Iniciativa sobre Ley de Aguas mantiene régimen neoliberal de concesiones

En septiembre próximo podría dictaminarse la Ley General de Aguas, iniciativa propuesta por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, misma que mantiene el régimen de concesiones a 30 años con prórroga inmediata por el mismo lapso. Este modelo, impuesto desde la administración salinista, ha permitido el acaparamiento del vital líquido en pocas manos

En el Congreso de la Unión se cabildea una iniciativa de la Ley General de Aguas que pretende continuar con el régimen concesional instaurado en el periodo neoliberal –durante la administración de Carlos Salinas de Gortari–, a través de la Ley de Aguas Nacionales (LAN).

Se trata de la iniciativa propuesta por la Comisión de Recursos Hidráulicos,  Agua Potable y Saneamiento, presidida por Feliciano Flores Anguiano, misma que ha sido cuestionada por sus propios correligionarios porque busca mantener el tiempo de las concesiones hasta por 30 años y con la capacidad de renovarse por el mismo lapso; es decir, un concesionario podría mantener su título hasta por 60 años, como ocurre actualmente.

Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis en el programa de Agua y Sociedad, explica que, hasta antes de la reforma de 1992, las concesiones eran un recurso que se dedicaba fundamentalmente a satisfacer las necesidades de los mexicanos, de la industria y del campo en México; sin embargo, desde ese año “muchos vieron en esto un negocio y ése es el motivo por el cual se ha mantenido”.

A ello, también se suma que los agroindustriales y no los ejidatarios son los más beneficiados en mantener las concesiones de agua en el país, como ocurre actualmente.

El investigador puntualiza: “según los registros de la Conagua [Comisión Nacional del Agua] están las actividades agrícolas, pero hay que decir que es agricultura de exportación, agroindustrial, después la actividad público-urbana (de la que no se aclara a qué responde), la industrial (sobre todo la automotriz), servicios, acuacultura, generación de energía eléctrica por privados, y el doméstico, que es el que más relación puede tener con el derecho humano al agua”.

Las Estadísticas del agua en México, edición 2018, reportan 105 acuíferos sobreexplotados, de los 653 que hay en el país. Además, da cuenta que los usos del recurso en el país es: 76 por ciento agrícola, 4.7 por ciento para la generación de energía eléctrica, 14.4 abastecimiento público y 4.9 industria autoabastecida.

La LAN no ha sido modificada, en desacato desde hace 8 años, por diversos intereses empresariales que han impedido la creación de la Ley General de Aguas, añade López Bárcenas. Y es que el 8 de febrero de 2012 se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece: “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Para ello, en su artículo tercero transitorio mandata: “el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”, misma que no ha sido promulgada.

La propuesta de la comisión encabezada por el legislador morenista Flores Anguiano, es una de las tres que ya hay en el poder legislativo y que podría ser dictaminadas en septiembre próximo.

Alerta de dictamen

Miguel Ángel Montoya, consultor independiente y cercano a la iniciativa, alerta que al provenir del seno de una de una la comisiones dictaminadoras –la de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento– de la cámara de origen “es muy probable que se convierta en la base del futuro dictamen para expedir este nuevo ordenamiento, mismo que definirá el acceso al agua para el futuro de varias generaciones de mexicanos”.

Y aunque en la iniciativa se reconocen los abusos en las concesiones, ésta mantiene la vigencia de la LAN que debe ser reformada. A la letra, indica: “en México hay una creciente preocupación en torno al otorgamiento, control y vigilancia de los títulos de concesión y asignación de agua. Diversos estudios señalan que el volumen extraído es mayor al volumen concesionado o reportado, lo cual provoca daños graves a los usuarios, a los ecosistemas hídricos, así como una estructura de corrupción e impunidad en torno al aprovechamiento ilegal del agua.

“Hay una baja reinversión en la administración del agua, incluyendo los sistemas de control y vigilancia. La baja inversión y la distribución presupuestal poco estratégica, han generado que la Comisión Nacional del Agua no cuente con el personal o el sistema que le permita fiscalizar, vigilar y comprobar, que se cumpla con los parámetros de cantidad y calidad reglamentarios. Se realizan inspecciones solamente en alrededor del dos por ciento de las concesiones y no se cuenta con mecanismos efectivos para monitorear lo que sucede en las demás, lo cual ha permitido que los abusos sean extensivos.

“Esta desafortunada realidad ha generado un importante consenso en torno a la urgente necesidad de reformar el sistema de concesiones y alcanzar un estado de derecho en la administración del agua”, expone.

El especialista en gestión integral del agua indica que desde la presidencia y secretaría técnica de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, “se establecieron acuerdos verticales y cupulares con los grupos del poder económico de forma tal que se trastocó la esencia y el modelo de gestión propuesto para que el status quo de la gestión del agua permanezca intacto, es así que ahora ya como una Iniciativa de Ley las concesiones podrán seguir durando ahora 30  años,  pero ahora con renovaciones automáticas lo que podrá hacer realidad el viejo anhelo de la hidrocracia neoliberal: Concesiones inafectables y con vigencia a perpetuidad, mismas que habían quedado expresadas en  los proyectos del PRIAN de las dos anteriores Legislaturas que se conocieron como Ley Korenfeld y Ley Pichardo que concitaron una enorme polémica y rechazo”.

Además, “se incurrió  en el exceso de mandatar el otorgamiento de concesiones de agua ligadas automáticamente a la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua, lo cual opera en beneficio del 5 por ciento de los agricultores que concentran el 78 por ciento del agua en el campo y, lo más grave, en favor de los grupos de la delincuencia organizada ligados al narcotráfico; ya que como se sabe, la infraestructura no sólo es  hidráulica o de riego, sino también de un una amplia red de caminos de que han servido para el trasiego de drogas y armamento y para movilizar a estos grupos”, expone el experto.

Vigencia del neoliberalismo

La LAN, promulgada en 1992, precisa que una concesión es el “título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de ‘la Comisión’ o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado, excepto los títulos de asignación”.

En tanto, el artículo 24 de la misma expone: “el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, “la Autoridad del Agua” tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos”.

Las concesiones, indica, podrán tener prórroga “hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado”; es decir que un concesionario podría tener hasta por 60 años el título para la explotación del agua”.

Diego Eduardo del Bosque Villarreal –secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, y uno de los legisladores que se negó a firmar la iniciativa– comenta en entrevista con Contralínea que la Ley General de Aguas tiene que servir para llevar a cabo una justicia hídrica, “para que se pague esa deuda con personas de los sectores periurbanos que, aún ahora, no tienen acceso a este vital líquido”.

El diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional reconoce que hay un reducido porcentaje de empresas que controlan el 70 de las aguas concesionadas, y quienes “tienen cabilderos muy fuertes que estén queriendo que esta ley sólo le dé una pintadita al esquema de cómo se reparte el agua en el país y que no se les toquen sus privilegios”.

“Creemos que puede haber concesiones, pero que se cumplan con instrumentos de planeación a partir de un consenso con los territorios, de ver cómo se va a utilizar y que no solamente sirva para beneficiar a unos cuantos”, añade el legislador originario de Coahuila, una de las entidades con graves problemas de acceso al agua.

Al respecto, el diputado federal por Michoacán, Feliciano Flores Anguiano –presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento– acepta que prevalece la propuesta de mantener las concesiones por 30 años, con capacidad de renovarse por el mismo periodo.

Comenta a Contralínea que “hay diputados que a lo mejor están de acuerdo con la propuesta y habrá otros que no. Vamos a tratar de llegar a un consenso y si no, no nos queda más que votarlo y sacarlo por mayoría, pero espero que esas partes, donde hay diferencias, tratemos de llegar a un punto de equilibrio y salga por consenso”.

Flores Anguiano dice que de no llegar a un consenso para otorgarlas a 30 años, se pretenderá “llegar a un punto de equilibrio, 15 o 10 años, o dependiendo, pensando en el futuro, en cómo va a estar de aquí a 10 o 15, 20 años la situación del agua. A lo mejor, puede haber varias condiciones para dar las concesiones, como: si la cuenca va deteriorándose, en ese momento reducir la cantidad de agua.

“También hay que pensar que si de aquí a cierta cantidad de años a futuro no hay cierta cantidad deben de haber ciertas restricciones o también si alguien no hace el uso adecuado de esa concesión. Hay que ver los temas de la contaminación o el saneamiento del agua, va a haber varias cosas y en ese sentido, buscar la manera de llegar a un punto donde coincidamos o acordemos la mayoría, si no es que todos”, añade.

Respecto de la reducción de años en las concesiones de agua y la afectación de intereses particulares, el legislador comenta que los usuarios de riego o las empresas tienen, en su mayoría, proyectos a largo plazo, y “también dicen pues si no tenemos la certeza jurídica de X cantidad de años para mi proyecto se me complica invertir, es cuestión de analizar bien”.