Es momento de que los mexicanos se enteren a cabalidad del abandono en que se encuentran las plantas de generación operadas por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hasta antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009.
Si las declaraciones del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en el sentido de que la reforma al sector energético debe ser la resultante de una “gran discusión nacional” donde “hablen la sociedad y los especialistas”, las pretensiones de un albazo legislativo deben desecharse para dar paso a un verdadero análisis a fondo de un asunto que tendrá repercusiones para el futuro de millones de mexicanos.
De concretarse la reprivatización y extranjerización petrolera y eléctrica, Estados Unidos y las fuerzas reaccionarias “mexicanas” habrán logrado una de sus mayores victorias de la historia reciente sobre los intereses nacionales. Los medios de comunicación ya se aprestan a celebrar el golpe al país.
Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas.
El 18 de diciembre pasado –desde la conferencia presidencial– se expuso una serie de actos de corrupción dentro del Infonavit, en donde están implicados exfuncionarios,
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