Una grabación revela negociaciones internas entre funcionarios policiales de Atizapán de Zaragoza con subordinados para pagar y no ser corrido, y cobrar para limpiar expedientes negativos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) –junto con otros organismos cúpula del empresariado mexicano– está desatada.
Maestros, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos. Por ello, son víctimas de represión, acoso, espionaje, encarcelamiento y muerte.
México cuenta con 387 cárceles municipales, estatales y federales a lo largo del territorio nacional, con “espacios disponibles” totales para 203 mil 254 reos. Sin embargo, la población penitenciaria asciende a 255 mil 638 presos. Es decir, albergan a 52 mil 384 reclusos más de los que deberían. Se trata de una sobrepoblación global del 25.8 por ciento.
La recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo Guzmán, difícilmente impactará en el negocio multimillonario de las drogas. Tan sólo en 2015, los cárteles se habrían embolsado entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares [es decir, entre 102 mil millones y 663 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar], según estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (informe National money laundering risk assessment 2015).
En 2015 se registraron 109 ataques contra defensores ambientales. Entre las víctimas, 130 personas, 21 comunidades y 17 organizaciones civiles.
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