Igual que en la política, en la administración pública es común la práctica de que los funcionarios en desgracia, o que simplemente tienen que dejar su encargo, pasan de inmediato al olvido, y con ellos, todos los negocios y empresas privadas que fueron privilegiados durante su gestión. Esto sucede en cada cambio de gobierno, y más aún cuando el gobierno que sustituye pertenece a otro partido político.
En España, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que paralice, en la región autónoma de Madrid, el cobro de 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa recién impuesta por el gobierno regional del Partido Popular en Madrid para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen.
El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales exige al gobierno de Ollanta Humala una amnistía general para todos los participantes en el conflicto armado que comenzó en 1980; ésta incluiría no sólo a miembros de Sendero Luminoso, sino a guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, paramilitares, militares y policías.
En la administración de Felipe Calderón hubo varios accidentes aéreos que costaron la vida a dos secretarios de Gobernación, varios subsecretarios, directivos de la Procuraduría General de la República (PGR) encargados de combatir a la delincuencia organizada y otros funcionarios de niveles inferiores. Esto llamó la atención porque los dos secretarios fallecidos eran precisamente responsables de la seguridad nacional, lo que de inmediato hizo suponer el vacío provocado por los gobiernos panistas en esta importante área de gobierno.
Durante décadas, los presidentes mexicanos han hecho caso omiso de la necesidad de unificar a las Fuerzas Armadas en una sola estructura y en una sola entidad administrativa. Aunque eso no erradicaría por completo las rivalidades entre mandos y objetivos militares, sí reduciría su campo de posibilidad. Unificar a las Fuerzas permitiría sentar las bases de una política de defensa, equilibrar los recursos de los ejércitos de tierra, mar y aire, diseñar la fuerza militar que el país necesita y definir una política militar acorde a los objetivos nacionales.
Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos para las elecciones del
Luego de que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León afirmó en un diario estadunidense que la elección judicial por voto popular “socava la imparcialidad,
“No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ministro Juan
En agosto de 2024, la formación bruta de capital fijo disminuyó 1.9 por ciento en términos reales, en comparación con el mes de julio; es
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