En México, el Poder Judicial de la Federación insiste en beneficiar a Bayer-Monsanto con permitir la introducción masiva del carcinógeno glifosato al país. El próximo
La trasnacional Bayer-Monsanto, el Consejo Nacional Agropecuario, el Grupo Xacur, Velsimex y asociaciones civiles financiadas por agroindustriales están detrás de los 26 amparos que buscan
La pugna entre la agroindustria y el gobierno de López Obrador por el glifosato se mantiene: 26 empresas encabezadas por Bayer-Monsanto han interpuesto juicios de
Grandes empresas y trasnacionales invierten millonarios recursos en más de 250 personeros que pululan en los pasillos, restaurantes y hasta en los sótanos de las cámaras legislativas para convencer a diputados y senadores de promover iniciativas, reformar artículos constitucionales o detener aquellas modificaciones a la ley que no estén a su favor. Trabajan sin estar apegados a un código de ética; tampoco están obligados a la rendición de cuentas. Su principal herramienta es la manipulación. Mientras, hasta 26 iniciativas de ley para regular el lobbying se encuentran en la congeladora del Poder Legislativo federal
José Manuel Paredes, catedrático de derecho penal, dice que “hay delitos económicos que no se juzgan y, cuando se juzgan, casi nunca acaban en condena”. Cierto. Los delitos económicos, los que comete la minoría rica, se persiguen poco y se castigan menos. Y cuando raramente los delincuentes de esa minoría son imputados, sus abogados dilatan los procedimientos hasta poder acogerse a la prescripción de los delitos. Por fin, los escasos condenados suelen ser indultados. Impunidad.
México ha concedido a trasnacionales 359 permisos para la siembra de algodón transgénico. Más de la mitad fueron emitidos durante el gobierno de Felipe Calderón, quien –al frente del Poder Ejecutivo– aprobó las solicitudes para la siembra experimental, piloto y comercial en 2 millones de hectáreas en 10 estados de la República.
La embestida de las trasnacionales contra los centros de origen y diversidad de los principales cultivos alimentarios del mundo está en marcha. Las solicitudes hechas por Monsanto y Pioneer Hi-Bred Internacional al gobierno mexicano para la siembra de maíz genéticamente modificado a escala comercial en su centro de origen y diversidad es apenas el comienzo de una estrategia global de control político y económico.
Desde 2002, la Cofepris autorizó el consumo humano de MON 603, el maíz que causó tumores y muerte prematura a ratas alimentadas con este transgénico. Sin estudios especializados, la dependencia asegura que la población mexicana puede consumir la semilla sin riesgos para la salud. La declaratoria de inocuidad coloca en situación de riesgo la vida de los mexicanos y pone en vilo su cultura. El MON 603, propiedad de Monsanto, está a la espera de ser cultivado por esa trasnacional en Sinaloa, y por Pionner Hi-Bred en Tamaulipas, en más de 1 millón de hectáreas
Monsanto, Cargill, Gamesa, Bimbo, Bayer, PHI México, Dow Agroscience, Syngenta Agro, Bunge, entre otras, tienen en su poder la producción y comercialización de los alimentos mexicanos. El mercado nacional en manos de trasnacionales significa la pérdida de soberanía alimentaria, aseguran especialistas
Ricardo Gallardo Vara, el magistrado que ya intentó dar madruguete en dos ocasiones con proyectos de resolución a favor del glifosato y el maíz transgénico,
En África, las mujeres padecen 130 veces más de probabilidades de morir por alguna complicación durante el embarazo o en el parto, en comparación con
A partir del decreto del gobierno de la Ciudad de México, oficialmente entró en vigor la reforma al Código Penal Local, con la cual los
Con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la alimentación, este 17 de abril se publicó el decreto presidencial en el Diario Oficial de
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