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Los viáticos para los agentes secretos

Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.

Pemex: fraude y corrupción en Chicontepec

Las asignaciones a ATG sólo entre 2006 y 2009 superaron los 52 mil millones de pesos. No hubo control de calidad ni combate a la corrupción. Fue el proyecto de mayor monto de inversión en la historia de la administración pública federal. Hoy estamos ante el colapso económico petrolero más grande del mundo. Jamás se habían derrochado tanto en beneficio de funcionarios y empresas extranjeras

Baja Cisen; suben Sedena y Semar

El presupuesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinará a la seguridad nacional en 2016 rebasa los 89 mil millones de pesos. Nada mal para las dependencias encargadas de “proteger” a la nación en un país económica y socialmente quebrado. Se trata de una cantidad que, por ejemplo, casi triplica el monto asignado a la institución de educación superior más grande de la república. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –con sus 343 mil alumnos, 39 mil académicos y 27 mil trabajadores– recibirá apenas 35 mil millones de recursos federales a lo largo del año.

Acabaron con Pemex y con el petróleo

Lo que parecía imposible ocurrió. Gobiernos priístas y panistas, en colusión con funcionarios y empresarios corruptos, saquearon y quebraron la industria petrolera nacional durante 40 años. Siete presidentes de la República son responsables de ello, por permitirlo.

Nuevos abusos con el Derecho de Trámite Aduanero

Hace 24 años funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezados por Francisco Gil Díaz, inventaron un negocio redondo: una contraprestación privada que, sin calificarla como un impuesto, entra a las arcas de la dependencia federal al margen del presupuesto público.

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