La sociedad civil organizada, llamada también tercer sector, aporta 96 millones 170 mil pesos anuales para atender responsabilidades del Estado, de acuerdo con un estudio realizado por el  del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Su aportación al producto interno bruto (PIB) se conforma en un 48.4 por ciento por la impartición de servicios educativos; las asociaciones y organizaciones civiles, políticas, religiosas y sindicales contribuyen con el 34.2 por ciento; el 6.7 por ciento lo aportan los prestadores de servicios de asistencia social y salud; el 5.7 por ciento, los servicios culturales y deportivos; y el 1.2 por ciento, los servicios profesionales, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte empleado en la Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro de México, del Inegi.

 

Un estudio de la John’s Hopkins University indica, además, que en México las instituciones sin fines de lucro obtienen el 85 por ciento de sus recursos por la impartición de servicios; el 9 por ciento, por aportaciones del sector público; y tan sólo el 6 por ciento, por donativos.

 

Las aportaciones de la sociedad civil, segmentadas por grupos funcionales según el Clasificador Internacional de las Organizaciones sin Fines de Lucro, revelan el tipo de organizaciones, asociaciones o grupos que tienen una mayor participación para subsanar los problemas de salud, educación, medio ambiente y culturales, entre otros.

 

Los grupos de enseñanza e investigación participan con el 48 por ciento; le siguen los grupos relacionados con actividades religiosas, con el 24.7 por ciento; las asociaciones y sindicatos con el 10.3 por ciento; las organizaciones de cultura y recreación, con el 6.4 por ciento, y los grupos de salud, con 4.2 por ciento. Así, instituciones educativas, grupos religiosos y sindicatos estarían solucionando necesidades básicas con recursos privados y a través de esquemas de trabajo remunerados o no remunerados que le competen al gobierno.

 

A decir del doctor Ricardo Tirado, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “el hecho de que haya instituciones [sociales sin fines de lucro] no quiere decir que el Estado se descargue de sus responsabilidades”.

 

 

El andamiaje de las instituciones sin fines de lucro privadas subsiste, en gran medida, gracias al trabajo voluntario que funge como subsidio para las actividades de estas asociaciones. De acuerdo con datos de la Cuenta satélite, durante 2010 estas organizaciones desempeñaron su labor a través del trabajo de 1 millón 699 mil trabajadores. De ellos sólo el 27.4 por ciento recibió una remuneración por su trabajo, el 72.6 por ciento restante realizó su trabajo sin remuneración alguna. El valor de este trabajo voluntario es equivalente a 44 millones 929 mil 300 pesos aproximadamente, lo cual deja en evidencia que bajo esquemas de “buena voluntad o filantropía”, la sociedad civil estaría donando recursos económicos y tiempo para atender sectores descuidados por los gobiernos a nivel estatal y federal.

 

Además, la importancia de este sector radica en que su fuerza de trabajo es equiparable a la población total de entidades como Nayarit y Aguascalientes. Y, contrario a lo que se piensa, sentencia Jacqueline Butcher, directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, AC, el trabajo voluntario en México es equitativo entre hombres y mujeres. El sector privado, durante 2010, realizó su trabajo con 580 mil 136 mujeres, equivalente al 47 por ciento, y con 653 mil 487 hombres, que representa el 53 por ciento.

 

 

 Infografía

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 321 / febrero 2013