El desalojo y ulterior detención de los moradores de las casas de estudiantes Nicolaita, 2 de Octubre y Lucio Cabañas, ubicadas en la capital michoacana, derivaron en más de 60 quejas por violaciones a derechos humanos. Éstas refieren principalmente el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías estatales y federales que participaron en el operativo. Sin embargo, las violaciones podrían ser más: por temor o desconfianza, algunos estudiantes no denuncian. Para Luis García, primer visitador de la CNDH, es preocupante “que se criminalice a los estudiantes y a la protesta social”. Si es así, advierte, “sería la violación más delicada, porque derivado de ello vienen violaciones a la seguridad jurídica”
Morelia, Michoacán. Tan sólo cinco quejas han ingresado a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán luego del desalojo, el pasado 28 de abril, de las casas de estudiantes Nicolaita, 2 de Octubre y Lucio Cabañas Barrientos, dependientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH).
Éstas no reflejan la realidad de lo ocurrido tras los muros universitarios, tampoco de lo que vivieron los jóvenes y niños que fueron encarcelados. Por temor y desconfianza, los moradores de las casas estudiantiles han optado por no denunciar el abuso policiaco.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue testigo. El 28 de abril por la tarde, un grupo de visitadores (abogados, sicólogos y médicos forenses) se trasladó al lugar de los hechos. A diferencia de lo reportado por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, la CNDH levantó 57 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
A Luis García López Guerrero, primer visitador de la institución nacional, le preocupa “que se criminalice a [los] estudiantes y la criminalización de la protesta social, porque esto viene derivado de una serie de protestas que venían formulando los estudiantes”. Si es así, advierte, “sería la violación más delicada, porque derivado de ello vienen violaciones a la seguridad jurídica”.
Pasada una semana del desalojo, las instalaciones educativas, consideradas patrimonio cultural de la humanidad, aún conservan las marcas de la violencia: vidrios rotos, puertas abolladas, habitaciones calcinadas. Los cuerpos y las memorias juveniles son los más afectados.
De acuerdo con los testimonios recabados por Contralínea, la integridad física y sicológica de los estudiantes habría sido vulnerada. Además, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (Grupo de Operaciones Especiales) y de la Policía Federal, que sin orden judicial participaron en el operativo de desalojo, alrededor de 500, les habrían robado computadoras, celulares, dinero en efectivo, material académico y objetos personales.
Brenda Medina, estudiante de sicología y habitante de la Casa del Estudiante Rosa Luxemburgo, muestra tímidamente el raspón en su antebrazo derecho. Durante la corretiza, que sucedió a plena luz del día en las azoteas aledañas a la Casa del Estudiante Lucio Cabañas Barrientos, los uniformados, además de propinarle una patada en la espalda, la obligaron a saltar desde una barda de casi 3 metros de altura.
—La verdad, de los nervios no sabía cómo bajarme, pues además no estoy acostumbrada a andar brincando de lugares tan altos. Me raspé; me iba a caer. El señor [policía] se compadeció y me agarró, pero en ese momento me dijo: Hija de tantas cuantas, mejor te hubiera dejado que te mataras. ¿Quién las manda a qué anden acá?”.
—¿Presentaste queja en la Comisión de Derechos Humanos? –se le pregunta a la joven de 22 años de edad.
—No, desgraciadamente. Y es lo que yo escuché que reafirmó el secretario [de Gobierno, José de Jesús Reyna García], que si ellos nos hubieran hecho una agresión así, ya lo hubiéramos denunciado. Pero por la presión, por el miedo, lógicamente nadie va a hacer en este momento nada. Y menos al ver la ineptitud de derechos humanos que la verdad, hasta el momento, yo no he visto que hayan hecho algo al respecto.
Testimonios de violencia: casa Lucio Cabañas
Es 8 de mayo de 2012 y el sol emana su máximo resplandor. Los habitantes de la Casa del Estudiante Lucio Cabañas acceden a mostrar a Contralínea el estado de su hogar. Han pasado10 días de la incursión policiaca.
Todo transcurre con aparente normalidad. Jóvenes enfilados en el comedor; algunos dialogan en los pasillos y patios; los integrantes del Comité Estudiantil, reunidos para definir su plan de acción. En la entrada principal de la casona, una montaña de objetos quemados: ropa, zapatos, restos de colchón, cobijas, libros, mochilas, las aspas de un ventilador…
Los medios de comunicación locales difundieron la versión de que los estudiantes incendiaron una de sus habitaciones en protesta por el desalojo de las casas Nicolaita y 2 de Octubre, que ocurrió aproximadamente a las cuatro de la mañana, seis horas antes de que los uniformados ingresaran también a la Lucio Cabañas.
“Eso es mentira”, revira, indignado, un joven que enseguida corre por la evidencia. Es estudiante de quinto semestre de medicina y se llama Fernando Aguilar. De una bolsa de plástico anaranjada saca un cilindro de gas y un artefacto plateado: el responsable del fuego. Se trata de una luz de bengala que los policías arrojaron por uno de los ventanales de la fachada principal y que se fue a estrellar contra las literas de madera.
Él es uno de los más afectados por la quemazón: su habitación, que compartía con otros 15 jóvenes, fue incendiada. “Los estudiantes de medicina teníamos una inversión de libros de aproximadamente 20 mil pesos, con el sacrificio de nuestros padres que nos mandaban dinero para comprar lo necesario para estudiar. Todo se quemó. Fue una pérdida y hasta la fecha no nos han resuelto nada de eso”.
“¡Choche, Choche!”, un grupo de estudiantes increpa a un muchacho que camina con evidente rengueo por uno de los pasillos del albergue.
—Muéstrales tu pierna, enséñales lo que te hicieron –insisten los estudiantes.
—¡No! ¿Para qué? –pronuncia, contundente, Choche y apresura su andar.
Fernando Aguilar explica que la lesión en la pierna de su compañero es producto de los golpes que le propinaron los uniformados. “Lo lesionaron porque ellos llegaban a someterte. No querían que les viéramos la cara porque los íbamos a conocer”. Con tubos o patadas, con las cosas que traen, les daban en los pies, los hincaban: “A muchos les ponían la playera [les cubrían la cara con ella]; les decían agáchate y los agarraban de la greña; los arrastraban y los subían a la camioneta como si fueran perros o peor que perros. Nos trataron como si fuéramos delincuentes; pero somos estudiantes”.
Con cierta renuencia, Joel Ontañon Gante, quien tiene una herida de unos 5 centímetros en el costado derecho justo a la altura de la cintura, acepta compartir su testimonio; no obstante, pide que su rostro se mantenga fuera de cuadro y no se le tomen fotografías.
Narra que el 28 de abril, justo cuando los policías ingresaron a la casa Lucio Cabañas, él presentaba un examen vía internet. “Ya cuando me iba a salir, [los policías] me empezaron a tirar balas de goma; no me pegaron ninguna de ésas, pero ya me estaban esperando algunos tipos y me comenzaron a dar tubazos en la espalda, me dieron en la cara también. Y me quitaron mi mochila donde llevaba mis pertenencias de la escuela y cosas personales. Me quitaron la cartera, el celular, todo me bajaron.”
Respecto de su estancia por casi dos días en barandillas, el joven originario de Guerrero relata: “Ya cuando estábamos allá nos trataron muy mal. Nos agachaban la cabeza; nos daban golpes en el estómago. El sábado me estaba sangrando la herida y les decía que necesitaba algo; y me decían que no necesitaba sutura. Pero yo sí me sentía mal; sí era una rajada grandecilla…”.
Brenda Medina rememora el arribo policiaco a la casa Lucio Cabañas. Integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) –organización que agrupa a 13 de las 35 casas estudiantiles que existen en Michoacán– dialogaban respecto del desalojo ocurrido la madrugada de ese día en dos albergues estudiantiles. A la par, en un pequeño dispensario, pasantes de medicina y enfermería atendían a los jóvenes heridos horas antes. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando un grito los alertó: ¡Ahí vienen los policías! El hedor del gas lacrimógeno inundó el lugar.
CDH: “Muy probable”el abuso policiaco
José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, comenta que el caso del desalojo de las casas estudiantiles y la ulterior detención de sus habitantes está en “proceso de investigación”; no obstante, dice que “es muy probable” que se hayan cometido violaciones a derechos humanos, principalmente en lo que se refiere al “abuso de la fuerza”.
A decir del ombudsman local, las quejas de los estudiantes y las investigaciones emprendidas por el organismo a su cargo involucran los siguientes conceptos: uso arbitrario de la fuerza, detención, cateos y visitas domiciliarias arbitrarios. Será hasta dentro de seis meses cuando la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán presente el documento final del caso.
Luis García López Guerrero, primer visitador de la CNDH, explica que, “dada la naturaleza de los operativos, en donde al parecer intervinieron servidores públicos federales y estatales, pero sobre todo [por] el hecho de que trascendió a la opinión pública”, Raúl Plasencia Villanueva, presidente de este organismo autónomo, atrajo la competencia de la investigación.
Los reclamos de los quejosos refieren abusos cometidos durante su detención y reclusión. Al respecto, la brigada de la CNDH testificó las lesiones corporales de al menos 50 alumnos de la UMSNH y que el hangar donde estuvieron presos los estudiantes no es “propio para una detención”.
—Nosotros, con nuestros peritos forenses, lo que vamos a tratar de evidenciar es si efectivamente fueron lesiones realizadas durante la detención y, de ser así, si fueron propias de un sometimiento con base en un protocolo de actuación o si fue un operativo en el que [los policías federales y estatales] simple y sencillamente llegaron, irrumpieron y hubo un exceso en el uso de la fuerza.
El también presidente del Programa de Atención a Víctimas del Delito dice que en julio próximo la CNDH hará públicas sus conclusiones, pues por ahora la investigación está en trámite. Subraya que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada a mediados de 2011, “el servidor público que viole derechos humanos estará violando también la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”.
Más violaciones a los derechos humanos
A menos de dos meses de que se celebren las elecciones federales en el país, la administración priísta de Fausto Vallejo Figueroa se ve involucrada en represiones.
Santiago, un joven morador de la Casa del Estudiante Nicolaita, habla del trato que les dieron los uniformados y confiesa que durante su estancia en el Ministerio Público tuvo mucho miedo.h“Nos decían: ?hijos de su puta madre, con Fausto ya se la pelaron. Y espérense a que llegue [Enrique] Peña Nieto a la Presidencia, los vamos a pisotear más, las putizas van a ser más seguidas’”.
A sus 23 años, el estudiante originario de Oaxaca fue encarcelado junto con otros muchachos. Asegura que los tenían hacinados y que los obligaban a permanecer en posición de cuclillas, con la cabeza agachada y los ojos cerrados.
—Nosotros no podíamos movernos, ni siquiera levantar la cara o mirarlos porque era motivo para que nos volvieran a golpear. A muchos compañeros les quitaban el cinturón y nada más se escuchaba cómo los golpeaban en la espalda. Se escuchaba también que preguntaban: “¿Quién es aquí el organizador, el que manda?”.
Además, a los chavos que prendían o les sonaba el teléfono celular se los llevan a un cuarto aparte: “Gracias a Dios a mí no me golpearon allá, pero se escuchaban los gritos de dolor, desesperantes, de muchos compañeros que se llevaban”, pronuncia, con tristeza, Santiago.
—¿Qué te dijeron tus papás cuando se enteraron de lo que te pasó?
—Mi mamá es madre soltera. Dos días de estar sin comunicación, sin poder marcar, para ella fueron como una eternidad. Al momento que yo salgo me comunico con ella inmediatamente; le digo que todo está bien. Ella, llorando, me dice que si no había otra opción, mejor me saliera de aquí, a rentar. Nosotros somos de bajos recursos y la verdad hasta me dijo: “Yo veo cómo le hago para que salgas adelante, pero salte de ahí”. Yo le dije que no; que no se preocupara.
El conflicto
Minutos después del operativo de desalojo, manifestaciones de inconformidad por el arribo de policías federales y estatales a tres casas estudiantiles, y por el maltrato y encarcelamiento de sus moradores, algunos de ellos menores de edad, invadieron las redes sociales.
Se habló incluso de estudiantes muertos y desaparecidos. Hasta ahora ninguna de las versiones ha sido confirmada, pero tampoco desechada. El mismo titular de la Primera Visitaduría de la CNDH manifiesta que tuvieron indicios de tres desaparecidos. De ellos, dos fueron encontrados y uno, “al parecer, estaba en otro lugar, pero no lo descarto”.
La justificación de la acción, según la administración de Vallejo Figueroa, fue el “restablecimiento del orden”. Se presume que los integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha desestabilizaron la entidad: bloquearon vialidades, secuestraron y finalmente incendiaron vehículos oficiales.
En realidad, replican los estudiantes, la Coordinadora de Universitarios en Lucha, en conjunto con el Movimiento de Aspirantes Rechazados, se movilizaba, como cada año, en demanda de recursos económicos y transporte para difundir en las comunidades más pobres de la entidad la Convocatoria de Nuevo Ingreso a la Universidad y a sus albergues, pues la autoridad universitaria sólo lo hace vía internet.
Al 14 de mayo todos los estudiantes encarcelados habían obtenido su libertad, incluidos los 10 jóvenes que permanecían detenidos en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres. La Procuraduría de Justicia del estado se desistió de la acción penal por el delito de “daños en las cosas”.
A cambio, estos 10 alumnos y representantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, moradores de las casas Nicolaita y Lucio Cabañas, signaron el documento “Compromiso Social por Morelia” a favor de “autoridades de la ciudad, sindicatos y organizaciones de la iniciativa privada”.
Los estudiantes se comprometen a “replantear su estrategia de lucha”: no realizar bloqueos en las calles de la ciudad y no secuestrar vehículos; y a dar a conocer su reglamento a la sociedad moreliana.
El 15 de mayo, en conferencia de prensa, los voceros de la organización estudiantil desconocieron tal acuerdo y denunciaron que sus 10 compañeros presos “firmaron bajo presión”.
—Nuestra lucha no se negocia; no aceptamos este documento [el Compromiso Social por Morelia] porque coarta el derecho a la libre manifestación.
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Fuente: Contralínea 286
