Flores Salazar

A 6 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –que define la violencia feminicida y que por primera vez en el país reconoce legalmente la violencia contra la mujer–, ocho entidades siguen sin tipificar el feminicidio. Una de éstas, Chihuahua, que resgistró el 45 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres durante los últimos 9 años. En tanto, las 24 entidades que ya incluyeron el tipo penal en su legislación presentan deficiencias en cuanto a la definición del delito. Por ejemplo, no lo contemplan de forma autónoma o incorporan elementos subjetivos que dificultan su acreditación

El Estado mexicano carece de un registro confiable de feminicidios, y las pocas estadísticas que existen al respecto son manipuladas con secrecía por las instituciones públicas. Dilcya García, titular de la Conavim, manifiesta que no resulta constructivo señalar a los responsables de esta omisión. Para la representante de la Segob el registro más confiable tendría que emanar de las procuradurías locales, lo que además permitiría indagar en el ámbito de la procuración de justicia

Una investigación de la Secretaría de Gobernación confirma que las muertes violentas de mujeres repuntaron durante el sexenio pasado. Para 2010, la tasa de homicidios dolosos de mujeres superó el promedio global para los países del Continente Americano e implicó un retroceso de 14 años para México. A pesar de lo alarmante de estas cifras, el Estado no cuenta con un registro confiable respecto de los asesinatos de mujeres por razones de género: el 25 por ciento de las entidades aún no tipifican el feminicidio, y los mecanismos institucionales encargados de la protección de las mujeres presentan obstáculos prácticos