Pese al triunfalismo oficial, los propios datos del gobierno confirman el fracaso de la administración de Felipe Calderón en materia de empleo: más de 8 millones de desempleados, casi 12.5 millones de personas laborando en la informalidad y 1 millón más con empleos temporales.
Lejos han quedado los días en que Calderón Hinojosa, todavía como candidato presidencial, se autoproclamaba “presidente del empleo” y prometía crear, cuando menos, 800 mil nuevos trabajos anualmente.
A poco más de un año de que concluya su sexenio, el michoacano no ha cumplido con dicha meta: en 2010, la cifra de nuevos empleos fue de 730 mil, considerada “histórica” por ser la más alta en los últimos 14 años.
Pero la mayor parte de esos empleos ni siquiera podría considerarse como plazas creadas, pues en realidad se trató de trabajos recuperados tras la crisis económica de 2009.
Además del fracaso en la generación de empleos, el mandato de Calderón Hinojosa se ha caracterizado “por acabar con el derecho del trabajo”, considera el abogado laborista Néstor de Buen.
De Buen sostiene que el empeoramiento de la situación laboral ha sido alentado tanto por el titular del Ejecutivo como por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quienes buscan modificarla “de manera tal que sirva a las empresas sin ninguna limitación”.
La actual propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo –promovida por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional– sería la formalización de este deterioro, a decir del abogado. Pero aun sin ser legal, la lesión a los derechos de los trabajadores es una realidad cotidiana.
Desde el año pasado en que presumió la cifra “histórica” de 730 mil empleos creados, Calderón Hinojosa sólo ve buenas noticias en materia laboral. En su intervención durante la presentación de resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, abonó al triunfalismo oficial que en la década de gobiernos panistas no sólo ha aumentado el número de trabajadores, sino también sus salarios.
Pero hasta los datos oficiales echan por tierra el optimismo gubernamental. La Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) muestra que para septiembre de 2000, el número de personas desocupadas era de 1 millón 120 mil, mientras que para el mismo periodo del año pasado la cifra aumentó a 2 millones 650 mil, es decir que en esos años quedaron en la calle 1.5 millones más de personas.
El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hace un cálculo menos halagüeño y reporta no sólo que la cifra de desempleados rebasa actualmente los 8 millones, sino que 3 millones 330 mil de éstos son producto de los gobiernos panistas.
Y es que el CAM contabiliza, además de las personas desocupadas, a aquéllas que se encuentran disponibles para trabajar pero que son omitidas en las estimaciones de la ENOE por considerarlas “población no económicamente activa”. La explicación metodológica es que dicha población no se encontraba “buscando activamente” un trabajo al momento de realizar la encuesta.
De este modo, afirma el CAM, las cifras reportadas “ocultan deliberadamente” la dimensión real del desempleo, pues sólo miden una tasa de desocupación que “excluye a la gente vencida por no encontrar empleo, a mexicanos que por falta de oportunidades han tenido que migrar dejando atrás a sus familias y el poco patrimonio que hayan podido lograr”.
Conforme a los cálculos del Centro, para septiembre del año pasado el desempleo real había afectado a 8 millones 110 mil personas, el triple de la cifra reportada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) –encargado de realizar la ENOE.
Hasta la fecha, el Inegi no ha publicado los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2010 ni al primero de 2011. Aunque desde marzo está disponible la información sobre la población que sí tiene trabajo –que sirvió a Calderón Hinojosa para hacer sus declaraciones–, los datos más recientes sobre el desempleo siguen en sigilo.
El Inegi arguye que aún se encuentra procesando la información. En marzo pasado, presentó cifras preliminares de la ENOE, entre las que señala que la tasa de desocupación para ese mes fue de 5.09 por ciento, superior en casi dos puntos a la que había al inicio del sexenio.
De acuerdo con el CAM, en la última década se han incorporado al mercado laboral 12 millones 173 mil 511 personas, pero sólo el 53 por ciento ha encontrado un empleo en el sector formal. Los otros 5 millones 721 mil 550 han tenido como alternativas el trabajo informal o el desempleo.
Hasta el año pasado, 12 millones 445 mil trabajaban en la informalidad, de los cuales 1 millón 40 mil habían engrosado la estadística durante este sexenio. Ello significa que la informalidad ha crecido 9 por ciento en los últimos cuatro años, prácticamente el doble del aumento en el sector formal, que ha sido de 4 por ciento.
El CAM califica esta desproporción como un “déficit de empleos formales”, que demuestra que la informalidad sigue siendo la alternativa inmediata de las personas que no encuentran un empleo formal o pierden el que ya tenían.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el 36.5 por ciento de los trabajadores no tiene prestaciones sociales. A esa proporción se suman el 42 por ciento de trabajadores que no recibe utilidades o prima vacacional, 31 por ciento que no tiene sistema de ahorro para el retiro, 21 por ciento al que no le pagan vacaciones y los 10 de cada 100 que no reciben aguinaldo.
Las estadísticas podrían develar también el panorama actual del outsourcing, socorrido lo mismo por empresas privadas que por entidades públicas y que atenta contra la estabilidad en el trabajo, la seguridad social y la organización de los trabajadores.
A pesar de que en los últimos 15 años esta práctica se ha generalizado a nivel mundial, no hay cifras oficiales sobre su incidencia en el país.
Una modificación a la Ley del Seguro Social en 2009 obliga a las empresas que subcontraten trabajadores a registrarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mas la institución mantiene reservada la información sobre el número de empresas que han acatado la disposición.
El Centro de Investigación Laboral y Acción Sindical y el Centro de Reflexión Laboral (Cereal) han denunciado que el esquema outsourcing es violatorio de los derechos laborales; sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lejos de regular su práctica, la alienta al considerarla una forma de crear empleos.
Dado que la informalidad en el trabajo se determina por el incumplimiento a las regulaciones de seguridad social, el indicador con que se mide es el registro de trabajadores en el IMSS.
En lo que va del sexenio calderonista, se han inscrito poco más de 1 millón de nuevos cotizantes, lo que equivaldría también al número de trabajos formales creados. Pero el CAM acota que esta “aparente recuperación no es del todo cierta”, pues la mayoría de dichos empleos son temporales y se pierden en el corto plazo.
Para finales del año pasado, el IMSS reportaba 14 millones 611 mil 629 trabajadores matriculados, de los cuales 1 millón 785 mil 801 eran eventuales.
El pasado 24 de abril, los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, informaron que en lo que va del año se han generado 271 mil 235 nuevos empleos, de los cuales 94 mil 932 son eventuales.
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, entre octubre de 2008 y diciembre de 2010,la cantidad de empleados permanentes aumentó sólo en 1 mil 127 cotizantes, mientras que como trabajadores eventuales se registraron 134 mil 667 más.
Es decir, que entre el periodo previo a la crisis y finales del año pasado se crearon 120 trabajos eventuales por cada empleo formal permanente.
El CEFP también indica que en los últimos dos años, la mayor prevalencia de trabajadores eventuales se ha dado en los sectores de servicios, comercio e industria de la transformación, aun cuando este tipo de trabajos solía concentrarse en el de la construcción.
Manuel Padrón Fuentes, coordinador del Cereal, refiere que el mayor número de trabajos se ha creado en el ámbito de los servicios, mientras que sectores como el agropecuario y el industrial han ido a la baja. Y los empleos generados, coincide Padrón Fuentes, tienden a ser temporales.
El Cereal estima que el número de empleos creados en la última década ha sido de 2 millones 100 mil, un promedio de 210 mil por año. La cantidad es apenas la cuarta parte de los trabajos prometidos por Calderón Hinojosa y “escasamente la quinta parte del mínimo necesario”, afirma Padrón Flores.
Los datos del IMSS reportan 1 millón 60 mil 291 nuevas plazas de trabajo en lo que va del sexenio; mientras que el gobierno federal dice que la “generación neta de empleos” de junio de 2009 al 15 de abril pasado ha sido de 1 millón 108 mil 346.
A pesar de eso, Calderón Hinojosa se obstina en hablar de importantes avances en la materia.
Padrón Flores considera que el gobierno federal presenta cifras “de manera improvisada” que en nada corresponden con la realidad, en donde la pérdida de empleos va en aumento y se ha reducido la calidad de los que hay.
El coordinador del Cereal critica que el gobierno ensalce los empleos creados, cuando la mayoría de éstos vulneran los derechos de los trabajadores al negarles protección social y estabilidad laboral.
Considera que es una forma de plantear el problema laboral “eludiendo la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos, encargados de la política laboral del país”.
El doctor Armando Sánchez Vargas, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la UNAM, califica dicha propuesta como “poco factible”, pues con los niveles de crecimiento que tenía la economía en 2006 se habrían logrado crear, cuando mucho, 600 mil trabajos por año.
El miembro de la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo del Iiec considera que para alcanzar su meta, Calderón Hinojosa habría tenido que establecer un plan de inversión en infraestructura desde el principio del sexenio.
En lugar de eso, la estrategia calderonista fue el establecimiento del Programa de Primer Empleo (PPE), que subsidia las cuotas ante el IMSS de los trabajadores nuevos que contrataran las empresas inscritas.
A cuatro años de su puesta en marcha, los resultados del PPE son minúsculos. Sólo se han inscrito 1 mil 530 empresas y sus beneficios han sido acaparados por las cadenas de supermercados Walmart, Oxxo, Soriana y Chedraui (Contralínea 224).
La estrategia en materia laboral la complementaría el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), con el que se esperaba ayudar a los desempleados y subempleados para incorporarse o mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.
Pero sus resultados también han sido exiguos. Durante 2009, el PAE sólo logró colocar a 187 mil 581 personas de las 6 millones 406 mil 237 que se encontraban desempleadas y subempleadas entonces, con lo que su cobertura fue de 2.9 por ciento, de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, de la Auditoría Superior de la Federación.
Ese año, en medio de la crisis económica mundial, la STPS no tenía forma de evaluar las acciones del PAE ni su impacto. Tampoco contaba con una metodología para evaluar si los empleos en los que se colocó a los beneficiarios del programa habían sido de calidad o si se encontraban dentro del mercado formal.
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