La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero-Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) anuncia su incorporación al Movimiento Popular de Guerrerense y llama a la “lucha generalizada” contra los “malos gobiernos” estatal y federal.
Mediante un comunicado, la CRAC-PC advierte que ya no permitirán que le sean “conculcados” los derechos al pueblo. En el escrito se manifiestan contra las reformas estructurales, que –consideran– sólo buscan legalizar el despojo contra las comunidades.
Por considerarlo de interés de los lectores, Contralínea reproduce el comunicado integro.
COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS
DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO.
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA
Montaña y Costa Chica de Guerrero. Territorio Comunitario. 11 de abril de 2013
Al pueblo en general
A las autoridades comunitarias
A las organizaciones sociales y políticas fraternas
A los medios de comunicación
Por acuerdo de nuestra asamblea regional, nuestra institución comunitaria ha decidido incorporarse al movimiento popular guerrerense, en apoyo de las demandas del magisterio movilizado por la defensa de los derechos laborales de los maestros y por hacer valer el derecho humano de nuestro pueblo a la educación gratuita.
Con coraje observamos la urgencia y descaro de los representantes del malgobierno y de los empresarios por aplicar las llamadas “reformas estructurales” que necesitan para hacer efectivo el total despojo de los bienes y de los derechos del pueblo.
Antes ya arrasaron con los derechos de los campesinos al modificar el Artículo 27 de nuestra Constitución y hacer posible que los empresarios despojen de sus tierras y patrimonios a los ejidatarios y comuneros. El gobierno ha abandonado y dejado de apoyar a los trabajadores del campo para que sean los empresarios capitalistas los que inviertan con lo que convierten a los campesinos en peones de su propia tierra. Los programas como Procampo son una burla para la dignidad del campesino. Las miserias que entrega el gobierno a través de sus programas oficiales, sirven solo para que el campesino pobre no se muera y pueda seguir votando en las elecciones y seguir legitimando a los políticos de cualquier partido para que lo sigan explotando y humillando.
La modificación al artículo 123 constitucional hizo posible la reforma laboral, con la que anulan los derechos de los trabajadores ganados en muchos años de lucha. Con esa arma legal se lanzó el gobierno a desaparecer el Sindicato Mexicano de Electricistas, que aún se encuentra en lucha. Le quitó el empleo a más de cuarenta mil obreros de Luz y Fuerza del Centro, sin importarle que dejaba sin sustento y alimento a más de cuarenta mil familias. Hoy pretende con base en esa reforma laboral, quitarles sus derechos a los maestros.
Al reformar el artículo 3 de nuestra Carta Magna, que habla sobre el derecho de nuestro pueblo a la educación, se pretende consumar la reforma legal que necesitan los empresarios para tener a un pueblo arrodillado, hambriento, analfabeta, sin futuro, para que puedan hacer de nosotros y de nuestros hijos lo que quieran, para consumar el saqueo de nuestras tierras y territorios, para que seamos cada vez mas consumidores solamente y no productores. Todo este proceso de cambios se llama PRIVATIZACION, porque hoy todos los servicios que debería brindar el gobierno, los darán los empresarios PRIVADOS pero a cambio de que tenemos que pagar por ellos.
Es momento de preguntarnos: si tenemos todos los derechos establecidos en la Constitución, ¿por qué no los tenemos en la realidad? ¿Quién impide que los tengamos? ¿Por qué no tenemos salud? ¿Por qué no tenemos empleo, educación, vivienda, buena alimentación, buena información? ¿Por qué no tenemos derecho a nombrar a nuestras autoridades municipales, estatales y federales de una manera limpia y transparente y en la que podamos proponer a nuestros mejores ciudadanos y profesionistas? ¿Cómo hemos permitido que quienes gobiernen, gobiernen contra nuestros derechos y contra nuestros intereses? ¿Quién ha permitido todos esos cambios a nuestra Constitución? ¿Que no los diputados locales y federales y los senadores son representantes del pueblo? ¿Entonces por qué aprueban leyes que agravian al pueblo que representan?
Por lo anterior, es que hoy decidimos incorporarnos a esta lucha generalizada, para evitar que se consume este agravio en contra de nuestro pueblo. Llamamos a todo el pueblo en general a unificarse a la lucha del movimiento popular guerrerense y hacer efectivos nuestros derechos. Que nadie se quede sin luchar. Esta lucha ya no es solo de los maestros. Ahora nos toca luchar a todos, magisterio, padres de familia, estudiantes, campesinos, amas de casa, organizaciones sociales y políticas. Los padres de familia deben acompañar a los maestros en esta lucha. Ningún maestro debe quedarse de observador en su escuela o en su casa.
Exigimos que el congreso local apruebe la iniciativa de ley presentada por el magisterio conjuntamente con el Gobernador del Estado en la que se retomen los planteamientos hechos por el magisterio en cuanto a sus derechos laborales y por garantizar la gratuidad en la educación.
Exigimos la cancelación de las concesiones mineras en territorio comunitario, en el estado de Guerrero y en el país, pues con la autorización de la exploración y explotación minera se viola nuestra soberanía nacional. Alto al despojo. Alto a la extracción y contaminación de los bienes naturales.
Manifestamos nuestro rechazo total a la pérdida de fuentes de trabajo. Rechazamos y combatiremos la reforma educativa y laboral promovida por el gobierno estatal y federal.
Manifestamos que nuestra disposición siempre ha sido de dialogo y siempre estaremos dispuestos a ello, pero ante el doble discurso de los representantes del gobierno, no nos queda más que organizarnos y movilizarnos para hacer efectivos nuestros derechos como pueblo. Denunciamos la práctica de provocaciones instrumentada por el gobierno, al infiltrar agentes encubiertos en la movilizaciones, como es el caso ocurrido el día de ayer 10 de abril en Chilpancingo, cuando fue descubierto y detenido el agente ministerial del estado Guillermo Galindo Calleja, alias el Malina, con una pistola 9 mm sin seguro y con tiro en la recamara, con dos cargadores cada uno con 15 cartuchos, justamente cuando nuestro compañero Coordinador Regional Eliseo Villar, exponía la posición de nuestra institución comunitaria a la asamblea. De nueva cuenta le decimos al gobierno, que no permitiremos más detenciones o agresiones en contra de nuestros compañeros.
A todas nuestras autoridades comunitarias, municipales y agrarias, a nuestros grupos de policías comunitarios, a los compañeros colaboradores, a los colectivos y organizaciones hermanas, a los intelectuales y académicos fraternos los llamamos a movilizarse, a informarse en nuestras casas de justicia sobre las acciones a desarrollar.
Atentamente,
¡Sólo el pueblo apoya y defiende al pueblo!
“El respeto a nuestros derechos será justicia”
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
Comité Ejecutivo de la Policia Comunitaria
