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La Segunda Sala de la Corte pisoteó la Constitución

En el caso de los electricistas que Felipe Calderón y su secuaz empleado Javier Lozano Alarcón (dos nazis que abusaron del poder) dejaron en el desempleo, los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación –Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Fernando Franco y Sergio Valls– resolvieron el reclamo laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como propuso el ideólogo de Hitler y el nazismo, partidario de la autocracia y enemigo a muerte de la democracia y el republicanismo, Carl Schmitt (Estudios sobre Carl Schmitt, varios autores, Siglo XXI, España), quien argumentaba que el defensor e intérprete de la Constitución y único beneficiario debería ser, en ese entonces, el Führer Hitler o el Duce Mussolini. Ahora, pues, la Primera Sala favoreció al borrachín Calderón y al lengua suelta y brabucón Lozano, ¡ahora senador, al estilo de cuando Calígula hizo senador a su caballo!

La Corte cumplió con su deber constitucional

Es verdad que tras la liberación de la francesa Florence Cassez por violaciones burdas, claras e inobjetables a sus derechos humanos y garantías procesales, ya en su patria, sus conciudadanos y el gobierno de Francia la convirtieron en una caricatura de Juana de Arco.

Los semidioses de la Corte

Si hiciera falta algún elemento para que la población esté totalmente convencida de que la justicia en este país es una farsa y un negocio, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) lo ha aportado con su fallo que libera de toda culpa de los delitos de secuestro y delincuencia organizada a Florence Cassez, quien ya duerme en París convertida en una estrella francesa que derrotó a la impunidad e inmundicia de las autoridades mexicanas.

El uso inconstitucional del Ejército Mexicano en tareas policiacas

Cuando en noviembre de 2011 acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar que en México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad, el gobierno federal mexicano y los “intelectuales” a su servicio respondieron con amenazas y minimizaron la situación de conflicto armado que vive el país. Aseguraban que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado mexicano resultaban “excepcionales” y que no podían considerarse “sistemáticas” (ver comunicado de prensa de Los Pinos CGCS-196). Intentaban hacer creer a la población que si existían algunos casos de abusos militares, éstos eran accidentes o casos que salían del control de los altos mandos civiles y militares.

Posible, el juicio a Calderón por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional resolverá, antes de concluir 2012, si acepta la petición para enjuiciar al presidente Calderón y a su gabinete de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad del gobierno federal respecto de los más de 60 mil civiles asesinados, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga y decenas de torturados en cuarteles militares. De iniciarse el proceso judicial, el aún mandatario no podría alegar inmunidad presidencial por los “daños colaterales” de su principal política pública –la “guerra” contra el narcotráfico–, que defenderá en su sexto y último informe de gobierno

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