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Presos políticos exigen al Estado “reparación del daño”

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Érika Ramírez @erika_contra

septiembre 6, 2011 12:00 am

Ocho labriegos atenquenses que estuvieron presos en penales de máxima y mediana seguridad por más de cuatro años –y que resultaron inocentes de los cargos que se les imputaron– exigen la reparación del daño al gobierno del Estado de México y a las instancias responsables del operativo policiaco llevado a cabo el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. A poco más de un año de haber obtenido su libertad, estos mexiquenses enfrentan situaciones de divorcio, pobreza, desempleo, estrés, y la cancelación de sus derechos políticos

Texcoco, Estado de México. Los pedales y el manubrio de la bicicleta se incrustaban en su cuerpo si intentaba mirar de reojo o pronunciar alguna palabra. El peso de los granaderos caía sobre él: había sido detenido mientras atravesaba la carretera México-Texcoco. Era todo el poder del Estado que recaía sobre alguien que ignoraba la razón de su detención: “Yo sólo iba a comprar unas refacciones para mi bicicleta; soy aficionado al ciclismo”, relata Alejandro Pilón Zacate, detenido el 3 de mayo de 2006 cuando se desataba un zafarrancho entre floristas, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y la policía estatal, en San Salvador Atenco.

Había terminado su jornada como bordador de telas en el taller de su cuñado. Eran las 5:30 de la tarde cuando empezaba con su afición de antaño, la que le costaría cuatro años y dos meses en prisión. Minutos antes había salido de los límites del municipio de Chiconcuac, donde ha vivido siempre.

Fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de junio de 2010, junto con siete más de sus “compañeros” presos, durante tres años en el Penal del Molino de las Flores, en Texcoco: Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Román Adán Ordoñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Oscar Hernández Pacheco, y Julio César Espinoza Ramos. Antes, el grupo estuvo por más de un año en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, cuyo nombre oficial es Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano.

Ahora, los campesinos exigen a las autoridades estatales y federales la “reparación del daño”. Habían sido acusados de “secuestro equiparado y delincuencia organizada”.

Los reclamos de la sociedad civil, la mirada de organismos internacionales sobre las acciones gubernamentales y la comprobada inocencia fue lo que los liberó. A poco más de un año de su excarcelación, Contralínea recaba tres historias en las que da cuenta que después de prisión sus vidas fueron destruidas por completo; divorcios, pobreza, desempleo, y la privación de sus derechos ciudadanos y políticos son algunas de las consecuencias que dejó en su historia la ficha carcelaria.

Alejandro, ciclista

Cuando fue recluido, Alejandro Pilón Zacate recién había cumplido los 28 años de edad. Tenía poco de haber comenzado su vida en pareja. Su primogénito había nacido con dificultades médicas, el diagnóstico: “pie de equino” –una malformación en los pies, mejor conocida como “pie retorcido”–. Además de problemas de déficit de atención y anemia.

Las oportunidades laborales después de su excarcelamiento son escasas. Se mantiene de los recursos que obtiene en el taller de bordado de su padre. Diariamente confecciona cerca de 60 playeras. Por cada una obtiene 8 pesos. De ese dinero distribuye el gasto en la pensión que pasa a su expareja para la manutención de su hijo, el transporte para llevarlo a la escuela especial a la que asiste, y a los hospitales donde le brindan terapia médica y sicológica.

Alejandro obtuvo su credencial para votar del Instituto Federal Electoral un par de meses atrás. La burocracia pretextaba la carencia de documentos oficiales que exhibieran su inocencia. La prisión lo dejó marcado para ejercer sus derechos políticos durante casi un año, y así obtener el documento que lo hiciera ciudadano con “identificación oficial”.

De la separación con su esposa habla poco. “La vida nos cambió totalmente a los dos”. Ella se hizo cargo de todo por más de cuatro años y no resistió el estrés. Pensó que al salir todo iba a tomar su rumbo, pero no fue así. La falta de empleo que remunerara y cubriera las necesidades de esta pequeña familia detonó en el divorcio.

Las detenciones

Tres hombres con domicilios, oficios y estilo de vida distintos fueron unidos por más de cuatro años en prisión, las vejaciones y la pobreza. Fueron aprehendidos el día de la Santa Cruz, después de las 5 de la tarde.

Las narraciones coinciden en la tortura, los gritos, la impotencia de no poder hacer nada contra la fuerza del Estado. Hombres y mujeres adscritos al servicio público estatal los humillaban, amenazaban y golpeaban. Las secretariasde la Procuraduría Estatal mexiquense los molían a golpes con los tacones de sus zapatos. La pasarela de funcionarios era sólo para torturarlos física y sicológicamente. “¡Todo por andar de pinches revoltosos!”, les gritaban.

Alejandro fue detenido en la carretera México-Texcoco; Narciso mientras caminaba sobre la avenida principal del poblado de La Magdalena Panoaya; e Inés Rodolfo, cuando se encontraba resguardado en su propia casa al intentar proteger a su esposa, de oficio florista, de las acciones violentas de la policía estatal en contra de los comerciantes. Después de ello, la historia es la misma en el sistema de “procuración de justicia”.

Fueron llevados a la Subprocuraduría del estado. Los metieron a un pasillo donde los mantuvieron arrodillados en fila. “Yo quedaba entre sus nalgas del que estaba enfrente; y en las mías, el que venía atrás. Así estuvimos unas dos horas. Todos pasaban y nos pateaban. Siempre nos estaban vigilando los granaderos; pero hasta las secretarias nos insultaban, pisoteaban, pateaban, así, con sus tacones. Nos pidieron como ocho veces nuestros nombres. Uno de esos hombres gordos se quiso ensañar conmigo y cada que pasaba me pisaba la cabeza, yo trataba de protegerme”, relata Alejandro.

Los tres hombres, junto con decenas de personas detenidas ese mismo día, fueron llevados con el médico legista. Eran más de 200, recapitulan. En la revisión médica también hubo amenazas. Las órdenes de los custodios a los detenidos eran: no mirar a nadie, no platicar. Llegaron a tomarles las huellas dactilares, fotografías, “ficharlos”. Fueron despojados de sus objetos personales, relojes, pulseras de tela, y hasta las agujetas de los que usaban tenis.

Después fueron trasladados en una camioneta tipo Van a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. De ahí, al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Eran más de 28 los que iban apilados. El miedo permeaba entre ellos, los judiciales no dejaban de encañonarlos: “Nos decían que nos iban a matar, a desaparecer, por pinches revoltosos; que nos iban a tirar al canal, que íbamos a morir, que ya no nos encontrarían nuestras familias”, agrega Inés Rodolfo.

Dicen que en la Procuraduría fueron tratados como “reses”. Les colocaron una cinta canela en la mano derecha, los fotografiaron y les asignaron un número, que colocaron en la cinta y en el pecho. Fueron desnudados nuevamente, revisados y hacinados en una celda. Nadie les decía nada. No sabían dónde estaban. Fueron llevados a la “zona de gobierno del penal” con la cabeza cubierta y obligados a no levantar a mirada del suelo. Entraban con las manos en la nuca, mirando hacia la pared. De nuevo los golpes en las costillas, rodillazos en las piernas, patadas en los tobillos. Burlas, gritos, insultos, maltrato.

En Almoloya de Juárez había mucha neblina. Un grupo de más de 20 personas fueron llevadas a la esquina del patio. Pegaban sus cuerpos uno contra otro en fila para quitarse el frío, aunque les dolieran los golpes. “A la mañana siguiente, se acercó un custodio y le preguntamos dónde estábamos: en el penal de Almoloya de Juárez en Toluca. Todos nos quedamos callados”, recuerda Alejandro Pilón Zacate. Así empezaron sus días de encierro. Un año más tarde fueron trasladados al penal del Molino de las Flores, donde permanecieron, en promedio, tres años.

Narciso y la Santa Cruz

Narciso caminaba sobre el borde de la avenida que lleva a su domicilio. Llevaba las botas llenas de mezcla de cemento, ya que había pasado toda la mañana y parte de la tarde en la obra donde trabajaba.

Ese día se celebraba la Santa Cruz. La fiesta esperaba en casa, donde todos los varones de la familia se dedican al oficio de la albañilería desde generaciones atrás. Ya estaba listo el mole, el arroz, el pollo y las tortillas. Había que colocar todo sobre el retablo y reunir a la familia. Fue lo último que alcanzó a hacer en convivencia con los suyos ese día. Había olvidado meter la escalera metálica al interior de la casa donde había trabajado por la mañana. Tenía que regresar: era probable que se la robasen. “¡No tardes!”, fue lo último que alcanzó a oír de su esposa mientras salía. “¡Regreso pronto!”, respondió.

Oriundo del poblado de La Magdalena Panoaya, Narciso fue levantado por una camioneta de la policía estatal que patrullaba los alrededores. El motivo, aún lo ignora. Los golpes comenzaron al instante de caer sobre el piso del vehículo oficial. Los policías lo machacaban con sus escudos y toletes. También lo pateaban.

Helicópteros de las televisoras ya sobrevolaban la zona. Texcoco era el centro de atracción, pero las aprehensiones se ejecutaban incluso en poblados distantes. Narciso fue carne de cañón.

El hombre de 33 años vive al día como sus otros compañeros. El estigma de la cárcel le ha cerrado las puertas; antes se movía de una obra a otra; todos los días tenía trabajo; la gente que lo contrataba confiaba en él. Obtenía los recursos suficientes para mantener a su familia. Ahora con un nuevo integrante (un bebé de tres meses de nacido), la economía se complica más.

Rodolfo, defensor de florista

Las fotografías tomadas el mismo día de su detención recapitulan las heridas: de su cabeza derrama sangre por el rostro, la ropa casi teñida de rojo se mira maltrecha, deteriorada. Los brazos abiertos con las palmas mirando al cielo. El semblante desencajado y un cuerpo que, se observa, apenas se sostiene. Es rodeado por decenas de elementos de la policía estatal del Estado de México. El primer operativo había concluido. Los federales llegarían más tarde.

Abogado de profesión y comerciante de oficio, Rodolfo se encontraba en la misma casa en donde fue detenido Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y otros más de sus compañeros: hombres y mujeres que lo único que pretendían era vender su mercancía en un día de fiesta.

La escena fue producto de la circunstancias. Rodolfo es esposo de una mujer que se dedica a la venta de flores. La defensa que se llevaba a cabo ese día no lo podía dejar fuera. Los gases lacrimógenos fueron lanzados por las calles del centro de Texcoco. Los toletazos y la cacería habían comenzado.

Las puertas de la casa de su pareja siempre estaban abiertas de par en par. Arreglos florales por doquier, como ahora. Adentro, con apenas 9 meses de haber nacido el hijo de Rodolfo: un niño con labio paladar hendido que ahora no lo deja ni a sol ni a sombra. Volvió a ser padre después de salir preso. Su hija, de apenas tres meses, crece en la carencia económica que sobrellevan sus padres: la familia vive en uno de los cuartos en donde se dieron las detenciones cuatro años atrás. Una litera y una cama individual son su mayor patrimonio.

Desde aquella fecha las ventas no se han podido recuperar en el mercado donde diariamente venden arreglos y coronas fúnebres. También trabaja de abogado, atiende a los clientes que le solicitan sus servicios de vez en cuando, y se ocupa de en un puesto de abarrotes donde lo mismo carga costales de maíz y frijol, que atiende a la clientela.

La reparación del daño

Rodolfo espera, al igual que sus ocho compañeros, que el gobierno estatal repare el daño causado a su familia a partir de aquel 3 de mayo de 2006. Queda un poco de esperanza luego de que pudieron obtener su libertad cuando todo parecía adverso.

Llevan y traen oficios a las dependencias de gobierno, con grandes esfuerzos reúnen el capital para fotocopiar los expedientes, las resoluciones judiciales, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los resultados médicos y clínicos, su sentencia y su comprobada inocencia, su libertad.

El 30 de junio de 2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la “existencia de violaciones graves de garantías por parte de las autoridades”. En el juicio de amparo directo 4/2010, cuyo ponente fue el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se ordena la “inmediata y absoluta libertad” a favor de Oscar Cuellar Rivera, Julio César Morales Reyes, Jorge Alberto Ordoñez y Román Adán Ordoñez Romero.

Contralínea solicitó conocer la posición de la Secretaría de Gobernación ante la demanda de reparación de daño que exigen campesinos de Atenco. La solicitud fue recibida por Dora González, subdirectora de Eventos, adscrita a la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia.

Asimismo, se solicitó entrevista con Luis Enrique Miranda Nava, secretario general de Gobierno del Estado de México. En la Unidad de Comunicación Social de la secretaría, David López se encargó de “tramitar” la solicitud. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta de las autoridades federales ni de las estatales.

El Estado de México niega reparación del daño

El gobierno del Estado de México, que encabeza Enrique Peña Nieto, niega la reparación del daño a los pobladores del municipio de Texcoco, absueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, el 30 de junio de 2010.

Ante la presencia de diversas instancias gubernamentales a nivel federal y estatal, durante los hechos de “represión” ocurridos los días 3 y 4 de mayo contra los pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco, los abogados de los ocho presos que ahora exigen la reparación del daño recurren a Ley Federal Patrimonial del Estado y al Código Civil del Estado de México.

Para ello, Pedro Suárez Treviño, integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), enuncia el artículo 18 de la Ley Federal Patrimonial que, a la letra, señala:

“La parte interesada deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

“Los particulares en su demanda, deberán señalar, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular. Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, se encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el particular haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto, en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado”.

Hasta el momento, dice, se ha requerido la reparación del daño al Ayuntamiento de Texcoco, a la Procuraduría del Estado de México, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al gobierno del Estado de México, a la Agencia de Seguridad Estatal, sin que exista una respuesta favorable para los expresos.

Muestra de ello, es la respuesta de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, en la que su representante María del Carmen Hernández Álvarez, niega que proceda la petición, “ya que carece” de congruencia política. Por lo que la administración de Enrique Peña Nieto niega pronunciarse al respecto.

La obligación del Estado

El abogado del CAZ también menciona al Código Civil del Estado de México, en su artículo 7.172, que otorga la facultad para demandar al estado, municipios y organismos descentralizados, con un plazo de dos años para exigir el pago de daños.

Dicho párrafo indica: “El Estado, los municipios y sus respectivos organismos descentralizados tienen obligación de responder de los daños causados por sus servidores públicos en el ejercicio de las funciones públicas que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva, cuando el servidor público responsable directo, no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado”.

Suárez Treviño comenta que no hay garantías para que instancias mexicanas determinen la reparación del daño, pues se tiene que demandar al gobernador Enrique Peña Nieto, ante “sus propios jueces, sus incondicionales”. Se podría llevar el caso hasta organismos internacionales.

El “Estado, como ente supremo, con todas las estructuras sociales, económicas y políticas, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir todas las necesidades de la población”.

Para ello, explica, “tiene las estructuras necesarias, sus servidores públicos tienen la obligación de apegarse a la ley. Cuando los funcionarios transgreden los derechos de los ciudadanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño provocado”, dice. (ER)