El pago de ominosas y elevadas pensiones para políticos y economistas que han engrosados las filas del Banco de México –que superan ampliamente los montos otorgados en todo el sector público mexicano– son sólo la punta de un iceberg de claros conflictos de abusos, de falta de transparencia y nula rendición de cuentas.
Es cierto que la autonomía del Banco de México, ahora a cargo del inteligente Agustín Carstens, presidente de su Junta de Gobierno, no debe ponerse en tela de juicio. Pues se trata de un gran paso que ha garantizado la independencia de sus decisiones en materia de política monetaria, lo que impide su contaminación con las decisiones fiscales del Ejecutivo. Pero éste es un tema aparte que no debe confundirse.
Los integrantes de la Junta de Gobierno de ese instituto central de México necesitan autonomía para dirigir la política monetaria, así como para participar en la Comisión de Cambios que, sólo en verdaderas situaciones extremas, aplica los instrumentos de política cambiara para garantizar la estabilidad de la economía nacional, la cual últimamente ha estado en banca rota con graves riesgos recesivos.
Sin embargo, la transparencia es un tema pendiente en el venerado banco central. Porque mientras millones de mexicanos se enfrentan a la sentencia de que el Sistema de Ahorro para el Retiro –que en 1992 dio origen a la estructura de cuentas individualizadas a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro– simplemente será insuficiente para garantizarles una jubilación digna, sin lujos, sin viajes, pero que les garantice comida y techo, los exfuncionarios del Banco de México gozan de abultadas compensaciones económicas de por vida, mientras que millones de mexicanos viven en la miseria extrema.
Por ejemplo, el expresidente Ernesto Zedillo recibe una cuantiosa pensión por parte del Banco de México y éste no le rinde cuentas a nadie de esos pagos. Ni siquiera lo reporta a la Auditoría Superior de la Federación y, mucho menos, a la Secretaría de la Función Pública, a pesar de que dicho monto supera ampliamente las pensiones que reciben los exmandatarios mexicanos del gobierno federal mientras vivan. Ésta es la razón por la cual Zedillo se dio el lujo de rechazar la pensión vitalicia federal, pero en cambio sí recibe la del instituto central porque es más onerosa.
Egresado de la carrera de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Zedillo trabajó en el Banco de México 9 años, y con ello garantizó las mejores pensiones vitalicias para exservidores públicos de América Latina.
¿Cómo es posible? La razón se encuentra en la independencia presupuestaria del Banco de México que, en opinión de algunas voces al interior del mismo instituto central (por supuesto), debe mantenerse así para no recibir presiones políticas que entorpezcan las decisiones monetarias. Esto sería lógico si México fuera un país con un elevado ingreso per cápita, como ocurre en los países desarrollados; pero con una población de 80 millones de pobres y la mitad de ellos en pobreza extrema, resulta ilógico que el dinero público se utilice para enriquecer a exburócratas que ni siquiera viven en el país.
La tendencia de la banca central en varios países se dirige, en cambio, a transparentar todo lo que se considera gasto corriente, operativo y, por supuesto, aquellas reservas actuariales que se constituyen para asignar pensiones. La transparencia no tiene porqué ser un tema distinto para el Banco de México.
Salvado el obstáculo político, porque en medio de la era de la rendición de cuentas no debería pasar inadvertido el intento de un gobierno –léase Secretaría de Hacienda y Crédito Público para utilizar al Banco de México– para transparentar el gasto, ese Instituto Central argumenta en cambio que los dineros que administra (reservas internacionales, por ejemplo), simplemente no son recursos públicos. Además, el Banco de México, agregan los defensores de su operación sin reflectores, no recibe partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación. Entonces, ¿por qué tendría que rendir cuentas?
Digamos, para empezar, que la administración de las reservas internacionales no es un negocio privado; que el Banco de México, por ejemplo, debe explicar a los contribuyentes cómo se administran dichos recursos, y no nos referimos al monto, sino a los rendimientos que se obtiene por su gestión. Pues al final de cuentas las reservas monetarias pertenecen al Estado, es decir, a todos los mexicanos, y el Banco de México, con todo y su autonomía, sólo las administra.
Y no hablamos de aquella idea de políticos de izquierda de usar las reservas internacionales para financiar proyectos de infraestructura, porque cualquier pasante de economía puede dar testimonio de que las reservas no deben destinarse a ese objetivo y dejar en riesgo al país ante la presión de monedas extranjeras, llámese en este momento el dólar. A lo que nos referimos es a las ganancias que el Banco de México y sus funcionarios obtienen por su gestión. ¡Ese dinero es público aquí y en China!
Sin embargo, en el Banco de México aprovechan los términos técnicos para confundir a las voces que simplemente piden trasparencia en el ejercicio del gasto corriente: restaurantes, tintorería, jardinería, donativos, capacitación, pensiones, autos blindados, comedores (con grandes cavas y precios inaccesibles para el ciudadano común y corriente), choferes, viajes, regalos, sueldos, compensaciones, gastos médicos (que por cierto se otorgan por clases sociales, tomando en cuenta la jerarquía y posición dentro de las organizaciones). Todo corre a cargo de los dineros que el Banco de México maneja a su total discreción y albedrío. Algo tienen que hacer nuestros legisladores para exigir rendición de cuentas al banco central y que sus funcionarios burócratas se sometan al escrutinio público, a la rendición de cuentas y a la austeridad acorde con las necesidades económicas que enfrentan más de 100 millones de mexicanos.
Un convenio con la Auditoría Superior de la Federación, firmado al final de la gestión de Guillermo Ortiz como gobernador del Banco de México, permitió que el instituto central abriera un poco la rendija que permite conocer cuánto gastan y cómo lo ejercen. Hasta ahora, no obstante, es poca la información sobre sus contratos; sobre las licitaciones (casi siempre por invitación directa a empresas y servicios profesionales recomendados por los directivos) que realizan para decidir a sus proveedores.
Así, la resistencia de los funcionarios que defienden la “autonomía” e independencia presupuestaria, confronta a legisladores que solicitan la revisión de pensiones de exfuncionarios. En el Banco de México, además, carecen de políticas de información adecuadas para explicar por qué sí o por qué no deben abrir sus cuentas a los contribuyentes. La respuesta siempre ha sido la descalificación a un tema que tarde o temprano deberá plantearse para que ese instituto central mantenga su credibilidad y, sobre todo, deje de gastarse arbitrariamente las reservas de los mexicanos.
*Periodista
