Las labores del Consejo de Exdirectores Generales y los sueldos que perciben sus integrantes se mantienen en sigilo. A pesar de que perciben al menos 95 mil pesos al mes por “laborar” en el organismo, el Politécnico no cuenta con actas de sesión, avances programáticos ni informes de tareas que avalen el trabajo de los nueve “consejeros”. Autoridades educativas, diputados y senadores desconocen la erogación de 10 millones 298 mil 237 pesos que, cada año, esta institución destina al “sueldo” de sus exdirectores. “Un privilegio”, asegura el diputado Castro Cosío. Para el legislador Llerenas Morales, el IPN incurre en “irregularidades que deben de resarcirse”
Las labores que desempeña el Consejo de Exdirectores Generales del Institución Politécnico Nacional (IPN), uno de los tres órganos permanentes de asesoría de esta casa de estudios, y sus nueve integrantes, se encuentran en la opacidad. En la institución no se cuenta con documentación alguna que acredite el “trabajo” que los consejeros realizan y por el que cada uno de ellos percibe más de 95 mil pesos cada mes.
A principios de octubre, Contralínea (edición 254) documentó que por el cargo de “consejero exdirector general”, según el tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada uno de ellos recibe del IPN 95 mil 354 pesos mensuales. Los beneficiarios son Miguel Ángel Correa Jasso, Óscar Javier Joffre Velázquez, Manuel Garza Caballero, José Gerstl Valenzuela, Raúl Eric Talán Ramírez, Eugenio Manuel Méndez Docurro, José Antonio Padilla Segura, Héctor Mayagoitia Domínguez y Sergio Viñals Padilla.
Por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Contralínea solicitó copia de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que este Consejo ha celebrado de 2006 a la fecha. También, conocer los avances programáticos y los trabajos que, durante el mismo periodo, han realizado sus integrantes.
La respuesta de la institución educativa a ambas peticiones, identificadas con los folios 1117100048711 y 1117100048811, respectivamente, es la misma: la Secretaría General, “que por la naturaleza de sus funciones y atribuciones podría tenerla en sus archivos”, comunicó a la Unidad de Enlace la “inexistencia de la información solicitada”.
En el oficio emitido por el Comité de Información, a cargo de Fernando Arellano Calderón, el IPN informa únicamente el orden del día de las sesiones ordinarias del 20 de enero, 27 de abril, 21 de julio y 15 de diciembre de 2010; así como las del 24 de enero y 27 de julio pasados. Los temas que se han abordado en este periodo son: presentación del plan de trabajo de Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general; discusión de la problemática del Proyecto Zacatecas; análisis de los resultados de la Prueba Enlace y las acciones para permanecer en el primer lugar nacional; aprobación del programa de eventos para la celebración del Septuagésimo Quinto Aniversario del IPN; discusión del programa para 2011; y la presentación del informe de resultados del ciclo escolar y discusión de estrategias para aumentar la matrícula.
Al respecto, el Reglamento Interno del IPN refiere, de manera general, las funciones de este Consejo asesor: “Presentar propuestas para fortalecer el desarrollo de las actividades del Instituto” y “opinar sobre los asuntos que someta a su consideración el director general”.
Asimismo, los Lineamientos para el Funcionamiento y la Operación del Consejo de Exdirectores Generales del Instituto Politécnico Nacional, expedidos el 23 de mayo de 2005, establecen que “el Consejo sesionará en pleno, de manera ordinaria, cada tres meses”, y “de manera extraordinaria las veces que sea necesario, cuando se requiera a juicio del presidente [el director general en turno]”. Además, que entre las funciones del secretario general del Instituto, quien fungirá como secretario técnico de dicho órgano, se encuentran “asistir a las reuniones del Consejo y levantar las actas correspondientes”, así como “coordinar los avances programáticos y dar seguimiento a los trabajos a cargo de los integrantes del Consejo incorporados permanentemente a sus funciones”.
En entrevista con Contralínea, José Enrique Villa Rivera, director general del IPN de 2003 a 2009, dice que son 11 (se incluye y también a Diódoro Guerra Rodríguez) y no nueve los exdirectores que integran el Consejo. Sin embargo, asegura que él no recibe “ningún sueldo. Ni un sólo quinto pagado por el Politécnico por ser exdirector general”.
El actual director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no aclara si renunció voluntariamente a la compensación; sólo dice que las reglas de la administración pública le impiden cobrarla. Con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, Óscar Enrique Díaz Santos –doctor en economía y especialista en presupuesto, administración y gasto público– explica que un funcionario no puede ocupar una doble plaza dentro del mismo régimen.
Respecto de las tareas que actualmente realiza el Consejo de Exdirectores Generales, Villa Rivera menciona poco, pues “eso tendría que contestarlo la autoridad politécnica”. Confirma que, efectivamente, se han reunido durante este año para opinar sobre los temas que Bustamente Díez les “presenta en la agenda de trabajo”, tales como la calidad y la cobertura de la educación, la presencia en diferentes estados de la república y la consolidación de los grupos de investigación.
El 15 de agosto de 1980, durante la gestión de Héctor Uriel Mayagoitia Domínguez, director general número 19 del IPN, se expidió el acuerdo de creación de este órgano colegiado. El objetivo: “Aprovechar la valiosa experiencia adquirida en administraciones pasadas”.
Diputados, senadores y autoridades educativas desconocen, sin embargo, los “sueldos” vitalicios.
Los 10 millones 298 mil 237 pesos que el IPN eroga cada año para los “sueldos” de nueve de sus exdirectores generales, quienes, por si fuera poco no realizan labores académicas ni de investigación para esta institución educativa, también se manejan con sigilo.
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, y Rafael López Castañares, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, aseguran desconocer la existencia de dicha erogación. Por eso, ambos se niegan a opinar al respecto. Tuirán Gutiérrez dice que “necesitaría examinar la evidencia y sobre esa forma, eventualmente, manifestarme”.
Diputados y senadores también dicen desconocer el tema. Para el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos e integrante del Partido de la Revolución Democrática, es menester que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados “lo investigue de manera inmediata”, puesto que se trata de un “despropósito”, de un “privilegio ante las carencias que se tienen en el IPN”.
Más que un privilegio, Víctor Castellón Fonseca, secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, considera que estos “sueldos” son una “prerrogativa” que deriva de la tradición de pensionar vitaliciamente a los presidentes de la República. Es tiempo de que las comunidades, en este caso la del Politécnico, discutan y decidan qué hacer. La opinión del senador perredista es que dichas prerrogativas deben de “desaparecer”: ese “gasto se puede utilizar en cuestiones de carácter académico”.
José Trinidad Padilla López, integrante del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, considera que es un asunto que las comunidades académicas deben conocer, evaluar y analizar. “Ahí el tema es, por una parte, si es o no legal. Quiero pensar que no es ilegal, puesto que es un asunto que debe estar presupuestado. Lo otro es, si es legítimo o no, en la medida en que no todas las instituciones pueden tener acceso a estas prestaciones”. Para el diputado “sería muy bueno” que esta práctica abarcara a todas las instancias educativas.
El diputado Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se pregunta si estos exdirectores desquitan su “sueldo”, es decir, si realizan investigación y docencia para el IPN. De no ser así, advierte, “sería una irregularidad muy seria que tendría que resarcirse”. Agrega: “Si no se trabaja y es un salario de por vida, es absolutamente ilegal”.
El perredista destaca que el IPN debe regirse por las normas presupuestales del gobierno federal y, por lo tanto, estar sujeto a “más normas de transparencia”. Las universidades autónomas, deben también abandonar la opacidad; se trata, sin duda, de instituciones que “requieren niveles de transparencia mayores”.
En el mismo sentido se pronuncia John Mill Ackerman Rose, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México: “La autonomía de las instituciones no debe ser vista como un pretexto para impedir la falta de transparencia o provocar abusos del presupuesto de este tipo”.
El especialista en derecho administrativo define “éticamente reprobables” a los sueldos vitalicios. Asimismo, explica que hay una falta de regulación en la materia. Por ejemplo, no obstante que la remuneración de los consejeros del Instituto Federal Electoral es la misma que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los primeros no tienen los mismos beneficios.
A través de Clemente Castro, jefe del Departamento de Atención a Medios del IPN, se solicitó entrevista con Yoloxóchitl Bustamente Díez y Juan Manuel Cantú Vázquez, directora y secretario general, respectivamente, de la institución. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
