por la pérdida de tradiciones y cultura.
Orgullosos de su herencia étnica, los nahuas comentan que el pueblo ha crecido con base en la lucha. “Estas callecitas eran veredas; no estaban pavimentadas”, explican, mientras señalan hacia las arterias principales del pueblo.
Dicen que los pobladores mayores de 65 años, en su mayoría, hablan la lengua náhuatl; los mayores de 45 la entienden bien; sin embargo, en las nuevas generaciones su uso disminuye. Su identidad cultural como pueblo se está perdiendo a causa de la marginación, la pobreza y la migración.
Egresados de la Escuela Normal Rural de Tenería, dos habitantes se refieren a Tlanixco como un pueblo sumido en la pobreza por el saqueo y el despojo de sus recursos naturales.
Comentan que debido a la falta de apoyos y los ataques gubernamentales, el turismo nacional e internacional que dejaba una importante derrama económica en las fechas de Semana Santa y Día de Muertos, ha decrecido. “Por la presencia de la policía, y los abusos que cometían contra los visitantes, la gente ya no viene”.
La construcción de la escuela preparatoria es una demanda de décadas. “Los ciclos básicos están saturados y apenas este ciclo escolar se abrió la preparatoria, pero los jóvenes tienen que tomar clases en cuartos de un auditorio que no son adecuados para su estudio”, explican.
Sin agua y sin tierra, la migración se presenta como una solución obligada. Sin gente, la siembra se pierde, las costumbres y las tradiciones de un pueblo indígena también.
Ante la falta de oferta educativa y laboral, centenares de jóvenes han cruzado la frontera Norte en busca de estabilidad económica que les permita enviar dinero para su familia. Otros dejaron de sembrar maíz, avena y cebada, que producen sus campos, para prestar sus servicios como jornaleros en Villa Guerrero.
