La crisis económica que enfrenta México y los multimillonarios recortes al gasto público derivados de la caída de los precios del petróleo fueron insuficientes para evitar que seis instituciones del gobierno federal entregaran 1 mil 66 millones 265 mil 361 pesos, en 2015, a 570 sociedades y asociaciones civiles.
Hace 24 años funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezados por Francisco Gil Díaz, inventaron un negocio redondo: una contraprestación privada que, sin calificarla como un impuesto, entra a las arcas de la dependencia federal al margen del presupuesto público.
El pago de ominosas y elevadas pensiones para políticos y economistas que han engrosados las filas del Banco de México –que superan ampliamente los montos otorgados en todo el sector público mexicano– son sólo la punta de un iceberg de claros conflictos de abusos, de falta de transparencia y nula rendición de cuentas.
En riesgo de quiebra, estados y municipios que tienen deudas con la banca privada y de desarrollo: la propuesta del gobierno federal para centralizar el Ramo 33 dejaría en el desamparo los créditos por, al menos, 443 mil 38 millones de pesos.
Por unanimidad de votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al artículo 21 constitucional, el cual otorga a la Secretaría de Seguridad
Después de una sesión de dos días, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen de reforma constitucional para desaparecer
Las “más de 800 modificaciones” que ha sufrido la Constitución Mexicana, desde su promulgación en 1917, “erosionan su estabilidad y legitimidad”, criticó la presidenta de
Con el proyecto Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México, se está impulsando el uso de
CONTRALINEA.COM.MX
© Contralínea 2023
