Si usted tiene una plaza de profesor de educación primaria en las escuelas y servicios dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es porque la ganó en un concurso de oposición, se la adjudicaron por servicios docentes, fue propuesto para ocuparla por algún director de escuela o porque la obtuvo desde las épocas en que se otorgaba a los egresados de las escuelas normales de manera automática.
María Esther Piña Soria*
Cualquiera que haya sido la forma legal en que se haya hecho titular de esa plaza, recibió un “nombramiento”, es decir, usted es un servidor público que habrá realizado trámites de filiación a la Federación, de registro de contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmado su contrato y recibido su alta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al mismo tiempo, sin que le pregunten nada ni le entreguen documento o credencial alguna, pasa a formar parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); lo sabrá en su primer recibo de pago por el descuento del Concepto 58, que es la cuota sindical.
Eso de la libre asociación no aplica en este caso: usted es del SNTE, le cuadre o no le cuadre. En fin, diría que de los males el menos. Y si su plaza es en el Distrito Federal, no sólo es miembro de la organización gremial más grande de Latinoamérica, además forma parte de la sección con más adeptos de ese sindicato. Ya quisieran muchas poderosas afiliaciones nacionales contar con los integrantes que tiene la Sección IX del SNTE.
Al cobijo de tal poder, se podría pensar que los trabajadores de la educación pública del Distrito Federal tendrían resguardados sus derechos, garantizado el respeto a las condiciones generales de trabajo y, por supuesto, la seguridad del propio empleo.
Pero si usted no forma parte de las diferentes redes de la estructura senteísta, no tiene asegurada ninguna facultad. De entre los que sí, hay inspectores corruptos, directores abusivos, acosadores sexuales, maestros golpeadores, violadores, faltistas, drogadictos, traficantes, alcohólicos y ladrones protegidos por el SNTE. Y, más allá de cualquier falta, su fuente de trabajo siempre está protegida.
Ahora bien, la representación real de esta sección de 90 mil trabajadores de educación primaria forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con un sinfín de evasivas, las autoridades de la SEP (desde Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón) en complicidad con la dirigencia del SNTE (desde Elba Esther Gordillo hasta… Gordillo, porque sigue siendo presidenta de éste desde hace ya 22 años) han hecho todo lo posible por recuperar la representación legal y real de los maestros del Distrito Federal. No han podido.
El gobierno federal (personificado en este caso por dos exaspirantes presidenciales, Javier Lozano y Alonso Lujambio) ha negado la toma de nota y la entrega de cuotas a los representantes elegidos por el magisterio de la fracción IX; en lugar de ello, Lozano le dio el reconocimiento a un comité espurio, nombrado en un “congreso” ilegal de gordillistas. El Poder Judicial ya falló en contra de esta medida, lo que implicaría que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la SEP reconocieran a la comisión realmente electa, pero hasta la fecha esto no ha sucedido.
Que las autoridades hagan esto, se espera; que la cúpula del SNTE también lo haga, no es de extrañar. Precisamente por ello, y con todo lo que hay en contra del magisterio del Distrito Federal, se ha optado por la resistencia.
A quienes los maestros han elegido democráticamente como sus representantes, las autoridades hacendarias no los reconocen. No hay fundamento legal para ello, salvo porque así comprende el “poder” la triada Calderón-Lujambio-Gordillo. Eso es lo que hacen el gobierno y los líderes venales; contra eso se lucha.
Veamos, como ejemplo, la Dirección de Educación Especial, dependiente de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. Se encuentra bajo el “encargo”, desde hace más de una década, de Patricia Sánchez Regalado. En ese lapso ha convertido a ésta en un feudo que maneja a su entera discrecionalidad, abuso, autoritarismo y capricho.
En 2010, trabajadores adscritos a la Dirección de Educación Especial entablaron y ganaron un juicio que les reconocía el derecho a gozar del mes de receso escolar que marca el calendario oficial de la SEP y que la directora alegaba no les correspondía, por ser trabajadores del área central. Entonces la autoridad interpuso un amparo en contra de esta resolución. Un año después, en julio pasado, el Poder Judicial lo negó en definitiva, por lo que el laudo a favor de los trabajadores quedaba firme. Enterados los maestros demandantes de esta negativa, podrían ejercer su derecho a las vacaciones que se les habían negado; 40 de ellos dieron aviso por escrito a la directora de Educación Especial de que harían valer esa resolución del 11 de julio al 5 de agosto pasados.
La directiva decidió desconocer la resolución judicial al alegar que no había sido notificada. Dio como respuesta un escrito donde alega la supuesta improcedencia del fallo judicial y advierte que a quien haga valer la petición se le aplicarán las “políticas institucionales” –no la ley– por ellos conocidas.
Veinte de los 40 profesores implicados lograron ser avisados y se regresaron; algunos sólo dos días antes de culminar el periodo de un mes pero, conforme la autoridad, a tiempo. Los otros 20 maestros regresaron el 8 de agosto pasado para enterarse de que sus tarjetas habían sido retiradas del área del reloj checador y tuvieron que esperar para hablar con la subdirectora de Administración y Personal, Romelia E Corona López, para conocer la causa de ese hecho.
La funcionaria sólo recibió a una comisión a la que le informó “que los maestros habían faltado más de cinco días consecutivos por lo que se había procedido a levantar las actas correspondientes”. Entonces éstos pidieron que se les mostrara la copia de éstas, a lo que se negó Corona López.
Los trabajadores afectados tienen más de dos décadas de servicio; muchos de ellos con más de 10 años dedicados al perfeccionamiento de la función dentro del área central de dicha dirección e, incluso, con reconocimientos oficiales por su desempeño.
El manejo discrecional que hacen los funcionarios en las dependencias a su cargo no es, desafortunadamente, un hecho aislado; por el contrario, es generalizado. Para defender a los trabajadores que son víctimas de estas prácticas es que se supone que están las organizaciones sindicales. Pero en la Dirección de Educación Especial no se elige desde hace más de ocho años a ningún tipo de representante sindical de la Sección IX, a la que pertenecen. Entrampados en la falta de reconocimiento por parte de la Secretaría del Trabajo de la sección llamada “democrática” y la pérdida de registro de la elbista, los trabajadores están impedidos para hacer valer sus derechos laborales.
En el área central de la Dirección de Educación Especial existe una oficina que dice Sección IX, atendida por un profesor que sirve algo así como de gestor, pero que la autoridad no reconoce y que en esa fecha gozaba de un mes de receso ganado en un laudo anterior.
No hay entonces a quién acudir. En las oficinas de la fracción IX les contestaron “¡uy!, pues si no están las tarjetas, ya los corrieron”. Sólo una semana más tarde se presentó un delegado, quien prometió informarse acerca de la situación. La subdirectora Corona López se negó a recibirlo y más tarde le mencionó que se tienen actas de abandono en contra de los maestros, mismas que no le mostró, pero el representante elbista dio con ello por concluida su gestión.
Como la Sección IX no funciona, los profesores acudieron entonces a la “democrática”. El secretario general del Comité Seccional Democrático de la CNTE, Francisco Bravo, los citó en sus oficinas en Belisario Domínguez.
En esa reunión el “compañero Francisco” les informó que hizo un contacto para “resolver” su situación con el subdirector adjunto de Administración y Personal, de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, Ramiro Álvarez Retana, quien le dijo que “se había procedido a levantar las actas de abandono de empleo” por haber hecho uso del laudo a su favor, por lo que los maestros estaban despedidos.
La “autoridad” administrativa asegura que la ley no se aplica porque no fue notificada. El “compañero Francisco” de la Sección IX “democrática” se comprometió a solicitar una reunión con Álvarez Retana para buscar una solución, en la que el líder señaló dos vías: acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para demandar la reinstalación, lo que, llevaría, en el mejor de los casos, un par de años (los profesores quedarían sin salario ni prestaciones sociales). Les dijo: “No se preocupen, las autoridades saben que perderán el juicio; pero ustedes no pueden vivir sin salario esos dos años” y les recomiendó aceptar lo que las autoridades proponen, que, a cambio les harían “el favor de devolverles su empleo”.
Los profesores le plantearon la legalidad del laudo y su derecho al receso. La respuesta del líder fue: “[…] Eso sería si viviéramos en un estado de derecho […] Pero eso no funciona en este gobierno; lo que cuenta es que ustedes no se queden sin trabajo; si no, de qué van a comer; vayan y piénselo; si deciden aceptar, deben renunciar a interponer algún recurso legal”.
Los 12 que aceptaron la recomendación fueron reubicados, cambiaron sus condiciones generales de trabajo de ocho a nueve horas diarias y fue dividida su jornada laboral en dos centros educativos localizados a gran distancia uno del otro, lo que aumenta la duración del trabajo al menos otras cuatro horas de transporte.
Nueve más resisten y han emprendido el juicio de reinstalación. Para cuando lo ganen, Sánchez Regalado ya no será directora de Educación Especial, Álvarez Retana no tendrá el puesto que ahora ocupa y ambos se habrán reacomodado en algún otro cargo o habrán solicitado su jubilación anticipada; pero el “compañero Francisco” seguirá definiéndose “democrático” y probablemente suba a más de un estrado de un mitin en el que denunciará la política entreguista del sindicato elbista.
La única defensa a la que pueden recurrir hoy los trabajadores de educación primaria en el Distrito Federal es la que ellos mismos emprendan, porque pese al actuar de las autoridades federales, de los funcionarios de mediana o baja jerarquía y de los líderes sindicales de cualquier color, en México se debe vivir en un estado de derecho: es lo que establece la Constitución y eso es por lo que se pelea, por hacer valer, y más tarde que temprano es lo que se acabará imponiendo, pero para ello hay que luchar.
*Etnóloga
