Una de las grandes deudas del gobierno federal es la salud pública. Históricamente millones de mexicanos, siempre los de escasos recursos, como son las comunidades indígenas, no tienen acceso a la salud, y aquellos que sí tienen acreditación de alguna institución pública, simplemente se enfrentan a negligencias médicas y deficiencias en el servicio de hospitales.
Durante décadas, los presidentes mexicanos han hecho caso omiso de la necesidad de unificar a las Fuerzas Armadas en una sola estructura y en una sola entidad administrativa. Aunque eso no erradicaría por completo las rivalidades entre mandos y objetivos militares, sí reduciría su campo de posibilidad. Unificar a las Fuerzas permitiría sentar las bases de una política de defensa, equilibrar los recursos de los ejércitos de tierra, mar y aire, diseñar la fuerza militar que el país necesita y definir una política militar acorde a los objetivos nacionales.
El secretario de la Defensa Nacional debe ser un civil y tener bajo su mando al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, propone una iniciativa de reforma a las leyes orgánicas del Ejército y la Marina que se presentará esta semana en la Cámara de Senadores.
El personal en situación de retiro de las Fuerzas Armadas Mexicanas es sujeto de discriminación por parte de las autoridades que moralmente, por mandato Constitucional y por apego al cumplimiento de las leyes y reglamentos militares están obligados a proporcionar condiciones de vida digna a quienes honrosamente sirvieron a la nación en las filas del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. A estos servidores de la nación les son conculcados los múltiples beneficios que dispone la Ley Federal del Trabajo por el desempeño del servicio.
La “guerra” contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón durante su sexenio obligó a las Fuerzas Armadas mexicanas a aceptar una modernización tecnológica, pero también alteraciones en su misión, objetivos, despliegue y estrategia.
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