Extorsiones constantes –para no detenerlas “por putas”– son las violencias menos graves que padecen las trabajadoras sexuales a manos de policías; las peores: violaciones sexuales tumultuarias –incluso a bordo de patrullas–, denuncia una de las refugiadas de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, quien ejerce esa labor desde hace 32 años.
“Si yo le gustaba a los policías, tenían sexo conmigo en contra de mi voluntad. Eso era una violación porque yo no quería”. Su experiencia más dura ocurrió una noche que estaba drogada: 12 granaderos abusaron sexualmente de ella. Aunque trató de esconderse y defenderse, los agentes continuaban aprovechándose de su cuerpo. “Yo no quería. A las 2 o 3 de la mañana me dejaron en la Lagunilla llena de semen, adolorida”.
Más de una vez pensó que no valía nada. Ahora, a sus 53 años, la mujer narra a Contralínea que desde que decidió dedicarse al servicio sexual en las calles del Centro Histórico, las violencias fueron una constante no sólo por parte de la policía, sino también de la sociedad, los clientes y hasta su familia.
Entrevistada en las oficinas de la Brigada Callejera, recuerda que en el pasado había operativos contra la prostitución: “pasaba hasta dos días en El Torito. Nos quitaban nuestro dinero y nos daban de comer, pero era una comida asquerosa”.
De acuerdo con la Encuesta trabajo sexual derechos y no discriminación, en 2020 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) analizó tres casos de discriminación contra trabajadores sexuales presuntamente ejercida por autoridades. Aunado a ello, en 2019 la Brigada Callejera presentó 75 denuncias contra elementos de la policía por distintos tipos de violencia, indica Elvira Madrid Romero, presidenta de esa organización.
Es por ello que la búsqueda del reconocimiento del trabajo sexual está estrechamente ligada a la lucha por la despenalización del mismo. Y ello se logró en la Ciudad de México en junio de 2019, gracias a la reforma del artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica, con la que se eliminó la sanción que se les imponía a quienes realizaban y adquirían este servicio.
Un año después y en plena pandemia de Covid-19, en la capital el número de mujeres –incluidas transgénero– que tiene que vender su cuerpo para sobrevivir se duplicó: pasaron de 7 mil 700 a 15 mil 200, estima la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez.
Aunque despenalizado, el oficio sigue enfrentando problemas porque todo se generaliza como “prostitución”, no se reconocen las diferencias entre el trabajo libre e independiente y la trata de personas, consideran activistas y trabajadoras sexuales consultadas por este semanario.
Consideran que aún falta una revolución a nivel social y político, para que el trabajo sexual sea cubierto con los derechos laborales que se establecen por ley. En su lugar, las mujeres que se emplean en este sector de manera autónoma están desprotegidas.
La presidenta de la Brigada Callejera, Elvira Madrid, denuncia que sujetos desconocidos también violentan a las trabajadoras sexuales. Las agresiones físicas han incluido ataques con balas de gotcha, lo que las puede dejar ciegas, y con ácido. E incluso intentos de atropellamientos: los automovilistas les “echan los carros”.
Otra de las violencias que sufren es la cometida por los clientes, asegura la trabajadora sexual de 53 años que pide no publicar su nombre para no ser revictimizada. Ella comenzó a laborar en ese oficio –a sus 16 años– y aprendió que no se puede confiar, pues algunos no pagan y otros son violentos.
En entrevista, Adriana Aguilera Marquina, secretaria técnica en el Copred, explica que también los hoteleros son agresores: “muchas veces les quieren cobrar más para poder ejercer el trabajo sexual en algunas de las habitaciones o no las dejan entrar”. En 2020, el Consejo analizó tres quejas contra hoteles por abusos de este tipo.
Al respecto, y en el contexto de la pandemia, la abogada Arlen Palestina –‘miembro de la Brigada Callejera– asegura que las violencias han aumentado por parte de los dueños de hoteles y moteles, ya que han subido los precios. Incluso cobran por cada 20 minutos y no por hora.
Además, señala la experta en derecho, les rentan habitaciones sin limpiar y no respetan las normas de sanidad, pues no les dan gel antibacterial, no sanitizan los espacios, ni cambian las sábanas luego del uso de las habitaciones
La psicóloga Alejandra Buggs Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género de México, señala que no debería existir esa mirada represora de la sociedad que dice tener una gran “moral”. “No debe haber nadie que tenga el derecho ni de castigar, ni de lastimar a una mujer que haya decidido ejercer este derecho. Es otro tema cuando la mujer ha sido obligada a ejercerlo”.
Los clientes no son los únicos que ejercen violencia, también lo hacen desconocidos que transitan por las calles donde ellas trabajan. “No respetan nuestra vida. A veces pasan camionetas con vidrios polarizados filmando. Y eso no debe ser. Todas corren: qué necesidad tenemos de estar corriendo y escondiéndonos de las cámaras. Te suben a internet […]. Lo que más me choca es que somos exhibidas sin respeto en las redes y en los medios de comunicación. Somos trabajadoras no asalariadas: no somos prostitutas”, comenta la mujer de 53 años que pide el anonimato.
Recuerda una ocasión en la que su familia vio una entrevista que ella dio a Brigada Callejera sobre su labor: “se hizo un chisme en el pueblo porque decían que ‘andaba de puta’. Qué hipócritas. Pero ahora ya me vale lo que piensen”.
Los comentarios que estigmatizan siempre están presentes. Rememora que cuando era más joven, la gente le comentaba que podía encontrar otro tipo de trabajo: “no hay necesidad de vender las nalgas”, me decían, pero “a ellos qué les importa. Es mi gusto, son mis nalgas, es mi cuerpo”. También le expresaban que mejor buscara un “trabajo decente, digno”. “Yo me siento decente en mi trabajo. En un empleo ‘quesque’ digno, donde pagan un salario cada 15 días, no me alcanza. No es suficiente”.
De acuerdo con la Encuesta realizada por el Copred, las trabajadoras ganaron entre 1 mil y 3 mil pesos semanales en 2019. El 81.6 por ciento de las consultadas dijo emplear sus ingresos para la cobertura de sus gastos, lo que refleja que el ejercicio de esta labor se debe a la necesidad económica.
Y es que el 65.9 por ciento (147) de los encuestados respondió que es su principal fuente de ingresos; por necesidad, el 34.1 por ciento (76), la tercera razón es el horario flexible, 26 por ciento (58).
El nulo o poco reconocimiento que existe por parte del Estado hacia el trabajo sexual ocasiona que las mujeres laboren en condiciones precarias, ya que además de estar expuestas a enfermedades de transmisión sexual, ahora también se enfrentan a la Covid-19. Pese a los riesgos, no cuentan con servicios de salud.
Don Anahí, una joven de 29 años que ejerce el trabajo sexual en el ciberespacio –compartiendo contenido y contactando clientes–, no cuenta con seguro médico. “Siempre voy a servicios particulares y si no trabajo y me enfermo cómo pagaré los servicios privados. Si no trabajo, no tengo dinero. Además de que en la generación millennial, a la que pertenezco, existe poca capacidad de ahorro”.
La joven agrega: “llevo chambeando muchos años y más o menos puedo llevármela, pero hace 8 o 10 años, cuando me enfermaba y no tenía varo pensaba qué hacer. En ese entonces descuidé aspectos de mi salud, sobre todo de mi nutrición”.
Como no se reconoce como trabajo, para quienes lo ejercen no tienen acceso a la seguridad social. Lo anterior, pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que las personas que ejercen el trabajo sexual también contribuyen a la economía del país. En cuatro países, la OIT encontró que la industria del sexo proporciona entre el 2 y el 14 por ciento del producto interno bruto.
Anahí eligió emplearse en ello: se descubrió plena en su sexualidad posando su desnudez para artistas plásticos. Comenzó a cobrar por realizar fotografía erótica, luego por hacer video. El sentirse cómoda y aceptar su cuerpo es por lo que ha sido criticada.
Para Don Anahí, creadora de contenido sobre sexualidad, lo que fomentó la discriminación hacia quienes realizan el trabajo sexual fue el papel de la prostituta en el cine: por ejemplo, en la película Santa, que retrata el papel de la prostituta víctima. “Recalcan y recalcan la revictimización. Al igual sucede cuando me preguntan [medios de comunicación en entrevistas] qué fue lo que me llevó a trabajar de esto: la forma en la que preguntan no es la misma si se lo preguntan a una mujer que trabaja en otro ámbito”.
Por ello, la activista Elvira Madrid señala que el respeto a las “compañeras” comienza desde la forma en hacer las preguntas. “Hay medios muy amarillistas”.
Anahí considera que es una cuestión de machismo. “Parten de sus inseguridades, de querer dominar a otro, poseer al otro o juzgar a la otra y hacen cosas horribles. Creo que las trabajadoras sexuales, precisamente, lo analizamos más porque es más evidente. En otras chambas está el velo, la hipocresía, el querer disfrazar”.
Por su parte, la psicóloga Alejandra Bugss Lomelí, especialista en violencia de género, explica que, desde el sistema patriarcal, los mandatos de género castigan a las mujeres que realizan un ejercicio pleno y libre de su sexualidad; “está visto de una forma negativa”.
Además de la existencia de posturas feministas que hablan de la explotación de los cuerpos “desde un sentido súper idealista, pensando que no todas las personas somos explotadas, cuando ya seas doctor o artista. Todos somos explotados, en diferentes niveles, pero estamos dentro de este sistema de producción”.
Para Adriana Aguilera, especialista en derechos humanos, la postura feminista abolicionista pone en duda la autonomía de las personas que deciden ejercer el trabajo sexual porque dicen que en realidad no se elije.
Desde el Copred se considera que ninguna persona, y ninguna elección, es ciento por ciento autónoma: “todas las decisiones o acciones de cualquier persona están influenciadas por la realidad en la que se encuentra. Muchas veces se nos olvida, también, la situación actual de precarización laboral que existe en México”.
La reforma a la Ley de Cultura Cívica, en junio de 2019, fue un avance en el reconocimiento del trabajo sexual, pero para las organizaciones y expertas consultadas aún se requieren políticas públicas integrales e interdisciplinarias en favor de quienes ejercen esta labor.
La abogada Arlen Palestina indica que debería legislarse todavía más para que las mujeres trabajadoras sexuales tengan los mismo derechos, prestaciones y seguro social para poder ser atendidas cuando enferman.
Todavía “hace falta mucho”, coincide Elvira Madrid, desde las oficinas de la Brigada Callejera. “Falta más compromiso del gobierno para hacer valer sus derechos humanos”.
Ello, sin asistencialismo ni paternalismo, dice Don Anahí, sino más bien de otras formas: desde la enseñanza. Sobre todo que se descentralice. Para ella, como trabajadora sexual virtual, debería detallarse la diversidad del ejercicio de este empleo en la ley: “no hay un apartado que se refiera al trabajo cibernético, solamente hablan del trabajo sexual callejero”.
La relevancia de las organizaciones como Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (Amets) o la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer radica en que son por y para las trabajadoras sexuales: ellas se representan a sí mismas.
“Mucho tiempo quisieron representarnos desde la academia. Desde ahí dicen ‘vamos a hablar por ustedes’. También desde la discusión gubernamental. Cuando no necesitamos que nadie hable por nosotras porque nos infantilizan, y desde un punto de vista muy adultocentrista. Nosotras tenemos voz y no necesitamos que nadie venga a darnos voz”, dice con firmeza Don Anahí.
“La academia no sabrá nuestras necesidades por mucho que se llegue a investigar el trabajo sexual. En Amets no se pretende ser la representación del trabajo sexual. No. Sólo somos unas cuantas voces que intentan que se sumen unas cuantas voces para participar en actividades y se escuche la diversidad de . “No somos objetos de estudio. Somos sujetas de estudio. Nos preocupamos y sentimos como cualquier mujer.”
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Los servicios sexuales ofertados en el ciberespacio son mediante redes sociales y páginas, donde además de discriminación se sufre robo de contenido para intentar extorsionarlas, explica Anahí, trabajadora sexual independiente y miembro de la Amets.
De acuerdo con la joven de 29 años, las políticas de las redes sociales comerciales son “punitivas”: funcionan como una especie de “policía cibernética” porque, mediante sus reglas, cierran cuentas que ya contaban con 70 mil o más seguidores. “Pero en otras cosas, como violencia, sangre y otros temas del mercado sexual, no las cierran. Hay un tipo de discriminación en ciertas redes sociales donde no puedes publicar ni si quiera una palabra” erótica.
Si las redes sociodigitales cuentan con una política que prohíbe su uso a menores de edad, “nosotras deberíamos tener la libertad de poder laborar en esas redes y utilizarlas para trabajar, porque mucha gente las utiliza para trabajar. Al fin y al cabo ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook nos están pagando por todo lo que ellos sí ganan del tiempo que invertimos en esas redes sociales”.
Anahí expone que también enfrentan el robo del contenido erótico y del robo de identidad. Y es que, mediante la creación de perfiles falsos, hay quienes lucran con las fotos y videos de “las compañeras. Mientras que la otra chica echándole ganas a sus redes sociales para que otra persona abuse”. En muchos casos, el uso de las redes no sólo es para compartir imágenes y videos, sino para contactar clientes para sostener relaciones sexuales a cambio de una paga.
Aunque sus núcleos cercanos conocen su oficio, afirma haber recibido comentarios “feos” de parte de su familia al enterarse de su oficio. Por supuesto, no fue aplaudida por nadie. Lloraron cuando se enteraron, afirma. Hubo quienes se enfermaron. Fue una tragedia. “No sé cuál era su percepción de la trabajadora sexual, pero realmente me hicieron sentir mal, culpable”.
Durante los 11 años que lleva ejerciendo este trabajo ha sido maltratada, pero no por clientes desconocidos, sino por quienes ya la conocían de la escuela. Ellos, sus antiguos amigos, “se convirtieron en los peores machines que haya conocido”.
“Uno de mis amigos que había sido mi cliente, en la borrachera, me agarró la nalga y también me quería besar. Llegaron a ser muy violentos, no al punto de agredirme físicamente, pero sí de querer que aguantara más tiempo la penetración. Tampoco aceptaban sostener una relación meramente laboral. Entonces eran muy agresivos conmigo, se hacían los ofendidos. Me ofendían horrible”.
Las agresiones fueron “tan repetitivas que, de plano, comencé a alejarme de ciertos círculos de amistades. Recorté como en un 75 por ciento la banda con la que me juntaba porque ya eran chinga quedito o se la pasaban criticándome porque soy trabajadora sexual, cuestionarme que si no tenía una mejor opción de trabajo”.
Le afectó tanto a nivel emocional, al punto de decidir darse un espacio de esta labor e ir a terapia. “Después me di cuenta que la culpa no era del trabajo sexual, es del machismo insertado en los cuerpos que lo ejercen. Y que no nada más me lo hacen a mí por ser trabajadora sexual, se lo hacían a cualquier mujer”.
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