Lamentamos profundamente la muerte de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex); les damos nuestras sentidas condolencias a sus familias y esperamos la pronta recuperación de los heridos; exigimos, asimismo, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los verdaderos responsables.
El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso de la Unión por Felipe Calderón, con carácter de “preferente”, encierra un auténtico golpe de Estado en contra de millones de trabajadores no sólo de la ciudad, sino también del campo, a los que se pretende anular sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, tales como la estabilidad en el empleo, el salario remunerador, las condiciones dignas de trabajo, la seguridad social, el derecho a huelga y la libertad sindical, entre otros.
México adquirió un sistema virtual de entrenamiento para las Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos. La elite de las tropas combatientes se entrenan en un espacio cerrado que reproduce virtualmente calles, carreteras y parajes de cualquier parte del país y América central. Sin embargo, la empresa contratada, Broadlink, entregó un sistema incompleto, con fallas y distinto al esperado por la Sedena. Con esta compra, las Fuerzas Armadas mexicanas estarían consolidando la conformación de cuerpos de elite para “operaciones quirúrgicas”, pero también estarían profundizando su dependencia tecnológica y operativa hacia los militares estadunidenses
Ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadunidense provocan intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las oficinas castrenses para encabezar las revisiones. La propia Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación, a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.
En los últimos tres años, de 2010 a 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó 18 contratos con proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de esas fuerzas armadas. El propósito de estas compras es que el Ejército cuente con el equipo tecnológico necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), ante lo cual dichas adquisiciones se clasifican dentro del marco legal de seguridad nacional y por ello, explica la misma Sedena, estos contratos se realizaron mediante asignación directa, sin licitación de por medio y bajo autorización de un comité de compras del Ejército, en donde participa el propio secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.
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