“¡Pinche indio!” resume el desprecio y la violencia que se ejerce contra los pueblos originarios de México. La frase –a flor de labio de capataces con o sin azote, terratenientes, políticos de todos los partidos, funcionarios, empresarios y encopetadas de salones de belleza–
El aguacero había cesado y la selva escurría. Noche cerrada, sin luna. Las chicharras, alborotadas por la lluvia, zumbaban en coros de miles: un chirrido atronador. Un huaco, a lo lejos, lanzaba su graznido de advertencia. El vaivén de la hamaca dejaba asomar una guitarra, apenas rasgada de vez en vez por Berto, quien dormitaba, susurraba, soñaba.
Gracias a las redes sociales y los cables desclasificados por Wikileaks, la población mundial sabe hoy que cuando los movimientos populares ponen en entredicho la presencia hegemónica de Washington y el lobby proisraelí en sus países de origen, entonces muy posiblemente se convertirán en víctimas de la intervención foránea.
En la espesura de la Amazonia peruana hay cinco reservas para pueblos indígenas que han decidido mantenerse total o parcialmente aislados del resto de la sociedad. Pero estos territorios no están delimitados y sólo uno tiene un puesto de control. Las autoridades encargadas intentan revertir tantos años de olvido estatal. Por verse, si la intención es ofrecer servicios a estos pueblos o abrir paso a las petroleras y trasnacionales de la biodiversidad
Producto de la revolución social de 1910, una de las primeras en América Latina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –como oficialmente se llama el Estado mexicano– reconoció el régimen social de la tierra y los recursos naturales, misma que en 1992 cambió sustancialmente para favorecer la intromisión del capital en ellas. El Artículo 27 de la Constitución de 1917 estableció la propiedad originaria de las tierras y los recursos naturales existentes en ella a favor de la nación, la cual se reservaba el derecho de transmitirla a los particulares para formar la propiedad privada y la social (ejidos y comunidades), que revestían carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles; además de la pública, que pertenecía al Estado.
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En una carta, más de 150 organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales hicieron un llamado a los gobiernos del mundo para detener el
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