Autoridades estatales y federales omitieron verificar la “idoneidad del personal” que prestaba sus servicios al interior de un albergue, a cargo de la exdiputada panista
Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.
El próximo 1 de septiembre, el presidente Peña Nieto hará públicos los resultados de su primer año de gobierno: el alza en las tasas de la pobreza y la violencia, el colapso del mercado interno y la nula generación de empleos. Una hipótesis perversa podría explicar la situación: inducir una austeridad fiscal deliberada para que la consecuente recesión doblegue y obligue a la población a aceptar la reprivatización energética, ante el temor de perder su empleo y el agravamiento de sus necesidades sociales
En nuestro país, los defensores de los derechos humanos son los más amenazados. Muchos han sido agredidos y encarcelados por funcionarios de las tres instancias de gobierno y también por delincuentes. Hacer valer garantías y derechos les ha valido toda clase de intimidaciones, particularmente por instancias gubernamentales que no entienden que, ante las violaciones a los derechos, las agrupaciones civiles deben denunciarlas para alertar a la opinión pública de las injusticias que permiten, por omisión o complicidad, las autoridades judicial y administrativa.
La falta de normatividad en materia de comunicación gubernamental históricamente ha dado pie al “atropello oficial” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diversos derechos humanos vitales para un Estado democrático –como son la seguridad jurídica, la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas–, al impune despilfarro de recursos públicos y la construcción de imágenes políticas con cargo al erario, explican especialistas
¿Cuándo fracasa la razón?… [Los socialdemócratas] eran parte del aparato del poder, cada uno de ellos representaba un trocito de poder. Sus conciencias estaban divididas [entre] la papeleta del sufragio y el “cuarto de las bofetadas”. A ellos les habían encomendado proteger el orden no sólo de los criminales, sino también de los perturbadores, de los agitadores. ¿Cómo reaccionarán cuando el régimen reaccionario lo oponga a los perturbadores del orden público? ¿Cumplirán con su “deber” como manda la ley? El poder [es como] la marihuana: el hacer uso de él implica el abuso
Hay optimismo en los gobernantes de la federación. Sus estrategias para demostrar que pueden hacer cambios importantes han sido tomadas muy en serio por los organismos y los medios internacionales. Tanto, que al coro de los periódicos que elogian a Enrique Peña Nieto se sumó The Washington Post, el diario más influyente en lo político del imperio, pues en lo económico, obviamente, está The Wall Street Journal, que también habla positivamente de las posibles reformas mexicanas, especialmente en el codiciado petróleo.
Entre la demagogia que rezume a borbotones el proyecto (contra) reformador de Enrique Peña Nieto se escapan las verdades lacerantes que sus promotores y sus publicistas no logran dulcificar con los placebos de su retórica fatua, con el objeto de que la población las trague plácidamente. En su “conjura contra la nación”, siempre tratan de “engañarla con los mismos eufemismos y argumentos insostenibles”, como diría Manuel Bartlett.
Mientras el Estado laico ha sido atropellado por las visitas de Enrique Peña Nieto a los papas Benedicto XVI y Francisco (una Iglesia como el águila austriaca, de dos cabezas), con lo que ratifica el catolicismo donde se educó hasta culminar en la universidad del Opus Dei, donde obtuvo su licenciatura en derecho natural (como Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho…, libre, precisamente, del derecho constitucional); aparte de insistir en borrar la separación de Estado e Iglesia, Peña Nieto también ha ido poniendo las condiciones por medio del Pacto por México para llevar a cabo la contraexpropiación petrolera, que pasará por encima de la memoria histórica de la nación –que no es simple pasado–, que en 1938 Lázaro Cárdenas instituyó contra la privatización que imperaba sobre esos mermados recursos naturales –patrimonio de los mexicanos–, mismos que ahora Carlos Romero Deschamps, Emilio Lozoya Austin y Peña Nieto –el “líder”, el director y el presidente– quieren devolver a los empresarios y al capitalismo salvaje del neoliberalismo económico.
Es posible que la exrectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco, haya sido mal asesorada, y por ello continúe tratando de reactivar un conflicto que ha sido superado por vías legales e institucionales.
Ricardo Gallardo Vara, el magistrado que ya intentó dar madruguete en dos ocasiones con proyectos de resolución a favor del glifosato y el maíz transgénico,
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