La administración de Felipe Calderón heredó a Enrique Peña Nieto 70 proyectos hidroeléctricos en 19 estados de la República, además de cuatro presas en tres entidades del país. Los proyectos hídricos podrían haber desplazado a más de 170 mil personas, que ahora viven sin acceso a la vivienda digna y a la alimentación
Aunque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsó la Ley de Víctimas y se ha separado de los estragos de la violencia generada durante el sexenio pasado, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, han estrechado filas para enfrentar una nueva etapa del conflicto armado que sostienen contra las bandas de narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada.
Una de las grandes deudas del gobierno federal es la salud pública. Históricamente millones de mexicanos, siempre los de escasos recursos, como son las comunidades indígenas, no tienen acceso a la salud, y aquellos que sí tienen acreditación de alguna institución pública, simplemente se enfrentan a negligencias médicas y deficiencias en el servicio de hospitales.
El programa gubernamental de Ciudades Rurales Sustentables posibilitó que el municipio chiapaneco de Santiago el Pinar pasara del lugar 19 de marginación a nivel nacional al 268; no obstante, en las nuevas casas “de material”, los indígenas viven hacinados, sin agua potable ni luz eléctrica; caminan hasta 6 horas en la montaña para conseguir el vital líquido.
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