Como resultado de una ardua investigación, hasta el momento se han integrado 96 datos de prueba relacionados con la más grande red de contrabando de hidrocarburos por vías férreas, que habría generado un perjuicio a la hacienda pública estimado en más de 4 mil millones de pesos, respondió la Fiscalía General de la República luego de que, esta mañana, Fernando Gómez Mont afirmó que la FGR no ha presentado una sola prueba contra su cliente, el panista Ernesto Ruffo Appel.

El exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón y actual socio del empresario Claudio X González Guajardo en la asociación Consejo Nacional de Litigio Estratégico dijo en un programa radiofónico que Ruffo Appel es un perseguido político, pues la imputación del contrabando de combustibles se basa únicamente en que es socio de Ingemar. Asimismo, aseguró que eso no prueba nada, porque él no tomaba las decisiones en la empresa.

La fórmula que usa el abogado Gómez Mont para “exonerar” mediáticamente a su cliente no es nueva: en su propio caso la ha aplicado, al alegar que “nunca” se enteró que Genaro García Luna estaba coludido con el Cártel de Sinaloa cuando Felipe Calderón gobernaba el país, y él se desempeñaba como secretario de Gobernación y tenía bajo su mando al Cisen.

Al respecto, la FGR señaló que el exgobernador de Baja California “Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas” relacionadas con el contrabando de combustibles y asociación delictuosa. Ello, porque las evidencias recabadas apuntan a que el político panista es pieza clave en la estructura empresarial asociada al contrabando de combustibles, en referencia a Ingemar.

La institución que encabeza la abogada Ernestina Godoy detalló que la investigación del hallazgo de ferrotanques aparentemente abandonados y potencialmente peligrosos evolucionó “hasta la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación de hidrocarburos, operación ferroviaria especializada y una red logística de alcance interestatal. Esta evolución demuestra que los resultados obtenidos fueron producto de una investigación progresiva, técnica y de largo aliento, sustentada en trabajo de campo, análisis pericial, inteligencia financiera, revisión documental y coordinación interinstitucional”.

En un comunicado, la FGR explicó que las pruebas aportadas ante el juez de la causa también incluyen dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados; dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados; dictámenes en criminalística, orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados; y dictámenes de identificación, para conocer el tipo de hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel.

Lo anterior, porque “la investigación tuvo origen en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las condiciones en que se encontraban representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas y al desconocimiento sobre la naturaleza de la sustancia contenida en dichas unidades. Como resultado, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras y dictámenes periciales para determinar el contenido de los ferrotanques, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios”.

Los trabajos de la Fiscalía, de acuerdo con el comunicado, no se limitaron a la revisión de dichos ferrotanques, sino que se analizó la cadena logística completa del producto. “Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular, al haberse declarado únicamente el 10 por ciento de lo que realmente contenían, permitiéndose reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible”.

Así se identificó la operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas. “El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa fue constituida por José ‘N’ [José Merino Valdés Cuervo] y dos personas morales.

“La evolución corporativa de la empresa resultó particularmente relevante para la investigación. Dos meses después de su constitución, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ernesto ‘N’ inició su participación dentro de la estructura societaria, mediante su incorporación al capital variable de la empresa, fortaleciéndose su presencia dentro de la organización corporativa.”

La FGR añadió que hacia 2021, Ruffo Appel no sólo figuraba como accionista, sino que fue designado secretario del Consejo de Administración. Y desde esa posición, participó junto con Merino Valdés Cuervo “en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad. Asimismo, la investigación permitió advertir que tanto José ‘N’ como Ernesto ‘N’ comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa”.

La FGR reiteró que las investigaciones son “las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política. Paralelamente, se identificó que, durante los años siguientes, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades directamente relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación”.

Acerca del presunto fraude a la nación, la institución aclaró que –si bien hasta el momento el perjuicio fiscal imputado es de más de 100 millones de pesos, por el contrabando en 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025–, “del cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria se logró establecer la reiteración de más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de 4 mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación, circunstancia que será debidamente acreditada en la investigación complementaria”.

La FGR también recordó que el delito de delincuencia organizada, amerita prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual las personas imputadas no pueden seguir su proceso en libertad. Y aseguró que las investigaciones por este caso “son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas”.