La administración de Felipe Calderón entregará un país con los niveles más altos de corrupción respecto de otros sexenios. La práctica, enquistada en muchas instituciones, ha derivado en la pérdida de competitividad. Analistas, académicos, investigadores y representantes de organizaciones civiles expertos en combate a la corrupción señalan que uno de los retos más importantes del próximo gobierno será transparentar las finanzas públicas
Abatir la corrupción es otra de las fallidas promesas del presidente Felipe Calderón. En diciembre próximo entregará la administración del país con los niveles más altos de corrupción de los últimos años, según indicadores nacionales e internacionales. Bajo su gobierno, México se colocó como el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el menos confiable y transparente a juicio de su ciudadanía, de acuerdo con diversos indicadores elaborados por Transparencia Internacional (TI).
Al cabo de dos sexenios, el llamado gobierno de la alternancia no representó para México avance alguno en materia de combate a la corrupción. Las viejas prácticas incrustadas en las administraciones priístas no se erradicaron, por el contrario, el soborno se convirtió en cuota de rigor para una de cada cinco empresas como la única forma de asegurar sus negocios o contratos, de acuerdo con el diagnóstico del Foro Económico Mundial (FEM).
Los directivos empresariales de diversas partes del mundo encuestados por la organización –que tiene su sede en Ginebra, Suiza– coincidieron en que la corrupción es uno de los dos factores más problemáticos para hacer negocios en México –el otro es la inseguridad–, y una de cada cinco empresas admitió que mediante el pago de sobornos aseguran sus negocios.
Los escándalos de soborno, cohecho, tráfico de influencias, quebranto patrimonial y, en general, de prácticas corruptoras, se volvieron tan frecuentes y costosas que hoy equivalen al 9 por ciento del producto interno bruto, según cálculos del FEM. A nivel empresarial las compañías gastan hasta el 10 por ciento de sus ingresos en sobornos, práctica a la que recurre más del 70 por ciento de empresas.
Compras, el gran foco rojo
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, explica que las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio –que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México– han demostrado el enorme desaseo que la actual administración en el gobierno federal ha tenido en materia de compras y contrataciones.
“La mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones públicas, y privilegian las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas, donde tienen mayor margen de maniobra y discrecionalidad. Cuando se realizan licitaciones públicas, las empresas proveedoras frecuentemente buscan influir de manera ilegal en los funcionarios a cargo de los concursos o coludirse entre sí para inflar los precios.”
Sandoval Ballesteros, doctora en ciencia política por la Universidad de California y consultora del Banco Mundial, destaca que una de las áreas clave donde el “desaseo” se torna ya en “extremos sumamente peligrosos” es en las paraestatales, particularmente en Petróleos Mexicanos (Pemex).
“La gravedad del diagnóstico exige soluciones de fondo. Desafortunadamente, las reformas recientes no han sino empeorado las cosas. La actual Ley de Petróleos Mexicanos estableció un régimen de excepción para las compras de bienes y servicios en todas las áreas sustantivas de la empresa, removiéndolas del control del Congreso de la Unión. Para cualquier producto relacionado con la exploración, la producción y la refinación simplemente ya no es necesario aplicar la Ley de Adquisiciones sino las disposiciones propias que hoy elabora el Consejo de Administración de la empresa a su leal saber y entender.
“Asimismo, el artículo 57 de esa Ley incluye ya una larga lista de áreas donde Pemex puede simplemente optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa, independientemente del monto del contrato respectivo y de que se trate de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refiere el Artículo 27 constitucional. Tales disposiciones, evidentemente en lugar de reducir el margen de discrecionalidad, prometen hundir aún más a la empresa en el pantano de la corrupción.”
TI, organización mundial de combate a la corrupción con sede en Berlín y presencia en 80 países, coincide en que el sector de contratos de obra pública y construcción es el más proclive al soborno en el ámbito público y privado, derivado de las características propias del sector. “Es común que los contratos sean extensos y que los proyectos de construcción tengan características únicas, lo cual dificulta la posibilidad de cotejar costos y plazos. Esto facilita el ocultamiento y el incremento artificial de gastos adicionales”.
En tal sector, los costos del soborno y la corrupción, refiere TI, son “particularmente nocivos” porque las decisiones inadecuadas desvían el dinero aportado por los contribuyentes, debilitan la posibilidad de crecimiento a largo plazo de los países, pero además, “también pueden afectar la calidad de los proyectos, dado que se incumplen los estándares de seguridad”. En términos incluso en extremo “criminales” se ubica este tipo de sobornos, cuando la mala calidad de las construcciones, vinculadas a actos de corrupción, implica pérdida de vidas humanas.
Soborno trasnacional
El soborno trasnacional –otra fuente de corrupción– proliferó bajo este gobierno. En el Índice de fuentes de sobornos, México obtuvo una calificación de siete en una puntuación donde 10 equivale a países cuyas empresas nunca pagan sobornos y cero a empresas que prácticamente basan sus relaciones comerciales en sobornos a sus socios, proveedores, o incluso a sus competidores. El sector bancario y financiero, junto con la silvicultura, el petróleo, gas y minería son las ramas con mayor incidencia de sobornos y pagos indebidos a funcionarios públicos y políticos de alto nivel con el fin de conseguir influencias.
“El soborno trasnacional tiene graves consecuencias para el bien común: distorsiona la justa adjudicación de contratos, reduce la calidad de los servicios públicos básicos, limita la posibilidad de desarrollar un sector privado competitivo y debilita la confianza en las instituciones públicas”, cita TI.
Bajo los gobiernos que anunciaron un combate a la corrupción, que en la práctica no se vio reflejado, México se convirtió en epicentro de corrupción de muchos consorcios trasnacionales.
En contraste con la pasividad de las autoridades mexicanas, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) ha realizado exhaustivas investigaciones en contra de numerosas compañías trasnacionales implicadas en prácticas corruptas en sus negocios mundiales.
En el banquillo de los acusados, ante las autoridades del DOJ, de la Oficina Federal de Investigaciones y de la Comisión de Valores, decenas de altos ejecutivos de renombradas trasnacionales se han declarado culpables de prácticas licenciosas para obtener millonarios contratos de servicios y obra pública; evadir impuestos o trámites aduanales; leyes a modo o cualquier privilegio para sus negocios.
También de regalar inmuebles, automóviles, yates, viajes; entregar fajos, bolsas y hasta vehículos repletos de dinero en efectivo; por consentir a funcionarios públicos con el pago de sus tarjetas de crédito, el abasto de suntuosos guardarropa, cirugías estéticas para sus parejas, el pago de lunas de miel, y hasta de “entretenimiento inapropiado” básicamente servicios sexuales. Muchos de esos casos, indagados judicialmente por las autoridades estadunidenses, tuvieron su epicentro en México, durante las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
El pago de los sobornos se realizó por diversas vías, desde la convencional entrega directa de manojos de dinero en efectivo, la triangulación de capital a cuentas bancarias en el extranjero, y también con estrategias más elaboradas como la creación ex profeso de compañías puente que facturaron los sobornos como si fuesen “consultorías”, “asesorías” o “gastos de operación”. O también mediante fideicomisos o supuestos fondos o cajas de ahorro.
En tal condición, el gobierno de Estados Unidos obtuvo confesiones de ejecutivos de empresas como Pride, Noble, ABB Group, Siemens, Eni, SPA, Kellogg Brown & Root, General Electric, Goldman Sachs Group, Lindsey Manufacturing, entre otras (Contralínea 254 http://contralinea.com.mx/2011/10/12/mexico-paraiso-de-trasnacionales-del-soborno/).
Los casos más recientes son el de Bizjet Internacional, compañía del sector aeronáutico que sobornó a funcionarios de la Policía Federal y del Estado Mayor Presidencial para obtener millonarios contratos para el mantenimiento de aeronaves. Y el de Walmart, trasnacional que incurrió en “soborno sistemático” por 24 millones de dólares para “dominar” el mercado mexicano.
A todas las empresas declaradas culpables de soborno trasnacional el gobierno de Estados Unidos les impuesto multas millonarias ingresadas a las arcas públicas de ese país. En contraste, la administración de Felipe Calderón continuó transfiriendo, a la mayoría de esas compañías, millones de pesos del erario vía contratos gubernamentales.
Más allá de la implicación moral de las pericias corruptoras, generalmente los montos que las compañías pagan en sobornos los costean con sobreprecios en sus contrataciones gubernamentales, de manera que, al final, del erario salen los pagos ilegales.
El legislador federal Mario Di Costanzo Armenta considera primordial que el Congreso discuta algunas nuevas disposiciones legales para inhibir esas prácticas, y por parte de las autoridades mexicanas, un trabajo similar al que hacen las estadounidenses, es decir, investigar y enjuiciar a las empresas implicadas en prácticas corruptoras, e imponerles multas que se ingresen a las arcas públicas pero además, vetarlas de participar en futuras contrataciones gubernamentales.
“Son primordiales los esquemas que inhiban toda práctica corruptora, por ejemplo prohibir la participación en contrataciones oficiales de empresas implicadas en sobornos en cualquier parte del mundo, porque además son prácticas trasnacionales. Hay consorcios con operaciones en todas las regiones del mundo que estilan siempre las mismas prácticas”, explica el legislador.
La otra cara de la moneda son las extorsiones o actos de corrupción a los que se ven sometidas las empresas. El estudio Fraude y corrupción en México, elaborado por la consultora KPGM (en 2008), consigna que el 77 por ciento de las empresas extranjeras que operan en México han padecido cuando menos un fraude o se vieron involucradas en algún evento de corrupción.
Incluso a ojos del sector empresarial la corrupción en el país está en niveles insostenibles. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado identifica a México como uno de los países más corruptos del mundo.
En abril, luego de que el periódico estadunidense The New York Times revelara los escandalosos sobornos de Walmart en México, el Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani; el de Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Sergio Cervantes Rodiles; y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Espinosa, plantearon la necesidad de que el próximo gobierno instituya la figura del “zar anticorrupción”.
Coparmex por su parte creará un Comité de Buenas Prácticas, que pugnará por el “cero sobornos”. La propuesta es coincidente con la iniciativa del FEM, de una alianza mundial contra la corrupción, en la que las empresas adopten como política la “cero tolerancia a la corrupción y el cohecho”.
TI señala también que es fundamental que el fenómeno del soborno entre particulares no sea ignorado por las leyes contra la corrupción a nivel nacional, especialmente teniendo en cuenta que en la actualidad, la Convención de la OCDE contra el soborno no exige a sus miembros la penalización de esos delitos. TI invoca a modelos como la Ley de Soborno del Reino Unido que tipifica el soborno entre empresas como un delito. Dicha ley es extensiva a cualquier empresa extranjera que realice actividades comerciales en el Reino Unido.
Irma Eréndira Sandoval –Premio Manuel Espinosa Yglesias 2009– considera que “la única forma de empezar a combatir la corrupción privada dependerá de que los actores privados, empresarios, concesionarios y corporaciones se conviertan de una vez por todas en sujetos obligados de las leyes de trasparencia”.
En este sentido, explica la investigadora, “habría que reafirmar la rectoría del Estado para asegurar un desarrollo económico dentro de un renovado marco de democracia, transparencia y bienestar común, en lugar de repetir la fallida fórmula neoliberal de más ganancias privadas con mayores costos públicos”.
Pero no sólo las prácticas corruptoras del sector empresarial han contribuido al deterioro del país en esa materia. El Barómetro Global de la Corrupción registra que en México entre el 30 y 49.9 por ciento de los ciudadanos recurren al pago de sobornos para conseguir que se les provea de algún servicio, o que la autoridad atienda alguno de sus reclamos por servicios. Desgraciadamente, las personas más pobres son las más afectadas por el soborno. “En ocho de cada nueve servicios la población de más bajos recursos paga sobornos”.
Transparencia Mexicana calcula que las familias gastan entre el 8 y el 18 por ciento de sus ingresos en pagos de sobornos.
Derrota moral
El lastre en materia de corrupción que en diciembre próximo heredará al próximo gobierno la actual administración es para algunos analistas muestra de la falla sistémica de los controles de regulación.
Ernesto López Portillo, presidente del Insyde señala que “la corrupción fluye en ambientes donde hay fallos sistémicos, uno de los cuales y quizá el más importante es la débil autorregulación. En este sentido, tengo la impresión de que México enfrenta una derrota moral, expresión que defino precisamente como la debilidad masiva de los mecanismos personales auto regulatorios que debieran funcionar para activar la autocensura y desde ella la censura hacia terceros con respecto a conductas de apropiación ilegal e ilegítima de recursos públicos”.
Sin medidas gubernamentales que le hiciera contrapeso, en una preocupante escalada, en los últimos 12 años México subió del lugar número 58 al número 100 el Índice de corrupción, de acuerdo con Transparencia Internacional. Es decir, se volvió menos transparente y más corrupto.
En el sexenio de Felipe Calderón, México cayó 28 sitios en el Índice de percepción de la corrupción. Tal indicador, elaborado por Transparencia Internacional, califica qué tan corrupta es una Nación, según consideraciones de su ciudadanía y derivado del trato de ésta con el gobierno.
En 2007, el país se ubicaba en el lugar número 72 en un listado de 183 países, para 2011 se ubicó en el número 100, junto a países asiáticos y africanos como asiáticos y africanos como Benín, Burkina Faso, Yibuti, Gabón, Indonesia, Madagascar, Malawi, Santo Tomé y Príncipe, Surinam y Tanzania. La calificación de México fue de 3 donde 0 es la calificación para los más corruptos y 10 para los menos corruptos.
Con tal calificación México se ubicó como el más corrupto entre los miembros de la OCDE: ocupó en 2011 el lugar 34 de los 34 países.
“El índice muestra que algunos gobiernos no protegen de forma adecuada a sus ciudadanos frente a la corrupción, tanto en el abuso de los recursos públicos como en la presencia de sobornos o en el hermetismo en la toma de decisiones”, concluye Transparencia Internacional.
En los diagnósticos elaborados por las organizaciones del país, la administración Calderón tampoco aprobó en materia de combate a la corrupción. El Índice nacional de corrupción y buen gobierno (INCBG), elaborado en 2010 por Transparencia Mexicana detectó que en 10.3 de cada 100 trámites o servicios públicos otorgados a la ciudadanía hubo actos de corrupción. No se había registrado un nivel de incidencia tan alto desde el año desde 2001, cuanto Transparencia Mexicana comenzó a elaborar el INCBG y éste se situó en 10.6.
Mientras en 2001 los mexicanos pagaron “mordidas” en 10.6 de cada 100 trámites gubernamentales, en 2005 el volumen descendió a 10.1; en 2007 a 10.0; y en 2010 subió a 10.3 por ciento.
La mayor incidencia en las prácticas de corrupción en el rubro de servicios gubernamentales se dio en el ámbito del sector salud. En 8.7 por cada 100 casos los mexicanos pagaron sobornos para recibir atención en casos de urgencia en clínicas o en hospitales.
Fiscalizadores reprobados
La percepción de la ciudadanía mexicana –registrada por organizaciones de medición y combate a la corrupción– es que las medidas gubernamentales han sido ineficaces para abatir la corrupción. El pago de sobornos guarda relación con una menor confianza en los procedimientos institucionales existentes para combatir la corrupción. De hecho el 52 por ciento de los entrevistados desaprobó las acciones del gobierno en su lucha contra la corrupción, al calificarlas como “ineficaces”.
Y es que ni las dependencias encargadas del combate a la corrupción y rendición de cuentas tampoco han dado resultados positivos. En su última revisión a la Secretaría de la Función Público (SFP), de las ocho auditorías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a esa dependencia solamente en una salió limpia, es decir, en siete de las ocho auditorías, el ente encargado de fiscalizar la función pública en el país salió reprobado.
A lo largo del sexenio la SFP recibió numerosa observaciones de la ASF que no fueron solventadas. Por ejemplo, solamente en 2009 la ASF le envió a la SFP 609 pliegos de observaciones. De esos solamente se atendieron 101, y de ellos la SFP rechazó 98 por supuestas “falta de pruebas”, como resultado de los otros tres casos, solamente se inhabilitó a un funcionario.
En la ineficacia que ha demostrado la SFP encuentra Mario Di Costanzo uno de los indicadores que reflejan el meollo de la creciente corrupción en el país. “No es posible que la dependencia que debe ser el fiscalizador salga reprobado en siete de ocho auditorías. Es inadmisible que el fiscalizador esta reprobado. Por ello es emergente reevaluar la efectividad de la Secretaría de la Función Pública”.
La organización México Evalúa –que funge como centro de análisis de las políticas públicas– concluyó recientemente un amplio trabajo de evaluación sobre las capacidades institucionales del país en materia de combate a la corrupción. Eréndira Avendaño, representante de la organización, adelanta a Contralínea algunas de las conclusiones que darán a conocer en días próximos:
“Nos encontramos que hay un sistema de control anticorrupción fragmentado, un sistema al que le falta autonomía, independencia política. Tanto la Secretaría de la Función Pública como la Procuraduría General de la República, que son entes encargados de prevenir, controlar, supervisar y sancionar la corrupción, tienen grandes problemas que se vinculan directamente a su dependencia del Ejecutivo federal.
“Es decir, los titulares de ambas dependencias dependen directamente de la Presidencia de la República y eso no garantiza su independencia, no tiene independencia del ente al que está regulando, lo que se refleja en la poca efectividad de sus resultados”.
Las cifras son claras: el promedio de sanciones administrativas en el ámbito federal derivado de prácticas de corrupción es de apenas el 18 por ciento. El porcentaje de sanciones económicas recuperadas por la Tesorería es de sólo el 5 por ciento.
Con tales resultados, el planteamiento de México Evalúa es que el próximo gobierno “debe garantizar la independencia tanto de la SFP como de la Procuraduría General de la República, que son los entes encargados de prevenir, controlar y sancionar la corrupción. Se debe fortalecer su capacidad de investigar este tipo de acciones, los controles internos y externos. Porque hasta ahora no se están logrando controlar porque hace falta la independencia de los organismos encargados de prevenir y sancionar la corrupción”.
En voz de Eréndira Avendaño, la organización plantea también que “se debe crear un sistema de revisión de combate a la corrupción que no esté fragmentando, y se debe lograr la independencia de actuación lograr que se establezca un marco normativo que garantice que no haya tampoco acciones arbitrarias. Pero principalmente se debe reflexionar que la corrupción afecta la gestión pública, la entrega de bienes y servicios, por eso es imperioso que la siguiente administración privilegie el interés público que proteja a la sociedad”.
Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, apunta al fortalecimiento de los controles y la transparencia porque “donde no hay visibilidad y control, tiende a crecer la corrupción”.
Inteligencia financiera contra la corrupción
Mario Di Costanzo considera que además de los controles anticorrupción, el gobierno debe diseñar estructuras de inteligencia financiera y patrimonial. “Necesitamos una inteligencia financiera no solo para esta absurda guerra contra el narcotráfico, sino que necesitamos una inteligencia financiera eficaz y eficiente para combatir todo el dinero que venga de actividades ilícitas, y dentro de ellas estás las que se obtienen de actos de corrupción, de sobornos o cohecho, ese también es dinero sucio y si el gobierno desarrolla inteligencia financiera y patrimonial, ello le permitiría la fiscalización en tiempo real, lo que hasta ahora por ejemplo no puede revisar la Auditoría Superior de la Federación, por el rezago que hay en las revisiones en la cuenta pública, pero que se podría hacer desde un área designada a ello”.
