PGR reserva expediente penal contra ARA

En la coalición por la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto representó tanto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como al Partido Verde, que se promueve como un partido que defiende la vida y el medio ambiente. Sin embargo, la administración del político mexiquense enfrentaría ante la Procuraduría General de la República (PGR) acusaciones de supuestos delitos ambientales por autorizar la construcción de 13 mil viviendas de interés social en un terreno contaminado con metales pesados.

La denuncia fue promovida desde 2011 (cuando Enrique Peña se desempeñaba como gobernador del Estado de México) por colonos de la unidad habitacional Las Américas, fraccionamiento que el Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, razón social de comercial ARA, construyó sobre los terrenos de la extinta Sosa Texcoco, en el municipio de Ecatepec. Los lugareños recurrieron a la PGR tras un largo peregrinar judicial, de quejas y denuncias ante autoridades estatales y federales contra la constructora y funcionarios que autorizaron la instalación de la unidad habitacional en esa zona que, según denunciaron, estaría contaminada con metales pesados.

El 5 de abril de 2011, la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos contra el Ambiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR inició la averiguación previa 74/UEIDAPLE/DA/18/2011, en contra de las administraciones de Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas, así como del Consorcio de Ingeniería Integral, representada por Germán Ahumada Russek, presidente del Consejo de Administración y director general.

En febrero de este año, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, y en abril la resolución fue apelada por los denunciantes. Los peritajes que la PGR elaboró confirman la presencia de metales pesados, entre ellos plomo y arsénico en niveles que ponen en riesgo la salud humana, además de que las viviendas que para grupo ARA representa uno de sus proyectos más importantes, fueron construidas con materiales de baja calidad. La institución a cargo de Marisela Morales Ibañez lo clasificó como “confidencial” y declaró como reservado durante un periodo de 12 años.

La autorización del gobierno del Estado de México para la construcción del polémico proyecto inició en la administración de Arturo Montiel, cuando Peña Nieto era secretario de Administración. Ya como gobernador, Peña le dio continuidad, a pesar de las denuncias ciudadanas de los colonos.

Desde entonces, ambientalistas, urbanistas, geógrafos y expertos en mecánica de suelos vieron con suspicacia que se proyectara construir viviendas en un terreno con condiciones similares a las del Mar Muerto, derivado de medio siglo de extracción y procesamiento de sosa cáustica.

Mediante una concesión federal, en esa parte del Lago de Texcoco, desde 1944 la compañía Sosa Texcoco extraía el cloruro de sodio y el carbonato de sodio mediante un sistema de evaporación denominado “Caracol”. Con una producción de 750 toneladas diarias, la fábrica era la principal productora de sosa cáustica. Sin embargo, en 1993 estalló una huelga y la declaratoria de quiebra de su propietario Salim Nasta Haik, yerno de Gustavo Díaz Ordaz.

La zona quedó prácticamente abandonada y en la incertidumbre jurídica durante seis años. Rodeada por extensos baldíos y una hilera de yonkis instalados a orillas de un brazo del canal Río de los Remedios, las viejas instalaciones de la antaño prolífica fábrica coronaban un escenario desértico y desolador.

Para expertos ambientalistas, construir viviendas en terrenos de tales características les parecía algo descabellado. En 2003, con las viviendas aún en obra negra, se documentaron los riesgos que expertos advertían sobre ese hábitat (Contralínea 18).

Margarita Gutiérrez, investigadora del Instituto de Geografía del Laboratorio de Análisis Físicos y Químicos del Ambiente, advirtió en aquel entonces que el proyecto debía prohibirse: “construir sobre bancos naturales de sodio está asociado a una mala decisión, corrupción e ignorancia. El carbonato de sodio es un componente natural del Lago de Texcoco. Lo debieron de haber dejado en el lugar y las condiciones naturales en las que estaba, y no usufructuar con esas tierras, mucho menos con viviendas.

“El subsuelo tiene sodio que acaba con las construcciones; al reaccionar con agua se convierte en sosa cáustica, la cual quema, y al contacto con el cuerpo humano es sumamente agresiva, provoca problemas respiratorios y de la presión”, explicó la investigadora quien equiparó el proyecto mexiquense a pretender construir sobre el Mar Muerto, utilizado como depósito natural de sales. Advirtió que antes que los clientes pudieran cubrir su crédito, el salitre ya había invadido sus viviendas.

No obstante, las autoridades pasaron por alto la advertencia del riesgo de construir viviendas en esa zona y le autorizaron a ARA su megaproyecto.

La denuncia ante PGR –que recientemente se resolvió de manera adversa para los aferectados, al declararse el no ejercicio de la acción penal– señala que el gobierno del Estado de México, así como el local de Ecatepec sabían del riesgo de salud pública que implicaba generar asentamientos humanos en esos terrenos, manifestándolo así en la gaceta del 25 de febrero de 2002, “en la que claramente se hace saber que los contaminantes contenidos en esos terrenos perjudican gravemente la salud de la población no sólo de esos terrenos, sino de sus alrededores”.

Aunado a que la constructora inició el proyecto cuando aún no tenía los permisos totalmente autorizados. En febrero de 2001, el ayuntamiento de Ecatepec canceló la construcción y el entonces alcalde Agustín Hernández Pastrana declaró que había “ciertas irregularidades” en el procedimiento de autorización de la construcción de viviendas.

Funcionarios del gobierno del Estado de México explicaron que habrían otorgado los permisos a la constructora a condición de que el consorcio de Ahumada Russek saneara el terreno, lo rellenara con materiales especiales y nivelara el suelo, trabajos que serían revisados por el gobierno del estado.

Pero los hallazgos de los peritos de PGR evidenciarían incumplimientos, y al parecer la pasada administración en el Estado de México tampoco se aseguró de que la compañía cumpliera.

El proyecto de vida que la compañía vendió a sus clientes se desvaneció pronto. En las primeras viviendas, sus propietarios vieron cómo la pintura se deslavó, el impermeabilizante no contuvo las filtraciones y el aplanado de techos y paredes se desmoronaba bajo su cabeza. Por todos lados aparecieron grietas que a ningún resanado daban tregua. Ligeros hundimientos y la corrosión, improbable para un inmueble nuevo, comenzó a afectar muros, puertas y ventanas.

En 2005 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió las primeras quejas de la unidad habitacional Las Américas contra grupo ARA, que la constructora sorteó argumentando que la garantía era de un año.

Raymundo Padilla Canales, uno de los que presentó la averiguación previa 74/UEIDAPLE/DA/18/2011 ante la PGR, acudió a la Profeco en un fallido intento por conciliar que la empresa le devolviera su dinero. Entabló juicios civiles, acudió ante autoridades medioambientales y del sector salud; en marzo de 2010 llegó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante seis años, Padilla reunió peritajes, estudios y dictámenes elaborados por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad de Chapingo, que planteaban las condiciones medioambientales de la zona, además de documentos clínicos en los se acreditan las supuestas afectaciones a la salud de su familia. En 2011 llegó ante la PGR.

En su denuncia penal, Raymundo Padilla Canales dice que pocos meses después de habitar su vivienda “se empezaron a presentar un sin número de problemas, tales como contaminación por reactivos (metales pesados) tan peligrosos como níquel, cromo, manganeso, cadmio, plomo, arsénico, en rangos tan altos que ponen en riesgo la salud humana. También en la zona hay contaminación por tritio, es decir, isótopos del hidrógeno no estables y radiactivos, causando la liberación de energía en forma de radiación beta por la interacción de los rayos solares…”.

En su denuncia señala al exgobernador del Estado de México y al exalcalde de Ecatepec, como probables responsables de ilícitos previstos y sancionados en los artículos 414 y 415 del Código Penal Federal.

El 24 de junio de 2011, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, mediante el oficio 1219/ UEIDAPLE/DA/18/2011 solicitó al director general de Coordinación de Servicios Periciales la designación del perito en materia química a efecto de que identificara y determinara las concentraciones de metales pesados en agua de cuatro muestras recolectadas en el fraccionamiento Las Américas. El 1 de julio se designó a los peritos en materia de fotografía forense, y el día 6 al perito en materia de ingeniería y arquitectura.

El 7 de julio de 2011 el químico Miguel Calderón Segura y la bióloga Martha Acela Valdez González, peritos en materia de química forense, emitieron el dictamen en materia y concluyeron la presencia en cuatro muestras diferentes de metales altamente nocivos para la salud humana: arsénico, plomo, níquel, manganeso, hierro, magnesio, potasio, bario y silicio. En un segundo muestreo identificaron los mismos metales pesados, además de cromo.

El 25 de octubre de 2011, la PGR recibió el dictamen del perito en materia de delitos ambientales, Antonio Rivera Rivera además de las respuestas a un cuestionario elaborado por la PGR identificado como “Cuestionario resultante del muestreo del material blando no consolidado, suelo y agua realizado en varios sitios donde se localiza el conjunto urbano Las Américas, municipio de Ecatepec”. Tal documento, fechado el 17 de octubre, refiere lo siguiente: “se determina que sí se encontró la presencia (…) de níquel, cromo, manganeso, cadmio, plomo, hierro, arsénico, magnesio, potasio, bario y silicio (…) en cantidades que rebasan los límites permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-147 Semarnat/SSA1-2004 y la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994”.

Refirió el perito que la vía de exposición del ser humano de tales metales son la ingestión, inhalación y absorción dérmica.

También determinó los efectos en la salud humana de los elementos químicos identificados en el conjunto urbano: “afecciones renales, afecciones pulmonares, conjuntivitis, retinitis, cáncer pulmonar, envenenamiento agudo, daño al sistema nervioso, óseo y la producción de glóbulos rojos en la sangre, trastornos gastrointestinales, vómito, náuseas, hepatitis, asma y parálisis de miembros inferiores”.

El 14 de noviembre de 2011, la PGR recibió el dictamen pericial del arquitecto Juan Montero López, su perito en materia de Ingeniería y Arquitectura. Fechado el 9 de noviembre, dicho dictamen concluyó:

“De acuerdo con las consideraciones técnicas de este proveído los daños de tracto sucesivo ocasionados a los inmuebles ubicados en condominio Porto Viejo, propiedad de los denunciantes, fueron por el mal procedimiento de construcción, la deficiente calidad de materiales y mano de obra que se llevaron a cabo en los elementos estructurales de estos inmuebles”.

Según el expediente, el Consorcio ARA ofrecía a sus clientes la opción de ampliar su vivienda pagando un costo extra al propio consorcio.

Peculiares son también los argumentos con los cuales, el 22 de febrero pasado, la PGR determinó el no ejercicio de acción penal, al señalar que los metales pesados “sí se encuentran de forma natural en el suelo y agua donde fue construido el fraccionamiento Las Américas”, por lo que “no se complementa el tipo penal ya que la existencia de los elementos pesados se encuentra de una manera natural en el predio o suelo en donde se ubica la construcción de las viviendas de los hoy denunciantes”.

Se argumentó que ni ARA ni la empresa Sosa Texcoco tienen como objeto social el manejo de metales pesados y por tal, no eran responsables de su presencia en la zona.

“…Es importante mencionar que la empresa Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, lo único que realizó fue la construcción del fraccionamiento Las Américas en el terreno que ocupaba la empresa extinta Sosa Texcoco, y no el manejo de otra actividad con sustancias consideradas como peligrosos ni corrosivas, reactivas o explosivas, tóxicas o inflamables, ya que dentro de la industria de la construcción no se utilizan metales pesados para llevarla a cabo, es por ello que no se puede acreditar la intervención o la acción de la hoy inculpada…”.

Respecto a la empresa constructora se argumentó que “no se observó que la empresa constructora ARA haya realizado actividades tales como producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho o descargas, ya que esta lo único que pudo haber realizado fue la construcción del fraccionamiento Las Américas, en el terreno que ocupaba la extinta Sosa Texcoco.

“El fin de adquirir el terreno que ocupaba la extinta Sosa Texcoco por parte de la hoy inculpada era solamente para la construcción de las viviendas del fraccionamiento Las Américas (…) por lo cual la inculpada nunca emitió, despidió, descargó en la atmósfera, autorizó u ordenó gases, humos, polvo o contaminantes que ocasionaran daños (…) no por el solo hecho de haber realizado la construcción del fraccionamiento…”.

También exonera a los gobernantes: “En igualdad de circunstancias se encuentran también los inculpados Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila al tener un cargo como el que tuvieron en su momento como gobernador del Estado de México y el segundo como presidente municipal de Ecatepec, ello no implica que tuvieran mediación respecto a la presencia de los elementos pesados que fueron encontrados en el análisis químico practicado a las diferentes muestras de tierra y de agua, ya que respecto al cargo que ostentaban en esos momentos, delegan responsabilidades a los secretarios o encargados de cada dependencia de gobierno, como en este caso lo es la Secretaría de Ecología del gobierno del Estado de México”.

Frente a la determinación de la autoridad federal, Raymundo Padilla señala que “es el poder político de los funcionarios denunciados y el económico de la constructora lo que ha bloqueado mis denuncias”.

Para este trabajo se solicitó conocer la postura de Enrique Peña. Su área de prensa canalizó la solicitud a Eduardo Sánchez, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Sánchez dijo que “este asunto es parte del lodo de la guerra sucia”, en el marco del proceso electoral, y que hasta junio de 2012 la PGR “no nos notificó de este asunto”.

Se solicitó también la postura del gobernador Eruviel Ávila Villegas; hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Por parte del grupo ARA, tampoco.

De acuerdo con los afectados, el caso no es del todo cosa juzgada. El 13 de abril, Padilla presentó a la procuradora Marisela Morales una inconformidad ante la resolución de la Procuraduría General de la República. Dice que la averiguación previa no fue totalmente integrada y que las testimoniales no se complementaron. El análisis de ésta sigue en curso.

El denunciante envió información ante la Organización de las Naciones Unidas y piensa llevar su caso ante tribunales ambientales de carácter internacional.

Plantea también el curso de su acusación hacia el delito de fraude basado en los dictámenes periciales de la PGR, “porque ellos mismos confirmaron la presencia de metales pesados, incluido arsénico y plomo; y que los daños de mi vivienda fueron ocasionados por el mal procedimiento de construcción y la deficiente calidad de materiales y mano de obra”.

El Estado de México es zona medular para la compañía constructora que hace de su director general, Germán Ahumada, uno de los hombres más acaudalados de México. Aunque la empresa tiene operaciones en más de la mitad del país, el territorio mexiquense representaba en 2008, el 42.6 por ciento de su producción, de acuerdo con un reporte de CNN Expansión de ese año. La porción actual sería más alta pues en los últimos meses, la pasada administración estatal autorizó a la empresa la construcción en Chalco, Huehuetoca, Nextlalpan. Mientras tanto, en Las Américas la construcción y venta de viviendas continúa.

Fuente: Contralínea 293