
La continuidad del infierno neoliberal
No hay modelos, hay proyectos políticos Cristina Fernández, presidenta argentina. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso

No hay modelos, hay proyectos políticos Cristina Fernández, presidenta argentina. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso

El 4 de marzo de 1933, en su discurso de toma de posesión de la presidencia estadunidense, ante una población brutalmente golpeada por el colapso del “libre mercado” decimonónico, que arrojó a millones de personas al desempleo y al infierno de la miseria, Franklin D Roosevelt pronunció una de sus famosas expresiones: “Déjenme afirmar mi firme creencia que a lo único que hay que temer es al propio temor”, resonancias de las palabras del griego Epicteto de Frigia, (55-135), el filósofo griego estoico que algún tiempo fue esclavo en Roma: “No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo”.

Como trabajadores tenemos derecho al empleo, a la estabilidad laboral, a la jornada de ocho horas, a las prestaciones, al séptimo día de descanso, derecho de asociación, de huelga, servicios de salud, educación, vivienda. Nada de esto se cumple con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN). Ahora quieren hacer una reforma laboral para “legalizar” el despojo de nuestros derechos que, por otra parte son irrenunciables, pues nos pertenecen por el sólo hecho de ser humanos.

El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso de la Unión por Felipe Calderón, con carácter de “preferente”, encierra un auténtico golpe de Estado en contra de millones de trabajadores no sólo de la ciudad, sino también del campo, a los que se pretende anular sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, tales como la estabilidad en el empleo, el salario remunerador, las condiciones dignas de trabajo, la seguridad social, el derecho a huelga y la libertad sindical, entre otros.

Cuando en noviembre de 2011 acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar que en México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad, el gobierno federal mexicano y los “intelectuales” a su servicio respondieron con amenazas y minimizaron la situación de conflicto armado que vive el país. Aseguraban que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado mexicano resultaban “excepcionales” y que no podían considerarse “sistemáticas” (ver comunicado de prensa de Los Pinos CGCS-196). Intentaban hacer creer a la población que si existían algunos casos de abusos militares, éstos eran accidentes o casos que salían del control de los altos mandos civiles y militares.
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