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Asedio contra la libertad de expresión

La libertad de expresión está constantemente en asedio, ya sea con más regulaciones propuestas desde los grupos de poder e instrumentadas por un obediente Congreso de la Unión, o cuando a grupos o personas (léase políticos, funcionarios y empresarios, principalmente) les molesta la crítica y se quejan de violaciones a sus derechos humanos, cuando en realidad lo que no desean es la libertad de expresión que se traduce en la opinión de cualquiera sobre las acciones y actos de otros.

Sistema financiero, principal centro de lavado en México

En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es un importante centro de lavado de dinero. Refiere también que es el sistema financiero donde más se legalizan los recursos de procedencia ilícita. Uno de los problemas es que en el país se aplican criterios judiciales distintos: mientras el operador financiero va a la cárcel, el banco sólo recibe una sanción económica

Hacienda acredita 109 mil MDP lavados en sistema financiero

La Unidad de Inteligencia Financiera acreditó el ingreso de más de 109 mil millones de pesos de origen ilícito al sistema financiero entre 2007 y 2012. Por el probable delito de lavado de dinero, en ese periodo presentó 232 denuncias ante la PGR que involucran a más de 270 instituciones financieras. Sin embargo, el crimen no fue vulnerado: en el sexenio pasado se blanquearon más de 3 billones 42 mil millones de pesos, mientras que en los primeros 100 días del actual gobierno los cárteles de la droga habrían “legalizado” unos 130 mil millones de pesos, se desprende de un análisis del Congreso de Estados Unidos

La criminalización de la protesta

Legalmente se entiende como criminalización el uso de la fuerza judicial o de herramientas jurídicas para la represión de acciones no criminales. La protesta, la denuncia y la resistencia son tipos de acciones que se suelen criminalizar. Desde el discurso oficial, los casos de criminalización no son más que casos fortuitos, errores personales o, en el mejor de los casos, deficiencias en el funcionamiento de alguna oficina o institución que deben ser enmendados con reformas a los reglamentos.

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