Los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano dispondrán de más de 89 mil millones de pesos en 2016. Los militares –Sedena y Semar– incrementan presupuestos en 900 millones
Los informes de derechos humanos en México, tanto nacionales como extranjeros, coinciden: más asesinatos, desapariciones… e impunidad. No hay voluntad política para buscar justicia y verdad: Solalinde
En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.
Son 13 los efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas actualmente desplegados en las Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de ocho soldados del Ejército Mexicano y cinco marinos de la Armada de México. No van con arma de cargo ni con tanques, aeronaves o cualquier otro tipo de vehículos, embarcaciones o armamento mexicanos para cumplir las funciones que les han asignado. Están distribuidos en tres misiones de la ONU: para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso); de Estabilización en Haití (Minusstah) y Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (Unifil).
El 4 de marzo de 2015 se concretó, firmas de por medio, una alianza que se venía trabajando desde los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) obtuvo sigilosamente un “convenio general de colaboración” con las dos secretarías de Estado encargadas de organizar y administrar a las Fuerzas Armadas Permanentes de México: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
Los primeros 3 años del sexenio de Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas Mexicanas, especialmente el Ejército Mexicano, se ganaron la desconfianza y el desprecio del pueblo. Se echó por la borda casi 1 siglo de merecer el cariño de las clases populares –en las cuales, además, está su propio origen– a partir de la Revolución Mexicana de 1910, promulgada el 5 de febrero de 1917 después de derrotar dos veces consecutivas al Ejército Federal del general Porfirio Díaz convertido en tirano a lo largo de 30 años de gobierno, apoyado por las bayonetas de la tropa reclutada de leva, que era conducida por generales aristocráticos provenientes de la clase gobernante compuesta por latifundistas, patrones explotadores, el clero fanatizador y empresarios extranjeros que esclavizaron a los indígenas y a los pobres de la nación.
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