En riesgo de un enfrentamiento armado, las comunidades indígenas me’phaa y na’saavi que hace 18 años fundaron la Policía Comunitaria. La intervención política y económica de los tres niveles de gobierno en la autonomía de los pueblos guerrerenses ha devenido en un conflicto intercomunitario que podría escalar a una masacre. Lejos del diálogo, el gobierno federal se apresta a intervenir con tropas del Ejército y grupos de corte paramilitar
San Luis Acatlán, Guerrero. Del 26 al 29 de septiembre pasado, los pueblos fundadores de la Policía Comunitaria realizaron la primera jornada de lucha por la recuperación de su sede histórica, la Casa de Justicia de este municipio.
La acción se realizó cuando los noticieros y la opinión pública estaban centrados en la destrucción que dejó el huracán Manuel a su paso por el estado. Nuevamente los medios de comunicación (mención especial merecen El Faro de la Costa Chica y La Jornada) favorecieron el cerco mediático, el linchamiento y las mentiras contra los pueblos fundadores, al criminalizar a Cirino Plácido Valerio y a su familia, así como al comisariado de bienes comunales de Santa Cruz del Rincón, Apolonio Cruz Rosas.
La coartada de las autodefensas y la imagen de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) como organización gobiernista, diseñada e implantada desde enero de este año para confundir y engañar a la opinión pública con el fin de invisibilizar a los pueblos me’phaa (tlapanecos) y na’saavi (mixtecos), que hace 18 años fundaron el proyecto de la Policía Comunitaria (PC), parece no haberse desgastado pese a que los acontecimientos de los últimos meses han derrumbado mitos y mentiras.
A fin de cuentas fue la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) –de Pablo Guzmán Hernández y Valentín Hernández Chapa, y hoy encabezada por Eliseo Villar Castillo– la que aceptó las mesas de diálogo con el gobierno federal, la credencialización por parte del Ejército Mexicano y los recursos económicos del gobierno estatal.
Lo cierto es que el conflicto interno dentro de la CRAC-PC ha escalado hacia escenarios de tensión y violencia más peligrosos: en esa jornada de 72 horas se vivieron jaloneos, gritos, golpes e incluso disparos al aire. Y es que arribaron a ésta grupos armados de los municipios de Juchitán, Cuajinicuilapa, Ometepec, Cochoapa y Xochistlahuaca –recién integrados por Eliseo Villar Castillo a la CRAC–, con el objetivo de defender al propio Villar Castillo y reprimir a 22 comunidades encabezadas por sus autoridades comunitarias y cientos de indígenas me’phaa y na’saavi de los pueblos fundadores de la CRAC-PC, decididos a recuperar de manera civil la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y dejarla en manos de las autoridades de las comunidades que históricamente la han integrado.
La intervención de organismos defensores de derechos humanos nacionales y locales representados por Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), AC, y Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, no fue suficiente para frenar las agresiones y se terminaron de derrumbar las condiciones para un diálogo entre pueblos. Frente a los ojos de estos organismos, Villar y sus grupos armados, reconocidos y financiados por los gobiernos estatal y federal como CRAC-PC, impusieron una salida de enorme violencia simbólica desalojando la asamblea permanente de autoridades indígenas y a los ciudadanos con un mecanismo de agresión sicológica, donde los pueblos tuvieron que atravesar una valla de gente armada con machetes, palos y armas largas, uniformada de policía comunitaria en su mayoría perteneciente al pueblo afromexicano, quienes gritaron, insultaron y escupieron a los indígenas con la evidente finalidad no sólo de infundir terror, sino de destruir moralmente y agredir la dignidad de los pueblos fundadores.
Esta acción deberá ser reflexionada por los pueblos indios y sus organizaciones, pues en los hechos se trató de una agresión de grupos armados contra autoridades indígenas –propia de las estrategias paramilitares usadas en Latinoamérica– con el agravante de que se sigue utilizando el capital moral de una institución que representa 18 años de esfuerzos y sacrificios de los propios pueblos agraviados. La otra agravante es que quienes han promovido esta estrategia para mantener el control de la CRAC están exacerbando el odio entre pueblos originarios y pueblos afromexicanos de la Costa-Montaña de Guerrero, lo que representa un retroceso histórico y una grave irresponsabilidad.
Reconstitución del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia
Después de 7 meses de reorganización, los pueblos fundadores de la CRAC-PC realizaron esta acción de recuperación presionados por voces que afirmaron que grupos dentro del territorio buscaban separar a Villar Castillo y negociar las reglas para una asamblea regional que legitimara y repartiera nuevamente las cuotas de poder como lo han venido haciendo en los últimos 3 años.
Las comunidades valoraron que era necesaria la recuperación para continuar con la reconstitución del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, pues se estaban tomando decisiones, como la credencialización, que ponían en riesgo todo el proyecto. Ahora queda claro que la estrategia del grupo que pretende seguir operando desde la CRAC era arrinconar y golpear a los pueblos fundadores para forzarlos a negociar y recuperar legitimidad por medio de la represión.
Para los pueblos fundadores, la CRAC está fraccionada y los pueblos aislados entre sí y frente a la sociedad civil organizada, y que sólo el diálogo entre pueblos, sin grupos de interés de por medio, mediadores ni negociaciones entre dirigentes, podrá devolverle sus principios y su camino propio.
No se trata de una acción aislada sino de todo un proceso de reorganización. El 19 de mayo de 2013, después de tres reuniones regionales, las comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia reconstituyeron su asamblea regional y levantaron expedientes de irregularidades por las que revocaron el mandato a los coordinadores por incumplimiento del Reglamento Interno, entre las que destacan:
1. El uso del ilegítimo grupo de fuerzas especiales para actuar de manera violenta y represiva contra ciudadanos y autoridades comunitarias.
2. Las detenciones arbitrarias, el cobro de multas a familias humildes y las liberaciones irregulares de detenidos.
3. Las expulsiones de comandantes y consejeros regionales sin argumentos ni pruebas y sin el debido proceso de la justicia comunitaria.
4. La realización de acciones de confrontación que ponen en riesgo de represión al pueblo mientras se sientan en las mesas de diálogo y reciben dinero del gobierno, mismo que utilizan para pagar a sus fuerzas especiales y su campaña de difamación.
El 16 de julio en la asamblea regional en Santa Cruz del Rincón se nombró una nueva coordinadora que sería ratificada el 7 de julio en Tlaxcalixtlahuaca. Así quedaron nombrados y ratificados los coordinadores y los comandantes regionales por un periodo de 1 año. Con el fin de evitar la confrontación entre los pueblos, la Asamblea Regional de los pueblos fundadores acordó Santa Cruz del Rincón como sede provisional de la Casa de Justicia que históricamente ha sido San Luis Acatlán.
Los coordinadores de San Luis Acatlán nunca fueron ratificados por sus comunidades, no cuentan con acta de nombramiento de asamblea regional y fueron desconocidos por 17 comunidades fundadoras de la CRAC-PC con actas de asamblea levantadas desde junio de este año, mismas que obran en los expedientes de la Casa de Justicia provisional de Santa Cruz del Rincón.
En agosto pasado, dicha Casa de Justicia hizo un llamado a los grupos de policías comunitarias, ciudadanas y populares de Guerrero para levantar la voz contra la represión, revisar la estrategia de resistencia y construir una red de solidaridad:
“Llamamos a los pueblos de Malinaltepec, Zitlaltepec, Ayutla, Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán, Tlatlahuquitepec a solidarizarnos como pueblos y comunidades. Llamamos a estar atentos y solidarizarnos con los pueblos y comunidades de la Costa Chica articulados en el Sistema de Seguridad Ciudadana de la UPOEG y con la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo.”
El 26 de septiembre de 2013 cientos de indígenas me’phaa y na’saavi de los pueblos fundadores de la CRAC-PC arribaron a su Casa de Justicia en San Luis Acatlán para iniciar lo que ellos llaman “el proceso de recuperación”. Los pueblos fundadores emitieron la declaración: “Hoy decimos que recuperaremos la Casa de Justicia de nuestros pueblos”, en la cual quedan muy claras las razones por las que deciden esta acción. El documento firmado por 34 autoridades civiles y agrarias de 22 comunidades fundadoras de la CRAC-PC sintetiza el proceso por el que están atravesando y rechaza categóricamente:
1. La entrega del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia al estado llevada a cabo por la coordinadora de San Luis Acatlán a través de la credencialización de la Policía Comunitaria realizada por el Ejército Mexicano. Esta decisión no fue avalada ni consultada en ninguna asamblea por lo que no tiene ninguna legalidad ni legitimidad.
2. Las incursiones del Ejército Mexicano y la Marina en territorio comunitario con el pretexto del combate al narcotráfico, mientras los cárteles del crimen organizado siguen penetrando en nuestros territorios.
3. Las incursiones de las Fuerzas Armadas federales [sic] en nuestro territorio con el pretexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Tenemos pruebas de cómo han realizado recorridos y entrenamientos nocturnos, dejando señales de fierro marcadas en lugares estratégicos en nuestros pueblos.
4. El hostigamiento sistemático y la represión contra los pueblos y comunidades organizadas de manera legítima con policías comunitarias y policías ciudadanas. A todas las policías comunitarias y ciudadanas de Guerrero y de México que trabajan con la visión de servicio al pueblo les expresamos nuestra solidaridad frente a la represión.
También denuncian cómo “el gobierno en su afán por controlar, cooptar, subordinar y desmantelar a la CRAC ha utilizado diferentes estrategias en estos casi 18 años: la represión directa; la difamación y criminalización; los intentos de sometimiento; y finalmente la infiltración de agentes de manera directa e indirecta a través de organizaciones oportunistas.”
Además exigen “a los gobiernos estatal y federal una relación de respeto pero nunca de subordinación. No renunciaremos a nuestros derechos colectivos, al derecho de nuestros pueblos a la autonomía y libre determinación, amparado por las leyes estatales, nacionales e internacionales”.
Las armas y la razón
La mañana del 26 de septiembre del año en curso, policías comunitarios y fuerzas especiales encañonaron y se enfrentaron a ciudadanos y ciudadanas. Las fuerzas especiales hicieron disparos al aire, de los que quedaron como prueba tres casquillos calibre 22. El resultado de utilizar policías comunitarias para proteger con armas a una persona que no tiene ninguna legitimidad ni legalidad fue de tres civiles heridos y, al parecer, policías lastimados. Las autoridades de los pueblos fundadores denunciaron que por segunda ocasión en este año –primero bajo las órdenes de Pablo Guzmán Hernández y ahora bajo el mando de Eliseo Villar Castillo– se utilizaron a las fuerzas especiales para reprimir a las autoridades comunitarias.
Tras el primer enfrentamiento de autoridades y ciudadanos contra policías comunitarias por entrar al patio de la Casa de Justicia, Eliseo Villar Castillo logró mantener el control de la misma al incrementar paulatinamente el número de armas y elementos. Al no concretarse ningún acuerdo para entregar de manera pacífica la Casa de Justicia de San Luis Acatlán a las autoridades de todas las comunidades que la han integrado históricamente, los pueblos fundadores instalaron un campamento en la calle frente a las oficinas históricas de la CRAC.
Se documentó que en todo momento quienes estaban dentro contaron con libertad de tránsito.
En la tarde se dieron una serie de intervenciones con micrófono donde participaron por parte de los pueblos fundadores diversas autoridades comunitarias, y por parte de Eliseo Villar Castillo, además de la coordinadora Adelaida Hernández, algunos de sus familiares (como su hermana y su cuñado), quienes abogaron por su “buen desempeño” al frente de la institución. Por su parte, Villar ofreció convocar a asamblea regional el 20 de octubre en Cuanacaxtitlán y defendió la credencialización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a 970 policías comunitarios, la obtención de proyectos productivos, el recurso de 8 millones de pesos para la compra de un predio y los salarios para los coordinadores y las fuerzas especiales.
El 27 de septiembre de 2013 más comunidades representadas por sus autoridades civiles y agrarias llegaron a reforzar el campamento de los pueblos fundadores de la CRAC-PC. A pesar de la incomunicación y daños ocasionados por el huracán y pese a que estos días corresponden a la fiesta de San Miguel, una de las más representativas de la región, el movimiento de los pueblos fundadores estuvo visiblemente nutrido.
En una denuncia pública, informan que “durante la noche y todo el día de hoy, grupos de policías comunitarios ajenos a nuestra región se atrincheraron en la Casa de Justicia introduciendo muchas armas […]. Nosotros exigimos respeto a nuestros pueblos y que se nos permita componer nuestro camino con un diálogo entre comunidades”. También hacen una serie de preguntas: “¿Por qué Eliseo Villar Castillo responde a nuestra exigencia llenando de gente armada la Casa de Justicia y otras casas de la ciudad de San Luis Acatlán, donde entra y sale gente armada frente a los ojos de nuestros pueblos? ¿Para eso crearon nuevos grupos de policías y los legitimaron con el Ejército Mexicano?”.
Esa misma mañana, el periódico amarillista El Faro de la Costa Chica, junto con un video denominado “Nueva agresión a la CRAC-PC”, filmado por Leovigildo Moctezuma y dado a conocer a través de Youtube, buscaban responsabilizar y abonar al linchamiento mediático contra Cirino Plácido Valerio y su familia, al afirmar que fue él quien había realizado la toma y que ésta obedecía a intereses personales.
El 28 de septiembre de 2013 amaneció con ambas partes del conflicto nutridas, puesto que continuaron arribando grupos armados de los municipios de Xochistlahuaca, Cuajinicuilapa, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Azoyú y Juchitán, pese al llamado oficial que realizó Raúl Medina, síndico de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, quien reprobó la intervención de grupos armados de los mencionados municipios.
En el transcurso de la mañana llegaron los representantes de Tlachinollan y de Serapaz para interceder como mediadores de este conflicto y buscar una salida con base en el respeto de los derechos humanos. Lamentablemente la estrategia de los intereses que representa Villar fue presionar y amenazar para forzar a los pueblos fundadores a negociar, como da cuenta la denuncia emitida por sus autoridades esa tarde: “Lamentamos que el día de hoy, a las 17:30 horas, después de nuestra entrevista con Miguel Álvarez y Abel Barrera, llegó nuevamente un grupo de personas con uniforme de policía comunitaria de Cuajinicuilapa y otros municipios ajenos a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. Lo entendemos como una provocación abierta para generar un escenario de violencia. Hacemos responsable a Eliseo Villar Castillo y a toda su red de cómplices, así como a los gobiernos estatal y federal de cualquier ataque de grupos armados contra autoridades comunitarias y ciudadanos de nuestras comunidades me’phaa y na’saavi”.
La llegada de los defensores de derechos humanos para jugar el papel de mediadores en este conflicto se dio “debido a la llamada telefónica que realizó un funcionario federal para solicitar su intervención, puesto que el Ejército Mexicano ya estaba listo para incursionar y la única forma en la que no lo harían era a través de su intervención como mediadores”, declaró Miguel Álvarez.
Las palabras que expresó el sacerdote Francisco Javier, de la parroquia de Santa Cruz el Rincón, resumen el sentir de los pueblos fundadores: “El problema es sencillo, nada más que yo veo que son los compañeros de allá [Eliseo Villar] los que están complicando, porque si se trata de autoridades, ya lo dijeron aquí los señores, tenemos: ¿cuántos comisarios?, ¿cuántos delegados?, ¿cuántos pueblos aquí representados? ¿Y ellos? No metamos a la gente de afuera, porque esta gente de los pueblos fundadores también tiene relación con las mujeres de Xaltianguis, con los de Ayutla, Tecoanapa, Cruz Grande y San Marcos. Y si se trata de eso, también tienen gente, yo los conozco…, pero ellos no los traen, ellos son honestos, ellos son honrados. Pero ellos sí, están trayendo gente de fuera, están jugando mal, están jugando chueco… Se acaba de decir: ¿cuántos delegados tienen, cuántos comisarios? Vamos nombrando una asamblea, pero que participen las comunidades que fundaron, que conocen este Sistema de Seguridad y Justicia”.
Ante proyectos completamente distintos y posturas que no están dispuestas a ceder, las primeras condiciones de los pueblos fundadores para entablar un diálogo nunca fueron si quiera consideradas por Eliseo Villar. Finalmente la comisión de intermediación salió por última vez y comunicó la decisión de Eliseo Villar: “tienen 15 minutos para retirarse, de lo contrario aténganse a las consecuencias”. En ese momento inició un repliegue del movimiento de pueblos fundadores, quienes se desplazaron a las instalaciones de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC). Las fuerzas especiales de Eliseo salieron fuertemente armadas y los grupos armados afromexicanos formaron una valla para burlarse de quienes, desarmados, se encontraban en desigualdad.
Si bien actualmente es Eliseo Villar Castillo quien representa el proyecto de la CRAC-PC que pactó con el gobierno federal y estatal, los pueblos fundadores tienen ahora más claro a lo que se enfrentan. La mañana del 29 de septiembre, la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón lanzó un llamado urgente frente a la represión dirigido a las Casas de Justicia de Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso, del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia; al Sistema Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo; y al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana-Policía Ciudadana, coordinado por la UPOEG.
En éste se lee: “Hoy los llamamos a tomar medidas de solidaridad civil y pacífica, cada quien según su modo y lugar, ante un ataque de grupos armados que dicen ser policías comunitarios contra autoridades indígenas nombradas por asambleas comunitarias, a quienes se nos debe respeto y, según nuestro reglamento interno, la Policía Comunitaria no puede atacar al pueblo, debe defenderlo y obedecer a sus representantes.
“[…] El día de ayer, sábado 28 de septiembre, las 22 comunidades representadas por comisarios, comisariados, consejeros y ciudadanos, instalados en asamblea permanente, aceptamos intentar un proceso de diálogo para una salida pacífica a la recuperación de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, confiando en la intermediación de Miguel Álvarez, de Serapaz, y Abel Barrera, de Tlachinollan.
“Les pedimos comunicar que nuestra exigencia era la entrega de nuestra Casa de Justicia a las autoridades comunitarias y que para ello solicitábamos la salida de grupos armados ajenos a nuestra región que estaban siendo usados para amedrentarnos y eventualmente reprimirnos; la entrega de la Casa a las autoridades tradicionales, agrarias y civiles de todas las comunidades que históricamente la integramos y la congelación de las cuentas de la CRAC, a través de las cuales el gobierno estatal deposita dinero a la Coordinadora.
“La respuesta de Eliseo Villar fue la misma que el jueves 26 en el sentido de que ellos citarán a una asamblea regional el día 20 de octubre de 2013 en Cuanacaxtitlán. Nosotros explicamos los argumentos por los que veíamos a esa instancia destruida desde el 23 de febrero de este año y la nula legitimidad y legalidad de Eliseo Villar al no contar con ninguna acta de nombramiento ni de ratificación de su comunidad.
“Lejos de dar señales de paz, llegaron más camionetas con gente armada y uniformes de policías comunitarios de los municipios arriba mencionados. Nuestra asamblea permanente de autoridades indígenas le pidió a dichas organizaciones de derechos humanos que insistieran en que era necesaria la salida de estos grupos armados y también una relación de las autoridades civiles o agrarias que respaldaban a dichos grupos armados para saber mínimamente quiénes eran nuestros interlocutores, a lo cual no hubo ninguna respuesta favorable.
“Después de un desgaste con los organismos de derechos humanos y ante la firme decisión de nuestros pueblos de no movernos de la recuperación de nuestra Casa de Justicia, los organismos de derechos humanos nos comunicaron la orden de Eliseo Villar, donde nos daban 15 minutos para desalojar nuestra asamblea permanente de autoridades, principales y consejeros, procediendo ante nuestra negativa a desalojarnos de manera violenta, amenazando con armas largas, machetes y palos, insultando de manera indignante a hombres y mujeres civiles y a autoridades de nuestros pueblos.
“Le exigimos a los afromexicanos que se prestaron a reprimirnos que respeten nuestra visión y nuestros derechos como pueblos indios y se retiren inmediatamente de nuestro territorio para poder seguir el camino de la reconstitución integral como pueblos originarios de estas tierras.
“Nunca podrán despojarnos de nuestra memoria y nuestra dignidad. Resistiremos. No nos rendiremos […]. Continuaremos el proceso de reconstitución del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Costa Montaña de Guerrero y del territorio comunitario…”.
Por consenso, el rumbo del movimiento de los pueblos fundadores
El 29 de septiembre amanecieron cientos de indígenas me’phaa y na’saavi de los pueblos fundadores de la CRAC-PC en las instalaciones de la organización cafetalera ARIC. Pasaron la noche anterior tras el desalojo analizando los alcances de la acción realizada, durante la mañana se volvió a instalar la asamblea permanente cuyo acuerdo fue informar en cada comunidad y consultar los pasos a seguir en una asamblea regional de los pueblos fundadores el 12 de octubre de 2013, en la comunidad de Tlaxcalixtlahuaca. Mientras que la CRAC, que representa Eliseo Villar, sesionaría el 20 de octubre en la comunidad de Cuanacaxtitlan.
Ni el gobierno federal ni el estatal manifestaron su postura a través de ningún medio respecto a la tensión vivida durante los 3 días en San Luis Acatlán. Lo único que se pudo saber fue a través de las declaraciones de los defensores de derechos humanos presentes, quienes reiteraron en diversas ocasiones que funcionarios del gobierno federal estaban listos para ordenar una intervención del Ejército Mexicano; ese mismo que instaló retenes en Plan de Ayala para evitar un enfrentamiento, pero dejó pasar a grupos armados de otros municipios.
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Fuente: Contralínea 356 / 14-19 octubre de 2013
