El pasado diciembre de 2025, en un proceso brutalmente vertical el Ejecutivo y la Legislatura perpetuaron la Ley de Aguas Nacionales (LAN) salinista ligeramente modificada y cubrieron el incumplimiento Constitucional con una Ley General de Aguas (LGA) vacía. Por ello, los miembros que integramos la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, comunidades, investigadores y ciudadanos con 13 años dedicados a cimentar la Ley General de Aguas, centrada en la sustentabilidad, equidad y participación, analizamos lo ocurrido.

Después de realizar múltiples foros y talleres, recopilar 200 mil firmas con credencial de elector, trabajar con cinco legislaturas y, en mi caso, servir en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con la instrucción “el agua es para el pueblo, no para los intereses”, esta experiencia de imposición y simulación, ocurrida el pasado 3 de enero, nos dejó con muchas preguntas: ¿Por qué decidieron reforzar el autoritarismo del agua, dejando a la hidrocracia en los únicos espacios de participación? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué cambió radicalmente la visión de la presidenta en torno a la gestión del agua? Y, ¿cómo vamos a defender nuestra soberanía hídrica en el nuevo escenario continental?

Para analizar lo qué pasó, empezamos con en el único cambio real en el paquete legislativo aprobado: el establecimiento del Fondo de Reserva del Agua, instrumento que será manejado por la Conagua para obtener volúmenes concesionados para su “reasignación”.  Se anunció que, al reemplazar las transmisiones con las reasignaciones del Fondo, el Estado sustituirá el mercado para poner fin a la mercantilización del agua y garantizar el derecho humano al vital líquido.

Sin embargo, para que el Fondo cumpla con estos objetivos, se deberán atender las siguientes interrogantes: de dónde se obtendrán los volúmenes concesionados; cómo se enfrentarán el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y despojo heredados de los 33 años de la LAN; a quiénes se dedicarán los volúmenes obtenidos; y, cómo se tomarán estas decisiones.

Desde Agua para Tod@s, tras perder la lucha por reemplazar la ley salinista con una sola Ley General de Aguas, de gestión integral y participativa, preparamos un documento en el formato “dice-debe decir” en el que proponemos los ajustes mínimos esenciales al paquete del Ejecutivo, dando mucha atención al Fondo. Decidimos ir por todo, pero no quedarnos sin nada.

Pese a las estrictas instrucciones de la Conagua y del presidente de la Cámara de aprobar la iniciativa del Ejecutivo de inmediato y sin discusión, logramos el apoyo de la Comisión de Recursos Hidráulicos para organizar 16 parlamentos abiertos, principalmente en conjunto con los Congresos locales.

Además, junto con otros actores afines, presentamos más de 450 ponencias en las audiencias públicas organizadas por la Comisión y enviamos más de 121 mil 300 cartas a nuestros legisladores federales. Sin embargo, tal como el director general de la Conagua, Efraín Morales López, había ordenado desde el inicio: “No van a mover ni un punto ni una coma”, y así fue, el aplastón fue absoluto; solo los tractoristas del norte lograron algunas aclaraciones al proyecto original.

Para analizar la intención detrás del “Fondo de Reserva del Agua”, recordamos que la Ley de Aguas Nacionales fue una de cuatro leyes (incluyendo la forestal, la de minería y la del agro), junto con la contrarreforma al artículo 27 constitucional, erogadas en 1992 como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La versión de integración subordinada establecida por el TLCAN requirió debilitar la soberanía de la nación sobre nuestras tierras y aguas establecida por la revolución mexicana, con el fin de reemplazar el Estado con el libre mercado.

Ahora, bajo la “Integración Subordinada 2.0”, el Estado mexicano asume abiertamente el papel que siempre ha jugado bajo el neoliberalismo: facilitar el acceso al patrimonio natural para los intereses. En esta nueva versión, no solo exigen acceso las empresas trasnacionales, sino el Estado vecino declaró que tomará los recursos ajenos por la fuerza. Sobre la misma línea, el Estado mexicano asume el compromiso de obtener el agua solicitada por los sedientos centros de datos de inteligencia artificial, minería, el fracking y los parques industriales del nearshoring, todos los cuales buscan ubicarse en zonas sobreconcesionadas.

El diseño y operación del Fondo de Reserva de Agua fue punto esencial en nuestro intento de lograr que el mercado de concesiones fuera reemplazado por la gestión consensada y sustentable de cuencas y acuíferos, así como el reconocimiento de los derechos de las poblaciones hídricamente marginadas.

Propusimos que, en vez del Fondo se conformen fondos de reserva por cuenca o acuífero que obtengan su agua mediante la recuperación de los volúmenes concesionados para uso industrial y de servicios, para las cuales sus titulares no han pagado derechos, 3.5 mil millones de metros cúbicos (m3) en 2023, 80 por ciento del total para estos usos[1].

Asimismo, insistimos que consejos regionales ampliamente representativos registraran los volúmenes requeridos para respetar los derechos al agua de sistemas comunitarios, pueblos indígenas y núcleos agrarios, y que acordaran reducciones en usos no esenciales para eliminar la sobreextracción. Igualmente planteamos que se permitiera la vigilancia pública de los fondos de reserva; estas propuestas fueron rotundamente rechazadas.

Bajo el decreto publicado el 11 diciembre 2025, el Fondo de Reserva obtendrá sus volúmenes a través de la extinción de los mismos que hayan perdido su vigencia o que no hayan sido utilizados durante dos años seguidos (artículo 29 bis 3). Estos mecanismos han sido utilizados históricamente para extinguir los derechos de ejidos y otros pequeños usuarios agrícolas, quienes no han logrado solicitar sus prórrogas con más de seis meses de anticipación, o quienes por razones económicas o climáticas no han podido demostrar el uso de sus concesiones durante dos años. El proyecto aprobado reduce la ventana para solicitar prórrogas de 4.5 años, a 2.5 años; en la versión original, sólo se contaba con seis meses.

A la vez, la revocación de concesiones por falta de pago de derechos (artículo 29 bis 4) se mantiene discrecional y las revocaciones quedan exentas de ser aportadas al Fondo (artículo 37 bis 1). El Fondo debe priorizar concesiones que contribuyan al derecho humano al agua, la seguridad alimentaria o el desarrollo nacional (la primera versión no especificaba prioridades). Un comité intersecretarial encabezado por la Conagua revisará las reasignaciones. La conformación y operación del Fondo será determinado por un reglamento elaborado por la propia Conagua, sin la obligación de asegurar el acceso público.

Otras luchas que perdimos en este gran round incluyen:

• Rehusaron eliminar el capítulo que “promueve y fomenta” la participación privada en el financiamiento, construcción y operación de la infraestructura hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos, un capítulo que ha resultado en costosos desastres como es la presa El Zapotillo, el acueducto El Realito y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Atotonilco.
• Se negaron a incorporar en la LGA el lenguaje de la Constitución de la CDMX que prohíbe la privatización de los servicios del agua y saneamiento, dejando al país vulnerable a los arreglos desfavorables e imposibles de cancelar que están sufriendo en Puebla, Quintana Roo, Saltillo, el Puerto de Veracruz, entre otros.
• Se negaron exigir que las aguas nacionales asignadas para uso público urbano respeten el derecho humano al agua, y que los recursos públicos priorizaran la eficiencia de los sistemas hidráulicos y saneamiento para reducir la dependencia en trasvases.
• En vez de nuestra propuesta de un Programa Nacional de acciones inmediatas, su “Estrategia Nacional” pretende cumplir con el derecho humano al agua y saneamiento en seis plazos de 10 años cada uno.
• Rechazaron la propuesta de construir Consejos Regionales y Locales ampliamente representativos para la gestión planificada de cuencas y acuíferos para incidir en los patrones de concesiones, reafirmando en su lugar las instancias controladas por los grandes concesionarios del agua.
• Rechazaron nuestras propuestas para democratizar y eliminar la corrupción en los distritos de riego, titulares del 33 por ciento de todo el volumen concesionado, instancias que están siendo capturadas por las fuerzas oscuras.
• Rehusaron garantizar los derechos al agua de sistemas comunitarios, núcleos agrarios y pueblos indígenas.
• Se negaron incluir provisiones para que los sistemas comunitarios tuvieran acceso a la tarifa para uso público urbano (a la cual las inmobiliarias tienen acceso) en vez de tener que pagar la tarifa industrial, cuyo costo es 36 veces mayor (artículo 223, LFD).
• En lugar de eliminar las “cuotas de garantía” esenciales para la especulación, las extendieron a seis años, a diferencia de los dos actuales; además, reconocen la “reasignación” (léase, compra-venta autorizada) como un derecho de los concesionarios.
• Rechazaron nuestras propuestas de reemplazar “podrá” con “deberá” en la LAN, para eliminar la discrecionalidad y obligar a la Conagua a inspeccionar, sancionar y corregir el sobreconcesionamiento y la impunidad fiscal.
• Rechazaron nuestras propuestas que obligarían el uso de tecnologías de punta y la participación ciudadana para eliminar la corrupción en el cálculo de disponibilidades, así como la ineficacia en las inspecciones.
• Determinaron que el “derecho humano al saneamiento” solo se refiere a la remoción de excretas de aguas residuales.
• Eliminaron la clausura inmediata de un uso industrial al documentar descargas ilícitas durante una inspección y rehusaron incluir la contaminación del agua en su nuevo capítulo tipificando delitos contra aguas nacionales.

Al consumar este proyecto regresivo, los diputados y el Ejecutivo se autocongratularon efusivamente por haber logrado “un nuevo marco legal del agua”. Para los que vivimos el proceso de cerca, el jubileo nos dejó fríos. En los parlamentos abiertos escuchamos los testimonios de comunidades indígenas y rurales que siguen sufriendo de la corrupción y el mal trato por parte de la Conagua.

Nos fue imposible creer que “ahora van a poner orden a las concesiones”, cuando nuestros repetidos intentos de apoyar a la Conagua con información recopilada en campo y por plataformas satelitales han sido rechazados, y nuestras solicitudes de transparencia sobre los avances anunciados han sido negadas.

Los que llevamos décadas buscando construir el buen gobierno del agua nos encontramos frente a una “autoridad del agua” tan lejana, opaca y arbitraria como siempre, sumamente vulnerable a presiones por parte de los intereses. Pero ahora, frente a las amenazas del norte, más que nunca requerimos que el gobierno se abra y se coordine con el pueblo para la defensa y el buen manejo del agua, base de la vida en cada rincón del país.

* Integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, y de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua; exsubdirectora de Administración de Agua de la Conagua

[1] Burns, E. “¿El agua paga el agua?”. El Economista, 23/07/2024.  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-agua-paga-el-agua-20240723-0086.html

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