La ONU y organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos señalan: el Estado mexicano sigue ejecutando extrajudicialmente y haciendo uso excesivo de la fuerza. Lo de Oaxaca, la norma y no un hecho aislado
Un intercambio de palabras en 3 segundos: “Por andar de chismosos”; “qué te pasa, cálmate”; “se creen de huevos, ¿no?”. El sicario sabía que por ahí pasarían los muchachos. Los esperaba. Vació su pistola en ellos y tranquilamente trepó a la camioneta negra que lo escoltaba y que mantenía atascado el tráfico vehicular de la calle.
En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
El enemigo no es Bruselas: es Europa. Lo ha señalado nítidamente el llamado Estado Islámico al atacar, más que el aeropuerto de Bruselas, una estación de metro de estilo ordinario. Maelbeek no es solamente una parada del sistema de transporte subterráneo de la capital de Bélgica. Aunque el simbolismo podría haber sido más dramático si los terroristas hubieran elegido la vecina estación nombrada por Robert Schuman, quizá las condiciones de seguridad mayores les disuadieron.
En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.
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