Alcoholismo, militarismo y homicidios caracterizaron al borrachín Victoriano Huerta, traidor al partido de Francisco I Madero, a quien asesinó junto con cientos de miles de mexicanos tratando de interrumpir la Revolución de 1910.
Sólo falta un mes para que Felipe Calderón y su equipo se vayan del gobierno y, seguramente, del país. Se mencionan como posibles destinos Estados Unidos y España, este último beneficiado hace unos días con contratos petroleros directos (sin licitación internacional de por medio, como lo exigen las leyes en la materia) por miles de millones de pesos, para “salvar de la crisis” a esa nación europea.
Un nuevo escándalo de corrupción, sobornos, chantajes, fraudes y contrabando está por destaparse. Sólo que esta vez están involucrados empresarios estadunidenses en colusión con mexicanos, por lo que los gobiernos de ambos países llevan a cabo una investigación conjunta para detener a los presuntos responsables.
Alguna vez Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, escribió: “cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo”. “Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al ataque”. “Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime”. “Las revoluciones se producen, generalmente, en los callejones sin salida”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, en este caso electorales –si todavía están vigentes y no han sido derogadas por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el golpista presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) e incluso el Tribunal Federal Electoral, con Televisa y los empresarios tras el botín del peñapriísmo– otorgan derechos y recursos a los protagonistas de competencias electorales para impugnar y cuestionar, antes y después de los resultados de las urnas, lo que les parezcan victorias sin pleno sustento legal.
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