


Antes de pretender reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir una mayor participación privada –principalmente de empresas extranjeras– en la exploración y producción de petróleo y gas, hubiera sido necesario escuchar de los funcionarios del gobierno federal la propuesta de un plan estratégico, con los órganos de seguridad nacional incluidos, para combatir la corrupción, la impunidad y el abuso de poder que corroe las estructuras de gobierno y vulnera las finanzas públicas.

Luego de la propuesta para modificar la explotación de Petróleos Mexicanos (Pemex) hecha por el Partido Acción Nacional (PAN), en voz de Gustavo Madero, las compuertas se agrietaron y empezaron las discrepancias de los aliados del Pacto por México, el cual está a punto de naufragar.

Hace 6 meses, tras la brutal provocación y represión del 1 de diciembre –día del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– , se aprobó el 2 de diciembre el Pacto por México, que calificamos desde un inicio como Pacto Antiméxico. La razón de ese calificativo es que el Pacto cupular, firmado por tres partidos: PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se saltó al Congreso de la Unión y jamás se puso a discusión pública.

Luego de sus propuestas, una aprobada como ley (aunque todavía sin ser puesta en acción) en materia de educación y otra a discusión entre legisladores sobre los cambios en telecomunicaciones, ahora, presurosamente, Enrique Peña Nieto lanza la reforma energética mientras se arrodilla ante el nuevo papa, algo nunca visto en la historia liberal mexicana.











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