La liberación de presos indígenas “será a cuentagotas”, advierte Hugo Aguilar Ortiz, coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Hasta el momento la nueva Ley de Amnistía no ha liberado a nadie, a pesar de las altas expectativas que generó entre los alrededor de 7 mil presos de los pueblos originarios de México.
No sólo se trata de que revisarán caso por caso entre miles, sino que de momento sólo aplicará para aquellos encarcelados acusados de delitos federales. Para los del fuero común, que son la mayoría, no hay posibilidad alguna, pues no está siquiera en la agenda inmediata la aprobación de leyes estatales de amnistía, necesarias para abordar esos casos.
Con todo, se trata de un avance sin precedentes, a decir de Aguilar Ortiz. Confía en que la nueva normativa federal presionará a las entidades de la República para que emitan leyes estatales de amnistía. Reconoce que la mayoría de los indígenas en prisión padecieron irregularidades en sus procesos judiciales y se encuentran privados de su libertad por su origen étnico, más allá de los delitos que supuestamente hayan cometido. “Es un asunto estructural”, acepta
Para el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, organización de acompañamiento solidario a presos indígenas, no existe voluntad real de liberar a los integrantes de los pueblos originarios encarcelados, sobre todo aquellos que han tenido participación en protestas y movimientos de resistencia.
En voz de Juan Pablo Nava, el colectivo con sede en Chiapas señala que los indígenas son para el Estado mexicano los principales chivos expiatorios ante cualquier tipo de crímenes. Debido a la vulnerabilidad en que se encuentran, terminan pagando las ineficiencias de las autoridades.
Con respecto de la situación de los indígenas recluidos en las cárceles del país, Hugo Aguilar reconoce que no hay presupuesto, recursos humanos ni programa alguno para mitigar las precarias condiciones que padecen en prisión. Por ello, la situación de los que permanezcan presos, y que serán la gran mayoría, no cambiará.
Explica que las condiciones de los indígenas sólo se modificarán cuando cambien también las de los demás reclusos. Será un asunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de los penales, más que del INPI.
Juan Pablo Nava señala, por su parte, que la cárcel es, para los indígenas, una extensión del sistema colonialista y racista del país. Las injusticias que sufren todos los presos al interior de los prisiones se incrementan de manera exponencial cuando se trata de integrantes de los pueblos originarios.
El 94 por ciento de las personas indígenas privadas de su libertad se encuentra procesada o sentenciada por delitos del fuero común. El restante 6 por ciento, por el fuero federal. De este último destacan los delitos contra la salud y la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Según el más reciente censo, con datos a diciembre de 2017, hay un total de 6 mil 698 personas privadas de la libertad que se autorreconocen como indígenas. Sin embargo, la cifra es mayor a 7 mil, pues debido a los sismos de ese año no se concluyó el censo en el estado de Oaxaca, entidad con el mayor número de indígenas presos. Se contaron 617 en los penales de la entidad pero se estima que son más de 1 mil.
“En todos los estados de la República hay presos indígenas. En el fuero común, el 94 por ciento de los casos, los cuales no será considerados para una posible liberación”
Todos los estados de la República cuentan con presos indígenas en sus cárceles. De los 6 mil 698 identificados, un total de 6 mil 297 se encuentran en prisiones estatales. Los otros 402 están recluidos en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), consigna el Censo de población indígena privada de la libertad.
Del total de los presos, sólo 14.8 por ciento (996) fueron asistidos con un traductor en su lengua. Esta irregularidad es prácticamente la regla y no la excepción para los indígenas que tiene que enfrentar procesos judiciales.
Seis entidades concentran el 54.7 por ciento del total de presos, es decir, 3 mil 666 personas. Se trata de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, la Ciudad de México y Guerrero.
Por género, 6 mil 453 personas indígenas privadas de la libertad son hombres y 245 son mujeres.
De los 67 pueblos, tribus y naciones indígenas que habitan México, 54 cuentan con personas recluidas en prisión. Destacan los casos de los nahuas, con 1 mil 712 encarcelados; los mayas, con 459; los tsotsiles, 387; los mixtecos (na’saavi), 363; los totonacos, 358; los zapotecos (binizá), 348; los tseltales, 326; los tarahumaras (rarámuris), 288; los otomís (ñañús), 285, y los mazatecos, 255.
El 51.3 por ciento de los indígenas presos no terminó la primaria o es analfabeta. De los presos indígenas, la mayoría no realiza ninguna actividad educativa en reclusión: 3 mil 870 no pueden tomar curso alguno porque no hay programas para ellos en la cárcel en la que se encuentran o no tienen los documentos que les solicitan.
El INPI forma parte de la Comisión de Amnistía que, en el marco de la nueva Ley publicada el pasado 22 de abril en el Diario Oficial de la Federación, estudia los casos de personas procesadas o sentenciadas por delitos graves que ameritan ser liberadas.
Las sedes estatales y regionales del Instituto están recabando información sobre los casos susceptibles de estudio. En entrevista con Contralínea, Hugo Aguilar explica que la Ley de Amnistía es de orden federal. Por ello, solamente van a ser beneficiados los presos que hayan cometido delitos federales. “Nosotros hemos estado promoviendo que se adopte esta Ley de Amnistía en las entidades federativas para armonizar con esta medida de orden federal”.
Señala que además de la Ley de Amnistía, el Instituto opera un programa de excarcelación. Dispone de un “pequeño recurso para el pago de daños o la fianza que se requiere [para que] gocen de su libertad las personas”.
El INPI planteará, en las próximas semanas y meses, casos ante la Comisión de Amnistía para, después, llevarlos al Poder Judicial. “Vamos un poco lentos por el tema de la pandemia, pero ya hay bastantes personas que están planteando su caso para ser revisado”.
“Vamos un poco lentos por el tema de la pandemia, pero ya hay bastantes personas que están planteando su caso para ser revisado”
Considera que ahora sí se está combatiendo “una deficiencia estructural del Estado”. Para ello “comienza a haber algunos traductores, algunas personas que conocen la lengua y cultura, pero en términos generales no tenemos suficientes para cumplir con toda la puntualidad que exige el marco legal constitucional”.
La expectativa es que antes de que termine el año el INPI plantee a la Comisión de Amnistía los primeros casos de personas indígenas que podrían beneficiarse de la nueva ley.
La Comisión está integrada por los titulares de las Secretaría de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), Seguridad y Protección Ciudadana (Alfonso Durazo Montaño); Bienestar (Javier May Rodríguez); y de los Institutos Nacional de las Mujeres (Nadine Gasman Zylbermann), e INPI (Adelfo Regino Montes).
—Si la Comisión sólo estudiará los casos de los procesados por delitos federales, la mayoría de los indígenas presos ni siquiera serán contemplados para una posible liberación. ¿Hay alguna política o algún programa para liberar a los del fuero común? –se le pregunta al coordinador de Derechos Indígenas del INPI.
—Eso sería a mediano o largo plazo, porque requiere que las Legislaturas de los estados aprueben leyes de amnistía –reconoce Hugo Aguilar Ortiz–. No se ha hecho. Sólo se han presentado iniciativas en entidades como Oaxaca e Hidalgo. Ahorita hay más efervescencia por iniciativas en materia electoral, más por las elecciones que se vienen.
En el INPI tampoco tienen una cifra estimada de cuántas personas serán beneficiadas por la Ley de Amnistía. “La mayoría de los que son censados son hablantes de su lengua y, con esta deficiencia estructural, se requeriría de una revisión de todos ellos. Y aunque hablen la lengua castellana, no implica que no deban de juzgarse con una perspectiva intercultural”, advierte.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que aunque la persona procesada hable la lengua española o la entienda y pueda hacerse entender en esta lengua, los indígenas deben ser juzgados tomando en cuenta sus sistemas normativos y su diversidad cultural.
“Eso es obligación del Estado. Y el principio por el cual se está generando la amnistía a favor de los presos indígenas es precisamente a partir de la violación a este derecho. La Ley establece que van a ser beneficiados por ésta aquellos que no hayan tenido un juicio intercultural o, como establece la Constitución, quienes no hayan tenido acceso a la efectiva jurisdicción del Estado.”
—Eso dice la Ley. ¿Cuentan el INPI y la Comisión de Amnistía con los recursos humanos y financieros suficientes para la revisión de todos los casos?
—Ahorita el obstáculo es la pandemia, porque no se puede acceder a los penales con regularidad. Pero no vamos a tener mayor dificultad: van a ser nada más gastos de viáticos, es decir, cuando alguien va a ser beneficiado por la Ley de Amnistía no se requiere de pagar un monto específico, sino que quedan totalmente absueltos de la condena o proceso a los que estén sujetos.
—¿Y sí cuentan con los recursos humanos? Aunque no revisen los del fuero común, los del fuero federal son varios cientos. Si van a revisar caso por caso, los proceso de liberación serán cuentagotas –se le hace la observación.
—En estos últimos meses he tenido muchas reuniones con varias organizaciones de traductores en las entidades federativas y hay interés en plantear los casos. A diferencia de los otros supuestos de amnistía, en éste hay que valorar si efectivamente no tuvo acceso a la jurisdicción del Estado o si necesitaba de un traductor. Vamos a tener que auxiliarnos de instituciones académicas y gubernamentales para hacer este trabajo. No es nada más conocer el caso y plantearlo sino también es realizar un conjunto de valoraciones que, efectivamente, sí nos va a causar que sea a cuentagotas la liberación.
“Se valorará caso por caso y eso nos va a causar que sea a cuentagotas la liberación”
El funcionario, de origen na’saavi o mixteco, dice que la Ley impulsada por el gobierno de López Obrador busca ayudar a víctimas de las que delincuentes se aprovecharon en un contexto de extrema necesidad. Personas que han sido utilizadas para transportar o comercializar enervantes, por ejemplo. Indígenas y campesinos se vieron empujados a cometer este tipo de ilícitos. “En esta Ley subyace la idea de no castigar a las personas que viven en pobreza”.
Hugo Aguilar destaca que, además, se dejará asentado el criterio de que juzgar a indígenas debe ser bajo principios, criterios y procedimientos distintos. Se trata de un tema en el que en México no se ha avanzado. Todo se reduce, sin cumplirse a cabalidad, a que deben contar con intérpretes en su lengua y abogados.
“Se requiere analizar la especificidad cultural, además de las condiciones de pobreza en las que se encuentra un individuo, con el fin de que tenga trascendencia en la sentencia, a la hora que se juzga a los hermanos indígenas.”
El objetivo es que aunque no haya Ley de Amnistía, las circunstancias en que se encuentran los indígenas pudieran ser atenuantes o valer como elementos para modificar criterios a la hora de emitir sanciones.
“No negamos que algunos hermanos indígenas se dediquen de manera premeditada y sistemática a delinquir, pero yo creo que el grueso de ellos fue un delincuente ocasional que fue obligado a cometer estos delitos.”
—La política de excarcelación será muy limitada mientras no considere a los presos del fuero común –se le cuestiona.
—Ese diagnóstico es acertado, pero creo que el mensaje de la Federación es contundente. Cuando tengamos los primeros casos va a desatarse de manera natural la exigencia de que también los del fuero común participen de estas medidas. Vamos a tener la oportunidad de empujar la ley en las legislaciones locales.
Informa que el INPI sí ha detectado indígenas presos por causas políticas que datan de sexenios anteriores. Sin embargo, no se cuenta con una cifra exacta.
Uno de los casos es el del líder yaqui Fidencio Aldama, activista contra el paso del gasoducto por el pueblo de Loma de Bácum. Está preso desde el 27 de octubre de 2016, cuando –sin pruebas– fue acusado de haber asesinado a Cruz Buitimea durante una asamblea en Loma de Bácum.
Lo cierto es que aquella asamblea, celebrada el 21 de octubre de ese año, fue agredida por personas ajenas a la comunidad y en esos hechos fue muerto Buitimea. Carmen García –esposa de Fidencio– considera que el gobierno se aprovechó de estos hechos para encarcelar al líder yaqui, quien esos momentos era guardia tradicional de Loma de Bácum. Quisieron tenerlo de “rehén” ante el rechazo al gasoducto.
“Fidencio no aceptará salir de la cárcel si le condicionan su libertad a cambio del paso del gasoducto por territorio yaqui”
Por ello, Carmen García y el Grupo de Trabajo por la Libertad de Fidencio Aldama Pérez, con la solidaridad de Congreso Nacional Indígena, iniciaron el pasado 21 de octubre la “campaña total” por la liberación del activista yaqui.
“El juicio contra el compañero Fidencio Aldama Pérez ha estado plagado de irregularidades; nadie lo señala como autor del crimen, ni siquiera hay testigos que indiquen que disparó su arma; no hay una prueba pericial que señale que existe una trayectoria posible entre el lugar en que se encontraba el guardia tradicional y el muerto.”
En entrevista con Contralínea, Carmen García advierte que el activista preso no aceptará salir de la cárcel si le condicionan su libertad a cambio del paso del gasoducto por territorio yaqui. No venderá su lucha a cambio de su libertad. Prefiere pasar “muchos años” preso antes de traicionar sus convicciones.
Carmen García, madre de dos niños de 10 y 5 años de edad, respectivamente, señala que desde la detención de su esposo ella ha tenido que “ser papá y mamá al mismo tiempo”. Trabaja en una maquiladora para sostener a sus niños y apoyar a su marido.
Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas, dice a Contralínea que el INPI sabe del caso y que, a pesar de que es un asunto del fuero común, se buscará excarcelarlo.
“Es del fuero común, pero tenemos la instrucción de trabajar con él. Todavía no está sentenciado. Es un tema que vamos a estar revisando en los siguientes días. Este caso se da en un contexto de conflicto social por un proyecto de gran envergadura en territorio yaqui.”
Carmen Aguilar señala que en su encuentro con Hugo Aguilar, éste le prometió que se haría lo posible para que se liberara a su marido. “Que esa consigna ya se las había dado a ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me dijo que lo que vamos a hacer primero es hablar con la parte acusadora, que son los familiares de Cruz Buitimea”.
—¿Cree que sí haya posibilidades de que liberen a su esposo?
—La verdad, no sé; porque a nosotros nos ha hecho mucho daño el gobierno. Primero por el gasoducto, que lo quisieron construir sin habernos consultado antes y, segundo, porque metieron a Fidencio [a la cárcel], siendo él inocente. En tercer lugar porque han matado a muchas personas de aquí. Todo esto nos ha hecho desconfiar del gobierno. Lo que temo es que sí lo van a liberar, pero bajo la condición de que autoricemos el gasoducto. Creemos que el gobierno va a querer algo a cambio de su liberación.
Carmen aclara que hasta el momento el gobierno de López Obrador no les ha pedido nada . Sólo les ha informado que se está revisando su caso.
“Fidencio dijo que aunque esté encerrado muchos años que no permitamos el paso del gasoducto y sigamos en la lucha. Que no bajáramos la guardia. Y ahorita que le dije que hablamos con Hugo Aguilar, se entusiasmó; pero enseguida me dijo: ‘¿Y si quieren algo a cambo? Así yo no quiero mi libertad, yo prefiero quedarme aquí’”.
El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs acompaña los casos de Adrián Gómez Jiménez, Marcelino Ruíz Gómez y de los hermanos Germán y Abraham López Montejo.
Adrián, tsotsil de San Juan Chamula, fue detenido el 3 de febrero de 2004, cuando contaba con 22 años de edad. Lo torturaron hasta hacerlo confesar delitos de los que no tenía idea alguna, entre ellos secuestro. Desde entonces está preso. El proceso se llevó en español, sin traductor, y apenas pudo enterarse de lo que se le causaba. Sexenio tras sexenio, los gobierno locales aseguran que revisarán su caso. Finalmente no hacen nada.
“Fue detenido hace 16 años, cuando contaba con 22 años de edad. Lo acusaron de secuestro sólo porque los policías que lo detuvieron tenían que presentar “resultados”
Marcelino, también tsotsil, acusado de asesinato en un proceso irregular sin traductores, ha padecido que le nieguen incluso la liberación anticipada a la que tiene derecho. Ha sido castigado constantemente por realizar huelgas de hambre, costurarse los labios y otras actividades políticas en las que señala su inocencia y reclama su libertad.
Germán y Abraham, también tostiles, fueron obligados a autoinculparse de asesinato en varias sesiones de tortura. Fueron detenidos el 17 de enero de 2011. Hasta la fecha no han sido sentenciados.
Juan Pablo Nava, de No Estamos Todoxs, informa que Adrián y Marcelino están a la espera de ser liberados por haber pasado más de la mitad de tiempo de la condena que les dictaron. “Obviamente, se sabe de su inocencia; está comprobada. En cuanto a los compañeros Germán y Abraham López, están aún dentro del proceso judicial”.
Explica que la situación de “cualquier preso, y que además es de abajo, es bastante complicada; muchas cosas se agudizan tan sólo por la propia condición social, pero además hay una particularidad más en estos casos, porque también son de origen indígena”.
Dice que el activismo de los tsotsiles ha sido castigado por las autoridades con la demora de los procesos. Además, los cuatro padecen un acoso permanente. “Nuestros compañeros son un claro ejemplo de cómo se fabrican culpables, siendo ellos pobres y cómo son víctimas del sistema carcelario mexicano, de cómo resultan culpables de cualquier delito que se les pueda fabricar”.
Señala que entre las poblaciones más vulnerables se encuentran la de origen indígena.
“Todo esto es parte del sistema colonialista y racista en general que México tiene, pero que se ve aumentado 1 millón de veces en el sistema carcelario. Los indígenas son los chivos expiatorios por la vulnerabilidad en la que se encuentran, el poco manejo del idioma castellano que tienen, por la pobreza, por la escasez de estudios.”
Miguel Ángel Velasco cuenta hoy con 62 años de edad. Fue sentenciado a 85 años de prisión hace 2 semanas, aunque está preso desde el 21 de diciembre de 2011. Su hija Isidra Velasco señala que se trata de una “venganza” de los paramilitares. Como no pudieron matarlo, lo encierran de por vida. Se trata de un profesor triqui desplazado de San Juan Copala.
Está acusado de participar en el asesinato de las jóvenes triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez el 5 de julio de 2007. Velasco era parte del proyecto autonómico de San Juan Copala. En la época en que fue detenido, la región triqui vivía un conflicto armado, con muertos y desaparecidos en las filas de las tres organizaciones en guerra.
“No esperábamos que lo sentenciaran a 85 años y la verdad es que ya estábamos esperando su libertad, porque él es inocente de todo lo que se le acusa.”
De 22 años de edad, Isidra Velasco señala que su padre está preso “por lo corrupto que es el gobierno. Hemos visto que le fabricaron todo aquello de lo que se le acusa, yo creo más bien que es una venganza de los paramilitares”.
No pierde la esperanza de que “la lucha social” permitirá que el caso de su padre sea revisado. “No es justo que le den 85 años de prisión a mi papá. Es un padre ejemplar para nosotros como sus hijos. Y la verdad en ese tiempo que lo acusan él estaba trabajando; no se nos hace justo que le hagan eso a nuestro papá”.
Otro caso es el de Roberto Cárdenas Rosas, aprehendido el 18 de junio de 2002 por supuestamente haber participado en los asesinatos de Ignacio Salazar Ramos y Juventino Quiroz Cruz. Fue sentenciado a 70 años de prisión y a pagar reparación del daño por 90 millones 770 mil pesos.
Cárdenas Rosas, de San Miguel Copala, atribuye su encarcelamiento a las actividades políticas que realizaba en la región. También era partidario del proyecto autonómico de los triquis.
Todos los casos presentados son del fuero común, es decir, no están contemplados en la nueva Ley de Amnistía. Los indígenas que seguir en prisión en condiciones agravadas por el racismo del sistema penitenciario.
—¿Hay alguna política para mejorar la situación de los indígenas que se quedarán en prisión? –se le pregunta a Hugo Ortiz, coordinador de Derechos Indígenas del INPI.
—No tenemos un presupuesto ni una política especial para indígenas. El sistema penal encargado de reinsertarlos a la vida social está en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que no tenemos recursos para brindar una atención diferenciada con el fin de reinsertarlos a la vida social.
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