Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras
En 2015 se registraron 109 ataques contra defensores ambientales. Entre las víctimas, 130 personas, 21 comunidades y 17 organizaciones civiles.
La deuda pública de las entidades federativas y los municipios sigue en aumento. En 2007 –el primer año del gobierno de Felipe Calderón– los adeudos ascendían a 186 mil 470 millones de pesos en total; para el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, en 2013, sumaban 482 mil 807 millones 200 mil; y al cierre de septiembre de 2015 alcanzaron los 515 mil 758 millones 100 mil pesos.
La presencia de la minera canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas, ha dejado división social, afectaciones al medio ambiente, riesgos para los asentamientos humanos, el asesinato de un defensor de los derechos colectivos, amenazas y hostigamiento para sus herederos, tanto de lucha como de sangre
En riesgo de quiebra, estados y municipios que tienen deudas con la banca privada y de desarrollo: la propuesta del gobierno federal para centralizar el Ramo 33 dejaría en el desamparo los créditos por, al menos, 443 mil 38 millones de pesos.
La legitimidad popular con la que se ejecutó la reforma judicial fue definitoria para que el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá no
“Somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión; sabemos el eco de importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos”, manifestó
El proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso “de manera injustificada y ‘mediante una nueva reflexión’ […] cambiar el criterio que
“Lo único que pide el pueblo de México a esta Corte es congruencia”, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama en la sesión de la Suprema
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