Desde antes del famoso caso del Iphone que el FBI no puede desbloquear, ya existía un antecedente de la presión contra una empresa para que se haga harakiri tecnológico y deje de ofrecer privacidad a sus usuarios. Se trata Telegram.
Cuando Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, todos los días recibía en su escritorio una carpeta enviada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Contenía un resumen de lo que ese órgano de inteligencia consideraba importante sobre el país y de urgente atención para el presidente, a fin de tomar las decisiones más adecuadas e inmediatas.
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
La existencia de los programas de vigilancia que Estados Unidos y sus aliados anglosajones aplican al mundo entero es de sobra conocida desde hace mucho tiempo; pero Edward Snowden lo ha comprobado y ha revelado la envergadura de esa vigilancia, a la que nadie escapa.
El espionaje ejercido por Estados Unidos contra Brasil, mayor a cualquier otra nación del Continente
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