Es momento de que los mexicanos se enteren a cabalidad del abandono en que se encuentran las plantas de generación operadas por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hasta antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009. El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae, organismo al que le fueron cedidos en un ilegítimo comodato los bienes de LFC, y cuya responsabilidad era velar por su cuidado, buen uso y mantenimiento, actuó de manera imprudente: a la fecha muchos recursos materiales y técnicos de la extinta LFC han desaparecido ante su complacencia y complicidad; pero sobre todo permitió que valiosas y costosas plantas de generación, incluidas termoeléctricas e hidroeléctricas, hayan parado su funcionamiento dejándolas en la total inoperancia.
En un total y criminal abandono se encuentran majestuosas termoeléctricas, como las de Lechería y del Valle de México; lo mismo que plantas de generación, como las de Nonoalco y Juandhó; igualmente históricas hidroeléctricas, como Necaxa, Lerma, Alameda y Fernández Leal. Muchas de ellas formaron parte de los bienes contemplados en la nacionalización de la industria eléctrica de septiembre de 1960, y por los que el gobierno del entonces presidente Adolfo López Mateos pagó a la Mexican Light and Power 52 millones de dólares, comprometiéndose al pago de pasivos por otros 78 millones.
Todos estos bienes e infraestructura que a la nación y a los trabajadores electricistas les llevó décadas construir han sido desmantelados y olvidados en sólo 4 años, sin que se responda a la nación de los millonarios recursos que se han dejado de percibir por los 1 mil 700 megavatios (MW) que, en promedio, generaban las plantas de la desaparecida LFC para suministrar electricidad a una parte de los 6 millones de usuarios de la zona centro del país.
A estas obras ya amortizadas, la “empresa de clase mundial”, como se ufanaron en llamarle los funcionarios del sexenio pasado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las ha dejado sin funcionar y México debe saber por qué, pues hasta antes de la desaparición de Luz y Fuerza, y a pesar de la falta de recursos presupuestarios para su modernización, funcionaban día y noche bajo la supervisión de los trabajadores del SME.
En apego al más lógico y elemental sentido común, las plantas de LFC deberían seguir operando, pues se trata de recursos públicos, propiedad de la nación, o mejor dicho, de todos los mexicanos, que deben servir como generadores de la riqueza del país. Entonces, ¿por qué dejarlas sin funcionar? Surge a escena en el actual contexto de nuestra golpeada economía el modelo neoliberal, seguido fielmente en su aplicación por los gobiernos panistas confirmando lo que el SME vino denunciando como unas de las verdaderas causas del cierre de la empresa pública: los compromisos pactados con las empresas trasnacionales, a las que además de otorgarles 772 permisos de generación a través de la Comisión Reguladora de Energía en una violación a lo contemplado en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les garantizó el éxito de su negocio al firmar la CFE contratos por 25 años, obligando al gobierno mexicano a adquirirles íntegramente toda su electricidad. Por supuesto con los recursos públicos que, vía impuestos, pagamos todos los mexicanos.
Esta política energética que emprendió una tácita privatización fue, de manera encubierta, resquebrajando la generación de energía de la CFE y cedió terreno a los productores independientes de energía. Datos de la propia CFE y de la Secretaría de Energía señalan que mientras en 2000 el sector público (CFE y LFC) generaban 191 mil 400 GWh (gigavatio hora) a nivel nacional, los permisionarios privados apenas y contribuían con 12 mil 200 GWh, pero para 2009 las cosas eran diametralmente opuestas: los productores privados –sobre todo firmas extranjeras como Iberdrola, Unión Fenosa, AES, Mitsubishi, TransAlta e Intergen– generaban 105 mil 900 GWh, mientras que el sector público se desplomó a 157 mil 900 GWh.
Felipe Calderón y sus falaces funcionarios, encabezados por Javier Lozano Alarcón, no se cansaron de decir al pueblo de México que el cierre de Luz y Fuerza representaría importantes ahorros al erario nacional, habría un mejor servicio y bajarían las tarifas. A 4 años, ninguna de tales mentiras se ha cumplido por la sencilla razón de que lo que se buscó fue privilegiar la consolidación de la presencia de las multinacionales y no el interés general de la población.
Para hacer frente a los compromisos cada vez más onerosos en la compra de la generación de su electricidad a las trasnacionales, los gobiernos del Partido Acción Nacional debieron sufragar, a diciembre de 2009, 268 mil millones de pesos; y para 2010 –a un año del cierre de Luz y Fuerza, según estableció la Auditoria Superior de la Federación (ASF)– se había autorizado a CFE un presupuesto de 74 mil 245 millones 206 mil pesos para la compra de energía a particulares. De tal suerte que en una conservadora estimación, permite calcular en 1.6 billones de pesos el monto a pagarles para 2041, en que se venzan buen número de los contratos leoninos aceptados por la Comisión Federal de Electricidad.
Cuando la noche del 11 de octubre de 2009 Calderón salió en red nacional a justificar y explicar a la nación los motivos de su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en afectación directa a los 44 mil trabajadores del SME y sus 22 mil jubilados, no dijo que realmente sus propósitos encuadrados en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2012, eran debilitar y desmantelar a las empresas públicas encargadas, por mandato constitucional, del manejo del sistema eléctrico del país.
En una de sus prioridades trazadas al llegar a la Presidencia en 2006, estableció al respecto: “desarrollar la infraestructura requerida para la prestación del servicio de energía eléctrica con un alto nivel de confiabilidad, impulsando el desarrollo de proyectos bajo la modalidad que no constituyen servicio público”.
Y para que no quede la menor duda del fundamento calderonista, que lejos de bajar las tarifas eléctricas en pro de los mexicanos de escasos ingresos las elevó a los límites de lo impagable, baste citar la evaluación hecha al final de su sexenio por los funcionarios de la “empresa de clase mundial”, que como reflejo de una misión cumplida –a favor de las firmas extranjeras y en contra del pueblo de México–, señalaron sin remordimiento alguno: “la política tarifaria se enfocó al fortalecimiento de la entidad a través de estructuras y mecanismos de precios tendientes a reconocer el costo del suministro eléctrico”.
Costo, por supuesto, ni siquiera fijado por la paraestatal, sino a conveniencia de las firmas extranjeras, cuyo actual fortalecimiento es el contrasentido al abandono en que se ha dejado a las plantas generadoras de electricidad que formaban parte de LFC. Los mexicanos, como sus legítimos propietarios, estamos en el derecho de exigir respuestas.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
