Los informes de derechos humanos en México, tanto nacionales como extranjeros, coinciden: más asesinatos, desapariciones… e impunidad. No hay voluntad política para buscar justicia y verdad: Solalinde
En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.
Contratos fuera de presupuesto asignados directamente e incrementos de hasta tres veces en sueldos de directivos, entre otras irregularidades financieras y administrativas. Todo, con recursos que la oficina en México de Amnistía Internacional recibe de subvenciones, préstamos, ingresos por membresía y donaciones. Cuando integrantes de la organización alertaron de la situación a sus superiores, fueron despedidos. Perseo Quiroz, director, rechaza que existan irregularidades, pues cuentan con “mecanismos de control rigurosos”.
En 2015 se registraron 109 ataques contra defensores ambientales. Entre las víctimas, 130 personas, 21 comunidades y 17 organizaciones civiles.
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En una carta, más de 150 organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales hicieron un llamado a los gobiernos del mundo para detener el
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